Aunque inicialmente se definió que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Liga2 se daría el próximo lunes, 24 de noviembre, desde las 09:45, la jueza de la Corte Nacional de Justicia(CNJ), Daniella Camacho, dejó sin efecto la convocatoria y llama a los sujetos procesales para, el 27 de octubre próximo, instalar la diligencia desde las 09:00.
El último llamado que se hizo para esta audiencia fue el pasado 29 de septiembre, a las 09:45, pero no pudo concretarse debido a un pedido hecho por la defensa de Andrés Arauz, uno de los siete procesados por el delito de asociación ilícita en Liga2.
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La diligencia a la que se convoca tiene como objetivo analizar la existencia de vicios que afecten la validez procesal y, de superarse esta primera fase, pasar al dictamen acusatorio de la Fiscalía contra los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022, aunque se anuló su designación en la justicia ordinaria; y la exasambleísta de la RC, Esther Cuesta.
Todos son procesados por haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC, mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
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El cambio de fecha se produce a pocos días de que la propia jueza Camacho fijó una caución (fianza) de $ 11.280 a favor del el exconsejero Augusto Verduga, para así suspender los efectos de la orden de prisión preventiva que pesaba sobre él, y ordenó la prisión preventiva para la ex legisladora de la RC, Esther Cuesta. Para esta última se definió esta medida al haber incumplido la presentación periódica definida hace varios meses atrás.
En la audiencia de revisión de la medida cautelar, el fiscal general encargado Wilson Toainga solicitó que en contra de Esther Cuesta se defina la medida de prisión preventiva. Debido al incumplimiento de la presentación periódica de la exlegisladora, Camacho no solo negó el pedido que hizo la defensa de Cuesta para que pueda presentarse periódicamente en la delegación diplomática de Ecuador en Italia, país donde reside, sino que ordenó prisión preventiva en contra de la procesada y dispuso que se notifique a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que emita la notificación roja y se proceda a la localización y captura para ser puesta a órdenes de la autoridad judicial ecuatoriana.
La notificación a Interpol ya fue despachada el pasado 1 de octubre. La secretaría de la Sala remitió el oficio a la Interpol para que se emita la correspondiente notificación roja y se proceda a la localización y captura de Esther Adelina Cuesta Santana. El objeto del escrito es que se proceda con su localización y captura, para que sea puesta a órdenes de la autoridad judicial correspondiente.
Para concretar el pedido a la Interpol se remitieron las copias certificadas del acta de audiencia de vinculación y formulación de cargos, de la audiencia de revisión de medidas y boleta de localización y captura emitida en contra de Cuesta, en 29 fojas útiles.
Independientemente de que la jueza Camacho sigue el camino para que la sospechosa comparezca al proceso de juzgamiento, la defensa de Esther Cuesta presentó el recurso de apelación a la orden de prisión preventiva impuesta. Los abogados de la exlegisladora, radicada actualmente en Italia, sostienen que la Fiscalía ni siquiera acreditó en la audiencia de revisión de medidas, como en derecho correspondía, la verificación de los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)