Condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, el empresario de origen estadounidense William Phillips Cooper pelea en tribunales desde 2019 un pago de más de $ 6,3 millones de impuesto a la renta al SRI. No se conoce el paradero del propietario de Grupo Azul, integrado por nueve empresas que contrataron al menos $ 85 millones con el Estado ecuatoriano durante el correato.

Phillips Cooper (de 74 años) aparece en los Pandora Papers, la última filtración del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que participa Diario EL UNIVERSO, con una empresa en Islas Vírgenes Británicas (IVB) que data de 1989 y un formulario para abrir una cuenta en el Banco Balboa de Panamá. Sin embargo, los rastros de la empresa se pierden a fines de 2014, año en el que el Servicio de Rentas Internas le reclama la reliquidación del impuesto a la renta.

La empresa se llamaba W. Phillips, S.A. y fue creada en marzo de 1989, cuando se registraron como directores Phillips, Luis Cañas y Sonia Calero. En agosto de 2009, la empresa cambió de nombre a V5A Ltd. y en diciembre de 2011 salió Cañas, que fue reemplazado por Gustavo Freile León. Estos trámites se realizaron entre el estudio panameño Galindo, Arias y López y el intermediario Trident Trust.

Calero ha acompañado al empresario desde entonces y fue condenada en casación a dos años y seis meses de prisión en julio de 2018, como cómplice en el caso de cohecho en la estatal Petroecuador. Este caso de corrupción durante el correato arrancó por la publicación de los llamados Papeles de Panamá, otra filtración del ICIJ y Diario EL UNIVERSO.

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En abril de 2014, Phillips comenzó los trámites para abrir una cuenta con Trident Trust Group, a través del intermediario Benjamin Teale, y nuevamente se actualizaron los datos de V5A Ltd. Se comenzó entonces el proceso de debida diligencia y se enviaron formularios, respaldos de domicilio y pasaportes. Ahí aparecía como única accionista Sonia Calero.

Teale, de Clarmond Family Office con sede en Quito, firmó una referencia para Phillips: lo conocía desde hace diez años por su relación con Clarmond Family Office, con la que mantenía una relación profesional. Él también firmó el formulario de Trident con los datos de Phillips para abrir una cuenta bancaria en el Banco Balboa de Panamá. Sin embargo, no está claro si la cuenta se abrió o no porque el rastro se pierde en los archivos.

Benjamin Teale se presenta en la red social LinkedIn como un intermediario de manejo patrimonial para personas fuera de Reino Unido y que ha vivido en América Latina por más de 20 años. Este Diario le solicitó un comentario sobre su relación con Phillips, pero no obtuvo respuesta.

También pidió una reacción a David Anda, abogado de Phillips en el juicio administrativo contra el SRI. En la página de Rentas Internas, el empresario, conocido también por su actividad en el grupo Boy Scouts, aparece con deudas en firme por $ 12,5 millones y su empresa Azulec, en liquidación, con deudas impugnadas por $ 1,1 millones.

De los $ 12,5 millones considerados en firme por el SRI, $ 6,3 son por pago de impuesto y ese es el punto de discordia; la diferencia son intereses y recargos. El SRI estimó que no canceló lo debido en 2014 puesto que la constructora Consultora Tecnazul Cía. Ltda. de Ecuador pagó $ 17 millones a su accionista uruguaya Urazul S.A., una empresa unipersonal de propiedad de Phillips, el otro accionista de Tecnazul. La firma uruguaya no tiene empleados ni declaró ventas ese año, sostuvo el SRI. Posteriormente, Urazul presentó una declaración sustitutiva ante la autoridad uruguaya. El dinero pagado viajó a Suiza, Alemania y Estados Unidos.

Para las autoridades tributarias el contrato no es válido y básicamente Phillips se estaba pagando a sí mismo. Para los demandantes el contrato es correcto pues existió una transferencia de “know how”, uso de software, comisiones de ventas y representación, según consta en el juicio que se sigue en el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Tributario en Quito. El abogado Anda señaló: “Estoy seguro de que la substanciación de la causa ocurrirá en derecho y el sistema judicial ecuatoriano garantizará el debido proceso”.

En 2014, Phillips pagó $ 291.000 de impuesto a la renta. Presentó declaración hasta el año 2019, cuando abandonó el país una vez que comenzaron las investigaciones por el caso Sobornos. Ese año también fue el último declarado por su esposa, Mónica Hernández Vásconez, asesora del expresidente Rafael Correa. Ella pagó cero de impuesto a la renta y casi $ 17.000 de salida de divisas.

El nombre de William Phillips ha sido mencionado en una serie de procesos investigativos relacionados con el área petrolera y la construcción de obras públicas y ha sido procesado solo por el caso Sobornos 2012-2016, en el que deberá pagar $ 778.000 como reparación integral al Estado. (I)