El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), por unanimidad, suspendió en funciones a los jueces, a tres fiscales y un secretario de unidad judicial investigados por el delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Metástasis. Desde la Judicatura se afirma que los servidores judiciales en cuestión habrían incurrido en infracciones disciplinarias gravísimas definidas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

La decisión fue tomada la mañana de este miércoles en la sesión extraordinaria 033, 96 días después de que fueron detenidos y están siendo procesados diez jueces y exjueces de Corte Nacional, cortes provinciales y de Garantías Penitenciarias de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

De esa lista de procesados hacen parte Wilman Terán, hoy exmagistrado de la Corte Nacional y expresidente del CJ; el exjuez del Guayas, Ronald Xavier G. C., alias la Momia; Jhoan Gustavo M. M., alias Puma; Adolfo Richard G. G. y Glenda Elizabeth O. M.; Santiago Paúl Z. S. y José Luis S. D., juez y exjuez de Cotopaxi; Emerson Giovanni C. U. y Ángel Harry L. V.; de Santo Domingo de los Tsáchilas; y Carlos Alfredo Z. N., alias el Presi, expresidente de la Corte Provincial de Manabí.

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Los suspendidos son los jueces Adolfo Richard G. G., Santiago Paúl Z. S., Carlos Alfredo Z. N. y Glenda Elizabeth O. M.

La lista de suspendidos, a quienes también se les suspende la respectiva remuneración, se completa con los nombres de Cristian Gabriel S. C., alias CR7, secretario judicial del entonces juez Ronald G. en Guayas; y los fiscales María José A. C., John Fernando C. F., agente fiscal Fedoti 12 y Víctor Hugo A. B., alias Pillo Buena Gente, funcionario de la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Para el pleno del CJ, los funcionarios judiciales suspendidos habían incurrido en infracciones graves contenidas en el artículo 108 y gravísimas definidas en el artículo 109, numerales 11 y 16, del COFJ. Por ejemplo, se hablaría de que los funcionarios solicitaron o recibieron préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar o revelaron información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes.

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El 12 de marzo pasado, el CJ solicitó se le conceda la condición de víctima dentro del caso por delincuencia organizada Metástasis. La Judicatura liderada por el presidente temporal Álvaro Román no solo presentó un escrito para que se les notifique sobre las diligencias que se ordenan en el caso por parte de la Fiscalía, sino también para buscar que se defina al órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial como sujeto procesal de la causa en calidad de víctima.

Al momento el Estado ecuatoriano está representado en el caso Metástasis por abogados de la Procuraduría General del Estado, principalmente porque la delincuencia organizada es un delito contra la seguridad interna del Estado.

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Se entendería que la calidad de víctima dentro de la causa penal que investiga a un “grupo criminal” liderado por el narcotraficante Leandro Norero es solicitada porque esta estructura no solo infiltró y afectó al sistema de justicia nacional para sus ilegales propósitos, sino que también para lograr sus objetivos involucró en el delito a un entonces juez de la Corte Nacional y a jueces de diversos niveles en provincias como Guayas, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. (I)