Son catorce casos judiciales en Estados Unidos relacionados con sobornos ya confesados por un total de $ 39,9 millones a funcionarios de Petroecuador y otros. Los allanamientos realizados en Ecuador la madrugada de hoy (13 de abril) se relacionan solo con uno de ellos, y sobre este se sabe muy poco, puesto que la coima acordada, que superaba los $ 3 millones, no llegó a concretarse.

Las investigaciones comenzaron a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá en Ecuador. Menos de un año después, en marzo de 2017, la Fiscalía de Estados Unidos presentó su primera acusación contra un contratista de la estatal petrolera: Ramiro Luque Flores, de Galileo Energy, quien admitió el pago de $ 3,27 millones a funcionarios de Petroecuador a cambio de contratos. Él aún espera sentencia.

Los casos investigados en EE. UU. se pueden dividir en dos grupos. El primero está relacionado con las obras de infraestructura de Petroecuador, como las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, por las que se han determinado coimas de casi $ 16 millones. Por estas, EE. UU. ya ha juzgado a José Luis de la Paz Román (No Limit C. A.), Armengol Cevallos y José Cisneros (Vestsacer S. A. y Plameri S. A.).

El otro grupo de pagos ilícitos se relaciona con compraventa de crudo y sus derivados, con un total de sobornos de $ 23,9 millones. Ahí se incluye a Raymond Kohut, exejecutivo de Gunvor, cuya confesión se dio el 6 de abril pasado. Él aseguró haber pagado $ 22 millones para que Gunvor acceda a crudo que Petroecuador entregaba a estatales asiáticas en contratos de preventas petroleras. Otras procesadas son las empresas Vitol y Sargeant Marine.

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No se conocen las identidades de todos los funcionarios públicos sobornados, sino solo de los que han sido procesados en EE. UU. Son Marcelo Reyes López, excoordinador general de contratos de la Refinería de Esmeraldas; Arturo Escobar Domínguez, exasesor de la gerencia de la Refinería de Esmeraldas; y José Raúl de la Torre, exfuncionario de la estatal y de la Contraloría General del Estado. El monto que aceptaron haber recibido es de $ 4,2 millones.

En Ecuador hay una decena de funcionarios y contratistas sentenciados por el caso de sobornos en Petroecuador, entre ellos los exgerentes Álex Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli y Marco Calvopiña.

Las indagaciones en Estados Unidos se fundamentan en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a empresarios estadounidenses sobornar a funcionarios públicos extranjeros. Además, como mucho del dinero de los sobornos pasó por el sistema financiero de ese país, las acusaciones incluyen lavado de dinero.

Por esa razón, también han sido procesados intermediarios que ayudaron a pagar y blanquear las coimas de Petroecuador, a través de operaciones en Panamá, Islas Caimán y Suiza. Un caso es contra Frank Chatburn, que aceptó su participación en el pago de $ 3,5 millones, y dos de sus colaboradores: José Larrea Alarcón y Juan Espinoza Calderón.

Otro proceso es contra Gustavo Trujillo Franco, que manejaba Madison Asset LLC, donde se depositó parte de las coimas. Él aún espera sentencia.

(I)