Debido al cambio de última hora de abogado de Jhon Arturo Álava y la no asistencia de la defensa de la exasambleísta Karina Arteaga, no se instaló, la mañana de este lunes 13 de septiembre, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de concusión ocurrido en el Legislativo.

El juez Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), intentó instalar esta diligencia dos meses después de que él, durante la primera convocatoria a audiencia preparatoria de juicio, determinó que en el caso existió una violación del procedimiento, lo que generaba la nulidad procesal desde el primer día de la vinculación a la instrucción fiscal en la que también es procesada Jenny Muñoz, exfuncionaria de la Asamblea.

En ese momento, Macías explicó que se violentó el derecho legal de Álava y Muñoz a tener 30 días luego de la audiencia respectiva para ejercer su defensa, pero en lugar de ese tiempo, el juez que estaba a cargo de la causa, David Jacho, hizo una ponderación desde su perspectiva y solo les otorgó 15 días.

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La audiencia de vinculación contra Álava y Muñoz se dio el 8 de enero pasado y los 120 días de instrucción fiscal se cerraron el 23 de enero siguiente, es decir, 15 días después de las vinculaciones.

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Cumplida la nueva fecha para que se cierre la etapa de la instrucción fiscal por el delito de concusión se convocó para este lunes a audiencia, la cual no se concretó.

La falta de comparecencia del abogado de Arteaga a la diligencia provocó que Macías lo multara con dos salarios básicos unificados ($ 800) y respecto al comportamiento de los anteriores abogados de Arteaga y su esposo, Jhon Álava, el juez dispuso que se envíe el expediente a la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura para que se analice y se sancione de ser el caso.

Minutos antes de que se inicie la audiencia, Álava ingresó un escrito relevando de su defensa a dos abogados y colocando como su nuevo abogado a José Moreno; mientras que Arteaga explicó que su abogado sufrió un quebranto en su salud y tuvo que ausentarse de la sala pese a que se había conectado a la audiencia de modo telemático.

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Solo la defensa de la víctima y acusadora particular, Verónica Pinargote, se opuso a que la audiencia sea diferida. Según Miguel Revelo, abogado de Pinargote, no existían razones para que no se dé la audiencia, mucho más cuando esta fue definida con mucho tiempo de anticipación.

Para evitar más dilaciones, luego de resolver que la diligencia no se instalaría, el juez Macías señaló como nueva fecha para la audiencia el viernes 24 de septiembre a las 08:00. Ordenó que todos los sujetos procesales, sin excepción, acudan de forma presencial a esta audiencia en la que se conocerá el dictamen de Fiscalía. Arteaga y Álava se conectaron por vía telemática.

La teoría de Fiscalía apunta a que Arteaga, a quien se le cambió el arresto domiciliario por la presentación periódica el 2 de agosto último, en calidad de legisladora habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea a través de terceros. La Fiscalía mantiene elementos que revelarían que Arteaga, en 2018, dijo a su personal que podían conseguir un empleo, pero con un aporte de su remuneración mensual.

El fiscal Toainga ha dicho de forma reiterada que sobre estos hechos existirían depósitos realizados en la cuenta del esposo de la entonces asambleísta por aproximadamente $ 31.000. En mayo de 2019, Verónica Pinargote, excolaboradora de Arteaga, acudió a la Fiscalía a denunciar que su exjefa le exigía $ 2.861 mensuales a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora.

A decir de la denunciante, el dinero exigido habría sido “depositado mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del cónyuge de la entonces asambleísta, para cubrir una cuota por la adquisición de un vehículo y otros gastos personales”. Además de Pinargote existen dos víctimas más que son parte de este proceso penal, entre ellos, Nabrit Medina. (I)