No todos los legisladores recibieron con agrado la propuesta del presidente Daniel Noboa, de aplicar una nueva reforma parcial a los artículos 110 y 155 de la Constitución para eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto a las organizaciones políticas para financiar su funcionamiento y la campaña electoral.
La propuesta fue remitida a la Asamblea Nacional el 27 de noviembre y la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el dictamen de la Corte Constitucional con el procedimiento que se seguirá.
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El Pleno de la Asamblea, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, creará una comisión especializada ocasional, para el análisis de la reforma parcial.
Mientras el correísmo, Pachakutik y algunos independientes advierten un peligro en la propuesta del presidente Daniel Noboa, porque es todo lo contrario a lo que hizo México y Colombia, de cerrar posibilidades del ingreso de plata del narcotráfico a financiar las campañas y candidatos; en el Ecuador se pretende retroceder.
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En cambio en el sector oficialista considera necesario eliminar los privilegios y el mal uso de los recursos estatales, porque de esa forma incluso se evitaría a los partidos de alquiler.
La legisladora de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, advierte que la propuesta del presidente Daniel Noboa, puede terminar siendo un bumerán, porque países como México y Colombia, que ya han tenido dentro de sus democracias recursos del narcotráfico en la política y deciden cambiar las reglas del juego y que sea el Estado quien ponga recursos para regular las campañas políticas, en Ecuador se pretende retroceder cuando algunos organismos internacionales catalogan a nuestro país como narco Estado, esto es grave, anota.
Lo que pasará, añade Cabezas, es quien tenga plata podrá ser candidato; y claro ¿quién compite con la chequera del heredero más rico de este país o con la chequera de Guillermo Lasso?, pregunta Cabezas al alertar que esto puede ser incluso discriminatorio.
Con la actual legislación, lo que hizo el Ecuador en su momento, de manera visionaria, fue evitar que plata del narcotráfico puedan ingresar a las campañas, afirma Cabezas.
“Más allá que veo peligroso, porque sería retroceder, lo único que corresponde a la Contraloría del Estado hacer su trabajo y controlar el buen uso de los recursos del Estado y evitar que es dinero financien cirugías como sucedió en un partido político”, describe Cabezas.
La legisladora nacional aclara que los fondos estatales para campaña son manejados por el CNE, a través de la parrilla y llegan a los medios de comunicación, “los candidatos no recibimos un solo dólar para la campaña de los recursos que el Estado designa para la publicidad”, subraya.
Adrian Castro, asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), señala que está de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, porque no se puede ser parte de esa complicidad de la gente que ha realizado mal uso de los fondos públicos para promocionarse en campaña.
Castro insiste que la nueva reforma constitucional pretende que cada organización política busque sus propios fondos, que meta la manos a sus propios bolsillos y sustente el origen de esos recursos, y que no se permita el uso de recursos del Estado para financiar a la politiquería en el país. Lamenta que ciertos partidos políticos han estado funcionando solo con billeteras.
El coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, considera que la propuesta del Ejecutivo es discutible, pero “creemos adecuado el concepto de que la norma electoral tiene que buscar igualdad. Igualdad en promoción, fundamentalmente, y eso es aquello que debería de mantenerse.
Quitar el financiamiento estado de la promoción electoral sería romper el concepto de igualdad, que es el que la Constitución trata de mantener, y dice que eso se lo puede sostener, remitiéndose a las actas de debate en la Constituyente.
Si se toma la decisión de eliminar el fondo partidario debe a la par establecerse un marco legal y mecanismo de control riguroso y exhaustivo de cómo se van a financiar las organizaciones políticas, porque al final del día las organizaciones políticas son parte de la estructura de un Estado democrático y tiene que existir, anota.
Taiano señala que si la reforma avanza, sin duda alguna sobre la mesa de discusión, de manera necesaria y complementaria, tiene que discutirse un marco legal que blinde a las organizaciones políticas de eventuales infiltraciones de capitales no regulares o no legales.
En un análisis apriori la bancada de Construye, según el asambleísta Paúl Buestán, es necesario que dentro de una política de austeridad se pueda evitar que se siga financiando a organizaciones políticas que por muchos años han recibido plata de los ecuatorianos y se han convertido en partidos o movimientos de alquiler.
El representante de Cañar señala que es necesario evitar que recursos del Estado vayan a las organizaciones políticas, pero también se debería pensar en cambiar el sistema de organizaciones políticas y además eliminar las pensiones vitalicias a los presidentes y vicepresidentes de la República.
Hay que evitar también que las mafias entren a financiar a las organizaciones políticas y evitar la participación política de actores sociales que tienen antecedentes nefastos.
Arturo Moreno del sector de independientes se pronunció en contra de la reforma parcial a la Constitución planteada desde el Ejecutivo, porque donde no exista el apoyo de recursos estatales, nadie de los líderes sociales y populares que no dispongan de una chequera podrán llegar a dirigir el país.
“Si se permite esta reforma, solo los señoritos de chequera podrán hacer campaña y los demás no podremos hacerlo; este es un derecho que viene siendo reconocido por más de dos décadas; entonces, es importante que se mantenga y es más que se incremente”, anota Moreno.
Carmen Tiupul del movimiento Pachakutik señala que su organización política nace de las entrañas de los sectores populares y organización social, no de los bancos o de las empresas y grandes chequeras económicas.
Indica que la Constitución es clara respecto a que el Ecuador es un estado intercultural, plurinacional y un Estado de derecho en el cual la participación debe ser en igualdad de condiciones, no es posible ahora que se pretenda cambiar y favorecer a personas que ostenten recursos económicos para una campaña electoral.
Pachakutik recogerá los pronunciamientos de distintas organizaciones políticas y de organizaciones sociales, para evitar la selectividad con esta nueva reforma a la Constitución. (I)