El exjuez penal del cantón Chone (Manabí) Joffre R. R., dentro de su testimonio anticipado en el caso Plaga, no solo contó cómo funcionaba la red de corrupción que usó el sistema de justicia, apalancándose en supuestos padrinazgos políticos y con la venia de funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ), sino que también dejó claras las tarifas que se cobraban por acciones de protección, por eliminar o archivar sumarios administrativos o por sacar nombres de investigaciones penales.