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La militancia se reunió a puerta cerrada en la casa del expresidente de la República, en Guayaquil.
La sociedad civil exhorta al Consejo Nacional Electoral a fiscalizar los recursos que ingresen a los grupos políticos, en medio de la crisis de inseguridad.
Hasta el 22 de mayo se procesarán y validarán los trámites solicitados, según lo establecido en el cronograma electoral para los comicios de 2023.
Cuatro renuncias de legisladores, una destitución y la denuncia contra la presidenta Guadalupe Llori están entre los hechos más relevantes.
Ocho de estas normas corresponden a la agenda parlamentaria del Legislativo. Asambleístas consideran que pudieron ser más si se adecuaba criterio de urgencia.
En la agrupación política ya se analizan precandidaturas para las concejalías de Guayaquil. Algunos ediles en funciones ya no pueden reelegirse.
El Consejo Nacional Electoral aprobó normas en favor de los grupos políticos que al aliarse podrían evitar su cancelación y acceder al Fondo Partidario.
Extraoficialmente se conoció que otra legisladora de la ID también habría pedido su separación.
Pese a que convención se realizó en Manabí, el único asambleísta de la ID por esta provincia, Xavier Santos, no asistió por diferencias con la directiva.
Pese al anuncio judicial, uno de los altos directivos de la ID ratificó que la reunión sí se realizará, pues la convocatoria está apegada a los estatutos.
Algunos dirigentes provinciales señalan al presidente del partido, Guillermo Herrera, como responsable de la crisis que la ID vive por estos días.
Guayas y Pichincha fueron las provincias que en los comicios del 2019 reportaron el más alto número de estos trámites.
Este jueves se instaló el primer consejo consultivo para las seccionales del 2023, en las que se pidieron reglas claras para inscribir candidatos.
Enrique Pita llamó a las organizaciones políticas a trabajar con el organismo para evitar actividades ‘extrapolíticas’.
Fuerza Ecuador, Concertación y Unión Ecuatoriana plantearon acciones extraordinarias de protección para evitar la medida, a puertas de los comicios del 2023.
En mayo próximo, el movimiento Voces por la Democracia prevé presentar a la Corte Constitucional su propuesta para que se califique su constitucionalidad.
No hay dinero para hospitales, medicinas, tratar enfermedades catastróficas, pero sí hay para las elecciones.
El país no perdonará en las urnas a los que concedieron amnistía, a aquellos 268 que causaron vandalismo en octubre del 2019.
A los políticos acostumbrados a prevalecer por sus influencias más que por sus servicios, no les favorece el voto entre listas.
Entre los temas que se debatirán relacionados con las elecciones seccionales de febrero del 2023, la conformación de listas encabezadas por el 30 % de mujeres.