El exasambleísta socialcristiano Pablo M. y su primo Fausto A. buscan que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que se les dispuso dentro del caso Purga y para las 14:45 de este jueves, 21 de marzo, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realizará la audiencia respectiva ante el juez que lleva el proceso, Javier de la Cadena.

La diligencia se dará a tan solo 16 días de que se abrió una instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada contra doce personas, entre las que están los recurrentes Pablo M., Fausto A., Fabiola G., expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; el juez Johann M., entre los jueces de la provincia del Guayas, Reinaldo C., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., el funcionario judicial Saúl M.; Ruth S., ex procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Mónica A., esposa del exlegislador del PSC.

La fiscal general, Diana Salazar, formuló cargos contra todos en una audiencia que se dio entre el 4 y el 5 de marzo pasados. Se aseguró que la investigación en esta causa se desprende de los hallazgos del caso Metástasis.

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Los procesados fueron detenidos en un operativo en el que se dieron 43 allanamientos, especialmente en Guayaquil y Samborondón, provincia del Guayas, la madrugada del 4 de marzo del año en curso. Un allanamiento se dio en la provincia de Pichincha.

Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para Pablo M., Fabiola G., los jueces Johann M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de Ruth S. y Fausto A. Para el juez Reinaldo C. se dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica A. y Saúl M. la presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

Respecto a las medidas de carácter real, ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por 3,9 millones de dólares y dispuso la retención de las cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.

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Para Salazar este caso es un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada, para la obtención de decisiones judiciales “que mantenían en asombro a toda la sociedad”.

QUITO (05-03-2024).- En la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia en el caso Purga. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

“La cúpula de este grupo estaría conformada por Pablo M., quien como asambleísta habría establecido relaciones con Fabiola G. y Johan M., y habría contratado a la comunicadora Mayra S., procesada en el caso Metástasis, para controlar decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos en su beneficio, desde la Corte de Justicia de Guayas, con la participación de los otros integrantes de la organización”, señaló la Fiscalía en su teoría del caso.

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Además, la fiscal Salazar dijo que algunas de las decisiones adoptadas en este caso investigado beneficiaron económicamente y de forma directa a Pablo M., a los demás integrantes de la organización y a terceros, incurriendo, incluso, en la planificación y comisión de otros delitos, entre los que se incluyen prevaricato, tráfico de influencia, cohecho agravado o fraude procesal.

Actualmente el exlegislador Pablo M. y su primo se encuentran internados en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi. Hasta ese centro llegaron luego de estar por corto tiempo en la Cárcel 4, ubicada en Quito. La Fiscalía solicitó al juez del caso Purga que ingrese a los procesados con orden de prisión preventiva en un CPL distinto al que estaban los investigados en el caso Metátesis.

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Apropiación de tierras en Durán mediante un ‘habeas data’

La fiscal Diana Salazar señaló que la misma dinámica corrupta en el caso Purga se replicó en otros escenarios, como la apropiación ilegítima de tierras, en donde el factor común, a más de la modalidad delictiva, habría sido el uso de familiares del líder de la estructura: Pablo M. En esta causa habría sido investigado el comportamiento del primo del exasambleísta Pablo M., Fausto Alfonso A., quien habría acudido a la figura también de un habeas data con la finalidad de apropiarse supuestamente de forma ilegal de varias hectáreas de terreno que no le pertenecían.

Según Salazar, este hecho habría iniciado con un terreno perteneciente a la familia Ramírez Nieto y que estaba ubicado en el cantón Durán, en la provincia de Guayas. La ficha catastral de ese bien había sido la número 401 y se encontraba adjudicada al código catastral 1.6.24.0.0, cuyo último propietario registrado era la compañía Royal Technologies.

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No obstante, sin ninguna explicación, aparece una nueva ficha catastral, registrada con el número 31, con el mismo código catastral del predio antes mencionado. Este documento se encontraba a nombre del primo de Pablo M., sin que este conste en el trato sucesivo de compras-ventas del código catastral 1.6.24.0.0, es decir, la ficha número 31 no contaba con soporte documental que la legitime.

Pese a esto, la jueza Andrea M., paradójicamente, ordena anular la ficha inicial, la 401, la que tenía todo el antecedente, que sí contaba con ese trato sucesivo de transacciones del mencionado terreno, y en su lugar la magistrada decide legitimar el predio a nombre de Fausto Alfonso A., primo del asambleísta, y eliminar toda la información generada dentro de esa ficha legítima 401, a partir de la aparición de esta nueva ficha 31.

De esta forma, Alfonso Fausto A. obtuvo una propiedad cuyo avalúo catastral oscila entre los $ 200.000, lo cual sería el beneficio económico de la organización, dijo Diana Salazar. Este beneficio llegaba pese a que la actividad laboral del nuevo dueño se centraba en la venta de sándwiches de cerdo en Guayaquil, cuyas ganancias no le permitirían adquirir un inmueble de estas características.

“No se trata de que si (su capacidad económica) le permite o no le permite adquirir un inmueble de estas características, es que no le correspondía, porque no realizó ninguna operación, ninguna transacción. Únicamente hizo uso de la influencia del líder de esta organización. Por medio de una habeas data correctiva, una jueza dispone rectificar información catastral contenida en archivos públicos, eliminando los mismos. Lo cual evidencia que no solo las famosas desnaturalizaciones de los habeas corpus han servido como herramienta para la delincuencia organizada, sino que también se valían de habeas data para apropiarse de bienes que legítimamente no les pertenecen. Pues para todo conocedor del derecho, he sabido que a través de una acción constitucional de habeas data no es posible anular el derecho de propiedad sin un juicio civil de por medio”, añadió la fiscal general. (I)