La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos entregó, la mañana de este miércoles, 12 de noviembre, su primer informe sobre lo sucedido en términos de derechos humanos en los 31 días que duró el paro que vivió Ecuador y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel.

Según Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza, el equipo que trabajó en los días de protesta registró graves violaciones de derechos humanos y el uso abusivo de la violencia estatal contra personas manifestantes, comunidades, dirigentes sociales y población urbana en varias ciudades del país.

El informe de verificación señala que de los más de 700 reportes de violaciones de derechos humanos recibidos por integrantes de la Alianza, solo 391 fueron verificados y validados por el equipo de análisis como casos en los que se configurarían violaciones de derechos.

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De esos reportes, explicó Hidrobo, se habría podido identificar 206 personas detenidas, 473 personas heridas, al menos 25 graves, 16 desapariciones de corta duración y 2 personas fallecidas por uso de la violencia pública.

“Las cifras con corte a 23 de octubre (2025). Las verdaderas cifras irán saliendo poco a poco, pero sobre todo esas cifras serán dadas por las propias organizaciones indígenas que después de finalizar el paro han seguido levantando información. (...) Señalamos que estas cifras son un subregistro, porque inclusive en esas condiciones no tenemos toda la capacidad de identificar todo lo que está ocurriendo. Un subregistro porque el dolor a veces sale varias semanas después, años después se saben las historias, pero sobre todo, un subregistro porque el Estado, que debía darnos todos los días cifras de personas heridas, detenidas y fallecidas, omitió su deber de transparentar las cifras. Tampoco la Defensoría del Pueblo cumplió en este paro nacional con su rol”, sostuvo la coordinadora de la Alianza.

Otro dato que es parte del informe señala que el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el mes del paro en 2025, los cuales fueron conocidos por el equipo de análisis, ocurrieron en las provincias de Imbabura y Pichincha. El otro 25 % respondería a casos ocurrido en otras provincias del país. “Fue un paro nacional con mayor represión en Pichincha e Imbabura”, anotó.

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21 de octubre del 2025 Audiencia de apelación en el caso de los once otavaleños detenidos en Imbabura acusados de terrorismo en el paro nacional, en el Complejo Judicial Norte. API/HENRY LAPO Foto: API

Para la defensora de derechos humanos María Espinos, este paro no surgió de la nada, ni fue una manifestación espontánea que no tiene raíces o que no tiene causas. Según la integrante de la Alianza, las causas del paro de septiembre y octubre de 2025 tienen que ver con un debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos en el país, con una concentración del autoritarismo estatal en manos del Ejecutivo, con la cooptación de la institucionalidad, en una narrativa polarizada y la cimentación en un discurso de odio, racista, un discurso que busca posicionar el terrorismo y el crimen organizado.

“Insistimos en que la respuesta estatal desde el día uno fue la respuesta violenta y de ataque sobre un derecho. Para nosotros también es importante el uso abusivo y desproporcionado del derecho penal. Finalmente, las consecuencias del paro son consecuencias que siguen más allá de que los actos de las movilizaciones hayan sido ya suspendidos. Hay un alto número, no solo de manifestantes, de dirigentes y de defensores de derechos humanos que hoy tienen causas penales en su contra por delitos como terrorismo, paralización de servicios públicos, incitación, financiamiento del terrorismo, que por supuesto son tipos penales desproporcionados respecto de las actividades que esas personas se encontraban ejerciendo, mucho más si se entiende que protestar es derecho y no delito”, refirió Espinosa. (I)