Una vez que en agosto pasado el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016 dio paso a que sean tratados en audiencia los recursos de revisión presentados por los sentenciados Ramiro Galarza, dueño de la empresa Consermin, y José Hidalgo, de la constructora Hidalgo & Hidalgo, en un intento por echar abajo la condena de ocho y dos años y ocho meses, respectivamente, el trámite queda en manos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Byron Guillen, Luis Rivera y Felipe Córdova.

El Tribunal de Revisión ya estaba conformado desde el 2022 para dar trámite al recurso extraordinario de revisión que propuso el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, otro de los 20 condenados por cohecho pasivo agravado. El ex funcionario público, quien actualmente permanece fuera de la cárcel bajo el beneficio penitenciario de prelibertad, fue sentenciado en calidad de coautor a ocho años de cárcel y al pago de una reparación integral definida en $ 778.000.

El tribunal, integrado en ese momento por los jueces nacionales Adrián Rojas, Byron Guillén y Luis Rivera, inadmitió el recurso, el 25 de abril de 2022, “al no estar fundamentado”. No obstante, en el auto de sentencia se dejó a salvo el derecho del sentenciado a presentar un nuevo recurso de revisión “por otra causal o subcausales”.

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Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de revisión planteado por Alexis Mera

Galarza, Hidalgo y Mera son parte de la lista de diez ex funcionarios públicos y diez empresarios a quienes se les condenó por participar en una “red de corrupción” que operó desde la Presidencia de la República con el fin de financiar las actividades del movimiento político Alianza PAIS, mediante el cobro de cuotas ilegales a contratistas a quienes a cambio se les entregaban obras públicas del Estado.

De la lista de condenados también forman parte el expresidente y exvicepresidente de la República Rafael Correa y Jorge Glas. Ambos, además de tener que pagar al Estado ecuatoriano una reparación integral de $ 778.000, también recibieron una condena de ocho años de cárcel al ser identificados en la estructura delictiva como autores mediatos por instigación.

El empresario Galarza, quien se mantiene en calidad de prófugo de la justicia, fue sentenciado en calidad de coautor, mientras que Hidalgo, pese a ser acusado al igual que el resto de empresarios, fue ubicado como cómplice. El dueño de la empresa Consermin no ha pagado los $ 778.000 de reparación integral, mientras que Hidalgo ya ha cancelado los $ 368.362 de pena económica, quedando pendiente el cumplimiento de la pena de prisión.

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Sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 como el expresidente Rafael Correa o el exsecretario Jurídico Alexis Mera participaron vía telemática de la audiencia de casación que se dio en septiembre de 2020 en la Corte Nacional de Justicia. (CORTESÍA)

El recurso extraordinario de revisión que solicitan Galarza e Hidalgo solo podrá darse en virtud de la presentación de prueba nueva que demuestre “el error de hecho de la sentencia”. Según señala el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, el recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la CNJ, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria y por causas como si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados.

La prueba nueva que no se habría conocido en el juicio del caso Sobornos y que uno de los dos procesados trataría de presentar tendría que ver con el peritaje realizado por una empresa colombiana a un disco duro donde supuestamente se encontraron los denominados Archivos Verdes, donde se ubicó el detalle del pago de sobornos. Lo que se buscaría confirmar es que ese disco duro fue alterado para incriminar a los ahora condenados.

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Fausto Jarrín, uno de los abogados del exmandatario Rafael Correa, adelantaba que en el “momento oportuno” ejercerán el derecho a solicitar la revisión y adjuntarán una prueba nueva, prueba que, según él, ya intentaron ingresarla, también como prueba nueva, durante la audiencia de juzgamiento y el Tribunal les negó la posibilidad. A lo que se refería Jarrín es a la pericia del computador donde, según esa defensa, estaría la información original de los denominados Archivos Verdes.

Con los votos de Wilman Terán y Xavier Muñoz se aprueba extender a nueve años los periodos de seis jueces de la Corte Nacional

En el décimo día de audiencia de juicio del caso Sobornos, a finales de febrero de 2020, Jarrín pidió un peritaje al dispositivo electrónico que tenían en su poder, porque, según él, los Archivos Verdes que presentó la Fiscalía no estuvieron ni fueron extraídos de las computadoras de Laura Terán y Pamela Martínez, ambas también sentenciadas en esta causa, sino que era información del aparato de inteligencia del Gobierno que fue entregada a periodistas.

En esos días, el exmandatario Correa, a través de su cuenta Twitter hoy red X, daba más detalles de esa prueba, señalando que los archivos de Arroz Verde que mostró la Fiscalía fueron hackeados y adulterados, según una pericia realizada por la empresa colombiana Adalid Corp.

La decisión que se adopte ante los recursos presentados por Galarza e Hidalgo no solo podría afectar su situación jurídica, sino la de los demás procesados. Esto debido a que si se acogen los argumentos presentados, entre ellos la prueba nueva, la condena podría anularse para todos los involucrados en el delito de cohecho pasivo agravado.

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El recurso extraordinario de revisión estará en manos de los jueces Córdova, Guillén y Rivera, magistrados a los que el 6 de septiembre pasado se les extendieron los periodos de funciones como jueces de la CNJ hasta el 2030. Esa decisión fue adoptada con solo los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. (I)