El procurador judicial de Petroecuador presentó el 30 de marzo pasado una denuncia en Ecuador contra tres personas que ya fueron juzgadas en Estados Unidos por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero que se dio entre el 2012 y 2015. Ellos son el coordinador jurídico de Petroecuador, Marcelo Reyes López, y los contratistas Armengol Cevallos y José Cisneros.

La denuncia, firmada por José Bermeo y Juan Alfredo Chiriboga, apunta a que la Fiscalía General del Estado solicite a Estados Unidos la información completa de estos casos, pues en los documentos públicos del sistema judicial de ese país no se identifican a todos los implicados ni las compañías utilizadas en los pagos de las coimas. Estos procesos comenzaron en el 2017 y 2019, pero las anteriores administraciones de la estatal no habían presentado una denuncia contra estas personas en Ecuador.

El caso de Reyes López comenzó en octubre de 2017 en Miami y para abril del año siguiente, el exfuncionario confesó que había cobrado $ 2,1 millones en sobornos por parte de contratistas, pero no se conoce la identidad de todos ellos.

A su vez, en agosto de 2019 y enero de 2020, Cisneros y Cevallos confesaron haber pagado unos $ 4,4 millones en sobornos a por lo menos tres funcionarios de Petroecuador, entre ellos Reyes. Para este último compraron seis propiedades en Florida, por un valor aproximado de $ 3,28 millones, así como otras dos en el sur del mismo estado para otro funcionario de Petroecuador. Para ello también usaron los sobornos de otro contratista de Petroecuador, GalileoEnergy S. A., de propiedad de Ramiro Luque Flores y su esposa, Marianela Meza. Luque es juzgado en Nueva York, pero aún no ha sido condenado.

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Por la ayuda penal de Panamá, EL UNIVERSO identificó que una empresa de ese país, de la que Armengol Cevallos fue directivo, le pagó casi $ 1 millón a una compañía panameña del entonces coordinador de proyectos de la Refinería de Esmeraldas (REE), Álex Bravo Panchano, quien luego llegó a ser el gerente de la REE y posteriormente gerente de Petroecuador. Bravo tiene tres condenas en Ecuador.

En una investigación publicada en enero de 2017, EL UNIVERSO reveló que las empresas relacionadas con Cevallos (Vestsacer S. A. y Plameri S. A.) recibieron al menos $ 110 millones en subcontratos de Petroecuador. El entonces gerente de la Refinería, Carlos Pareja Yannuzzelli, adjudicó la mayoría de estos contratos a Tesca Ingeniería del Ecuador, que luego subcontrataba a las compañías de Cevallos. Pareja también acumula varias sentencias por irregularidades en la estatal petrolera. GalileoEnergy S. A., en cambio, obtuvo $ 38 millones en contratos de la REE entre 2012 y 2016.

Otra denuncia

Por otro lado, Petroecuador también había solicitado desde hace más de un año a la Fiscalía que se requiera asistencia penal internacional a los Estados Unidos para conseguir información sobre los casos del exfuncionario de Petroecuador José Raúl De la Torre Prado, y el empresario Roberto Barrera, así como del contratista José Luis De la Paz Román, de la compañía Nolimit C. A.

Estos dos casos están relacionados con los allanamientos que realizó la Fiscalía General la madrugada del pasado martes y por los cuales hay siete personas privadas de su libertad, entre ellos el contralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi.

El pedido relacionado con De la Torre y Barrera se presentó el 14 de noviembre de 2019, para que la Fiscalía solicitara la ayuda penal internacional a Estados Unidos. De la Torre tenía una investigación por lavado de activos que luego pasó a la Fiscalía de fuero de Corte Nacional. Poco antes de presentar su pedido, Fiscalía comunicó a Petroecuador que no estaba considerada como víctima en el proceso. Ambos cumplieron su condena en ese país y Barrera ya regresó al Ecuador.

La solicitud relacionada con De la Paz Román se envió a la Fiscalía el 4 de enero del año pasado. De la Paz Román, de nacionalidad estadounidense, confesó haber pagado $ 8,5 millones en sobornos a tres funcionarios de Petroecuador: Reyes López, Arturo Escobar Domínguez y un tercero cuya identidad se desconoce. Solo en los contratos relacionados con la Refinería de Esmeraldas, NoLimit C. A. acumuló $ 82 millones entre 2012 y 2016.

A través de la Procuraduría del Estado y el estudio Squire Patton Boggs, Petroecuador se ha presentado en los procesos en Estados Unidos para ser reconocida como víctima del pago de sobornos y lavado de dinero en ese país. Hasta el momento los jueces han rechazado esos pedidos. (I)