La multinacional WorleyParsons International Inc., fiscalizadora y gerente del proyecto de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, se opuso a una decisión judicial en Estados Unidos que la obliga a entregar información y documentos sobre los contratos que mantuvo con Petroecuador, a partir de 2011, así como con el Grupo Azul y con MMR Group.

Un juez de Houston, en una resolución del 30 de agosto pasado, aceptó el pedido de la estatal petrolera de un descubrimiento probatorio por parte de WorleyParsons, con miras a ampliar las investigaciones sobre el esquema de sobornos perpetrado en el Gobierno anterior y que se descubrió gracias a los Papeles de Panamá.

A partir de esa fecha, WorleyParsons ha presentado varias mociones para no entregar los documentos, lo que ha obligado a Petroecuador a responder dentro del caso. Aún habrá que esperar para conocer si el magistrado  mantiene en firme su decisión a favor de la estatal.

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En su pedido judicial, Petroecuador señaló que WorleyParsons recibió más de $ 200 millones en contratos por parte de Petroecuador entre 2011 y 2015, la mayoría relacionados con la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, y que la empresa mantuvo relación principalmente con los exgerentes Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, ambos condenados y encarcelados en Ecuador por el caso Petroecuador. 

También realizó los estudios para el acueducto La Esperanza de la Refinería del Pacífico, que construyó Odebrecht, y que fue adjudicado por el entonces gerente Pedro Merizalde.

Cuando era gerente de Refinación, Pareja dispuso que para contratar cualquier compañía para el proyecto “debe contarse con el visto bueno de WorleyParsons y esta Gerencia”. Esto se cumplió con  los  contratos adjudicados a GalileoEnergy, de Ramiro Luque Flores y su esposa, Glenda Meza Bravo, y a Oil Services&Solutions (OSS), de los hermanos Juan y Jaime Baquerizo Escobar. Luque y Juan Baquerizo han reconocido haber pagado sobornos en procesos judiciales  en EE.UU.

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En su decisión de agosto, el juez  citó entre los principales puntos que WorleyParsons deberá informar sobre lo que sabía del esquema de sobornos en el que participaban algunos funcionarios de alto rango de Petroecuador, en especial la aprobación de ciertos contratistas que ahora se sabe que pagaron coimas.

Detalló que también deberá informar sobre su relación con el Grupo Azul, integrado por 21 empresas, y sobre William W. Phillips, su esposa Mónica Hernández (que trabajaba en la Presidencia de la República en el gobierno de Rafael Correa), Benjamin Teale e Yvonne Fabara Arias. Respecto de MMR Group, el fallo judicial  menciona a la empresa MMRSAL International S. A. y a Arturo Pinzón Domador.

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La orden obliga a WorleyParsons a revelar reuniones fuera de Ecuador con ex y actuales funcionarios de Petroecuador, así como cualquier investigación interna que hubiera hecho por el esquema de sobornos descubierto en Petroecuador.

Petroecuador presentó la copia del contrato de representación entre las empresas de Juan Baquerizo Escobar y Álex Bravo,  publicado por EL UNIVERSO como parte de los Papeles de Panamá. Justificó su pedido de información porque aún existen varios procesos e investigaciones en curso en Ecuador por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

A su vez, la multinacional, con sede en Houston, argumentó que le corresponde a la Fiscalía de Ecuador pedir cualquier información en el marco de una cooperación penal y que la compañía ya ha colaborado en los casos penales en Quito.

Como la información relacionada con los exfuncionarios de Petroecuador que ya han sido condenados está en poder de los fiscales ecuatorianos, WorleyParsons señaló que estos nuevos pedidos provocarán trámites onerosos y hasta podrían crear problemas de privacidad. Además, dijo que los pedidos de la petrolera ecuatoriana son demasiado amplios. 

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Arribo a Ecuador

La multinacional se estableció en Ecuador a fines de 2011 a través de una filial con sede en Delaware y su representante era Raymond Falcon Jr. De acuerdo con la información financiera presentada por WorleyParsons International Inc., los contratos con el Estado ecuatoriano sumaron entre 2011 y 2015 un total de $ 423,9 millones.

Además de la fiscalización y gerencia para la Refinería de Esmeraldas, en noviembre de 2011 firmó un contrato para dar servicios y gerenciar el proyecto Refinería del Pacífico y en 2014 suscribió otro para una asesoría técnica para la planta de gas natural licuado.

Entre 2012 y 2018 pagó $ 5,1 millones en impuesto a la  renta y $ 7,5 millones en impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas considera que adeuda casi $ 25 millones, por lo que WorleyParsons ha impugnado esa deuda tributaria. 

La empresa sigue activa y su apoderado registrado en la Superintendencia de Compañías continúa siendo Falcon. En el caso por peculado contra el exgerente Álex Bravo y el contratista Jorge Vivar, la Fiscalía desistió de acusar a Falcon en junio de 2017.

En septiembre de 2014  se creó WorleyParsons Ecuador  S. A., que proveía de servicios a WorleyParsons International Inc., pero ya no está activa.

WorleyParsons International subcontrató entre 2013 y 2014 más de $ 56,8 millones con Tecnazul, empresa del Grupo Azul, liderado por William Wallace Phillips Cooper. 

El estadounidense, radicado desde hace décadas en el Ecuador, fue condecorado por el presidente Correa por su labor empresarial y por ser impulsor del Movimiento Scout. 

Dos funcionarios del grupo empresarial, Humberto Guarderas Córdova y Sonia Calero Silva, fueron condenados por el caso de los sobornos de Petroecuador en Quito, pero Phillips nunca fue acusado.

El Grupo Azul también aparece en el caso Sobornos 2012-2016 (también conocido como Arroz Verde). La Fiscalía ha indicado que Azulec, Caterazul (hoy llamada Caterpremier) y Tecnazul cubrieron cinco facturas de proveedores del oficialista Alianza PAIS (AP) por un total de $ 187.000, entre 2012 y 2013. Estas tres compañías recibieron al menos once contratos del Estado, especialmente de Petroecuador, por un total de  $ 81,8 millones. (I)