Carlos Bernal rechaza acusación en caso Reconstrucción de Manabí, su abogado aclara que no tuvo atribuciones para contratar, manejar fondos o adjudicar contratos

“La Fiscalía ha presentado una teoría del caso basada en hipótesis y suposiciones que no tienen un respaldo probatorio sólido ni una fundamentación debidamente clara. Es esencial que para que una acusación penal tenga validez, esta se debe basar en hechos probados y no en conjeturas”.

Con esta frase dio inicio la respuesta que José Luis Chica, abogado del exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción de Manabí Carlos Bernal, tenía para dar al dictamen acusatorio por el delito de peculado emitido por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en contra de su cliente y de otros ocho procesados en el caso Reconstrucción de Manabí, entre los que también está el exvicepresidente y líder correísta Jorge Glas.

La reinstalación de esta audiencia estaba definida inicialmente para el 4 de abril pasado, pero a última hora el conjuez Marco Aguirre, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), decidió diferirla para este martes, 15 de abril.

El 14 de marzo pasado concluyó la fundamentación del dictamen acusatorio por el delito de peculado que mantiene la Fiscalía en el caso Reconstrucción de Manabí contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; Walter Solís, exlíder del MTOP; y seis personas más.

Toainga le pidió al conjuez Aguirre que emita un auto de llamamiento a juicio contra todos los investigados en calidad de autores directos de peculado. Además de la Fiscalía, en la audiencia de juicio ya han intervenido los abogados de la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), instancia que actúa como acusadora particular y fue la que interpuso la denuncia penal para que arranque la investigación en esta causa.

Para la Fiscalía, el líder correísta y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana sean usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades urgentes de la población de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto de abril de 2016.

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También, se asegura, la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos a ellos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo, apuntó Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.

Chica aseguró que las funciones de Bernal estuvieron estrictamente limitadas a la coordinación de proyectos sin atribuciones para contratar, manejar fondos públicos o adjudicar contratos. Con esa teoría, el abogado impugnó la acusación hecha por la Fiscalía, pues, aseguró, carece de sustento probatorio que vincule a su defendido.

“La Fiscalía establece sin pruebas sólidas que hubo abuso de fondos públicos en beneficio de contratistas y fiscalizadores relacionados a la empresa Construhidrocab, vinculada supuestamente a las familias de Carlos Bernal. No obstante, es relevante que el propio CPCCS, como parte acusadora, certificó que no existen contratos que vinculen a mi defendido en la entrega de contratos a familiares o empresas asociadas”, refutó Chica a lo dicho por la Fiscalía.

El abogado de Bernal rechazó que la acusación de Fiscalía señala que existe un acta firmada por su defendido y por el entonces vicepresidente Jorge Glas que supuestamente facilitó el abuso y desvío de fondos. A decir de Chica, la Fiscalía sostiene que dicha acta aprobó de manera unilateral y arbitraria 584 proyectos, pero, aclara, la institución no presenta elementos probatorios sólidos que demuestren tal abuso y, además, omitiría que los miembros del Comité de Reconstrucción aprobaron dicha acta, eximiéndolos de responsabilidad y focalizando selectivamente el proceso sobre actuales investigados.

A la reinstalación de la diligencia asistieron de manera presencial varios de los abogados de los acusados y de la parte acusadora. La fiscal general, Diana Salazar, el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario Carlos Bernal, el exministro Walter Solís, entre otros abogados y procesados, se conectaron a la audiencia vía Zoom.

Además de Glas, Solís y Bernal, por peculado son procesados Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y el exfuncionario de Inmobiliar Milton Daniel M. (I)