Pese a que aún está pendiente responder un pedido de aclaración dentro del caso Liga2, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho define que en la misma audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra siete procesados por asociación ilícita se analice la caución (fianza) solicitada por el exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga y la revisión de medida cautelar que mantiene la exlegisladora correísta Esther Cuesta.
La decisión de Camacho se dio mediante una providencia del 29 de julio pasado, una vez los jueces nacionales Javier de la Cadena, Olavo Hernández y Manuel Cabrera inadmitieron el recurso de hecho planteado por Verduga, dentro de una demanda de recusación contra la magistrada Camacho, la cual fue declarada sin lugar por el también juez nacional Felipe Córdova.
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A finales de junio pasado, Córdova definió que el accionante no había justificado la existencia de las causales previstas en el numeral ocho del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual describe las características de la enemistad manifiesta que argumentaba Verduga y su defensa.
Fue el conjuez de la Corte Nacional Hernán Barros quien en momentos en que reemplazó a Camacho en la dirección de la causa penal de Liga2 definió el 12 de agosto próximo como fecha para la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. También había definido para el 6 de agosto la audiencia en la que se revisaría la medida cautelar de presentación periódica que ha incumplido la exlegisladora del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC). Esa diligencia fue trasladada por economía procesal.
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En relación con Verduga, para el pasado martes 22 de julio se tenía previsto tratar la caución solicitada por el exconsejero, que se encuentra en México con el estatus de refugiado. La diligencia fue diferida por pedido del fiscal general encargado, Wilson Toainga, quien argumentó que a la hora de la convocatoria estaría ejerciendo la acusación en la audiencia de juicio del caso Plaga.
Con estas tres diligencias pendientes y al asumir nuevamente el conocimiento de la causa, Camacho, por economía procesal, unificó las tres diligencias en audiencia que se espera se instale en el octavo piso de la CNJ a las 14:00 del próximo martes, 12 de agosto.
El 13 de julio pasado, 120 días después de haber iniciado la instrucción fiscal en Liga2, el fiscal Wilson Toainga dispuso el cierre de esa etapa procesal y solicitó al conjuez Barros que señale día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que sustentará de forma oral su dictamen acusatorio contra todos los procesados.
Toainga informó al magistrado que, en aras de precautelar el derecho a la defensa, fue dispuesta dentro del tiempo habilitado para la instrucción fiscal una serie de diligencias solicitadas por los procesados, pero que su práctica quedó para las semanas subsiguientes al cierre de la instrucción. Se estimaba que en aproximadamente 30 días se iban a acopiar todos los pedidos de información y diligencias requeridas por los procesados, situación que ya ha sucedido.
Por asociación ilícita son investigados los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del CPCCS Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la RC Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022, aunque se anuló su designación en la justicia ordinaria; y la exasambleísta Esther Cuesta.
Todos son procesados por supuestamente haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC, mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
La defensa de Verduga ha presentado varios escritos pidiendo que se declare la nulidad de la providencia del 29 de julio pasado, en el que Camacho asume conocimiento del proceso penal. Se asegura que aún no hay una respuesta al pedido de aclaración a la resolución con la que se inadmitió el recurso de hecho de Verduga. (I)