El viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, hace las cuentas y considera que es inviable atender los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en cuanto a subsidios de los combustibles, pues le representaría al país más de $ 1.000 millones, que el fisco no tiene. Las vías impensables para financiarlo serían más deuda cara o una nueva reforma tributaria. Si se asignaran recursos a estos subsidios, afectaría el presupuesto de otros planes sociales que ya han sido ofrecidos por el Gobierno, entre ayudas al sector agrícola, incremento de bonos, y otros que ya están por implementarse. Asegura que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará hasta finales de mes aunque Ecuador no esté en el cronograma del multilateral.

¿Frente a la situación actual, qué tanto espacio tienen las finanzas públicas para atender los pedidos de la Conaie?

Se ha venido trabajando durante todo el periodo de gobierno en un proceso de transparencia, de reconocimiento y pago de deudas heredadas (Seguridad Social, los GAD) que al final del día es necesario para que estas entidades puedan cumplir sus roles. Ese proceso depende también de que se tomen decisiones conscientes de las limitaciones que existen en la caja fiscal. Hay varias limitaciones en el tema de subsidios, por ejemplo, estábamos presupuestados $ 1.400 millones una vez que los combustibles se congelaron, haciendo que el precio del diésel sea el más barato de la región y el de la gasolina regular está solo sobre Colombia y Bolivia que son países que tienen fondos de estabilización. En Ecuador, en cambio, hace años se decidió eliminar “los fonditos”. Esto debilitó la capacidad de respuesta del Estado. Por ejemplo, en pandemia, el Ecuador no tenía ahorro fiscal, no tenía política monetaria, lo que pudo hacer con el tema de la vacunación fue por un nuevo endeudamiento. Pensar que en este contexto, en esa debilidad y sensibilidad es posible continuar ampliando los subsidios a los combustibles es absurdo.

¿Cuánto costaría para el país acoger las demandas de la Conaie en cuanto a subsidios?

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Esto puede tener un costo anual de alrededor de $ 1.000 millones y eso debilita completamente la posición fiscal y la capacidad del Estado de responder a otras demandas que forman parte de las exigencias del movimiento indígena. El Gobierno ha generado un paquete de respuesta que asciende a $ 570 millones: ha hecho la declaratoria de emergencia de salud que está vigente ($ 200 millones). El tema de condonación de deudas para créditos vencidos de hasta $ 3.000 ($ 37 millones), nuevos créditos blandos hay unos $ 200 millones vinculados. El bono de desarrollo que le cuesta entre $ 60 millones y $ 70 millones, el subsidio de la úrea ($ 70 millones). Además del paquete económico hay un claro reconocimiento de las condiciones difíciles que vive el sector rural, por lo que se ha venido trabajando en iniciativas -que están por implementarse- para buscar opciones y se pueda potenciar la infraestructura de riego, de caminos vecinales. Pero para implementarlas se requieren recursos. No es posible pensar que la única manera de hacerlo es seguirnos endeudando, porque también decimos “no paguemos la deuda”. Eso es imposible, porque si no quién le presta al país

Lo que están pidiendo ahora sobre subsidios no podría solventarlo el fisco sino endeudándonos, ¿a qué costo y cuáles serían las fuentes?

Ecuador tiene limitadas fuentes de financiamiento. Mire lo que ha pasado con el riesgo país, en estos días perdimos lo que se había ganado con la reducción del riesgo político cuando ganó el Gobierno. Si se hicieran emisiones de deuda serían extremadamente caras, con tasas de dos dígitos. Eso es insostenible. Todo lo que se ha ganado con la reducción de amortizaciones y del costo financiero se volvería a perder, pues si saliéramos a los mercados no estaríamos en buenas condiciones. El esfuerzo que se está haciendo no es de corto plazo, tenemos que recordar que para 2026 ya tenemos que pagar parte de la deuda que se renegoció en el 2020. Necesitamos que toda la ciudadanía esté consciente, no es posible seguir pensando que el Estado puede cubrir todas las necesidades. Debe haber orden en las finanzas y esto significa no incrementar los subsidios.

¿Nuevos impuestos, la otra opción?

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Imagínese lo que significaría tener una agenda de incremento de impuestos cuando el año pasado se logró pasar una reforma que a pesar de ser extremadamente progresiva, se la criticó diciendo que se iba a contraer la economía. Sin embargo, la progresividad de la reforma se aseguró de apuntarle al sector mejor posicionado, que tiene empleo fijo, ingresos por sobre los $ 2.000, es menos del 5 % de la población. También a grandes empresas y personas con grandes patrimonios. Esa reforma le permitió al Estado tener recursos adicionales. Pensar que en este momento es factible promover otra reforma tributaria, es muy difícil. Es más, la expectativa precisamente del Gobierno era no topar ya tema de impuestos pues con la reactivación económica se podía compensar y tener ingresos tributarios suficientes, y continuar nuestro proceso de consolidación y reducción del déficit.

¿De dónde salen los recursos para el paquete de $ 570 que ustedes contabilizan?

Parte de esos recursos tienen que ver con el proceso de optimización que está trabajando el Estado para identificar programas y proyectos que no estén vigentes, que no estén funcionando. También reasignación de prioridades para atender la emergencia. Tiene que ver con recursos que no son solo fiscales, el tema de la banca pública se absorbe a través de la propia banca pública. Hay nuevos recursos que vendrán de fuentes de financiamiento que se deben identificar.

¿Cuál es el mensaje que se da a la población al condonar las deudas?

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Esas decisiones se toman en estos contextos extraordinarios. No son decisiones que se deben tomar en condiciones ordinarias y no deben formar parte del normal desenvolvimiento de la actividad financiera, deben ser la excepción. Sin embargo, en este momento contribuye al proceso de diálogo y pacificación necesario. Puede ser un alivio para un importante sector de personas que se encuentren en una condición vulnerable. Esperemos que ayude a tener una respuesta favorable de tal forma que este tipo de decisiones le den tiempo al Estado para dar una respuesta contundente a la situación del sector productivo y agrícola y a la sociedad civil y al sector productivo, para que reaccionen y tengan mejores condiciones. La idea es que este tipo de decisiones no se tengan que tomar más. Esa es la esperanza.

Hubo un decreto que salió para la optimización del gasto. ¿Lo sacaron ahora para también obtener recursos o es algo que estaba planificado?

En el tema de encontrar espacios de eficiencia en la gestión pública se viene trabajando desde el inicio del Gobierno. Lo que hace el decreto es regularizar algunos de los procesos y ordenar de tal forma que sea posible que las instituciones como la Secretaría de Planificación y el Ministerio del Trabajo puedan hacer énfasis en una gestión óptima. De ninguna forma significa reducción del tamaño del Estado o despidos de personal, solo se ponen reglas básicas para que el proceso de optimización sea posible. Queremos romper la inercia típica del gasto público que tiende a incrementarse.

El país esperaba que el desembolso del FMI llegara para finales de junio y Ecuador no consta ni hasta el 1 de julio en los cronogramas del FMI. ¿Por qué es nuevamente la demora, tiene que ver con los problemas políticos?

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Revise si Argentina está en esa lista. Y Argentina ya recibió los desembolsos. No tiene nada que ver estar en la lista. Hay temas que han tenido retrasos como en nuestro caso, pero el proceso se viene trabajando normal y en función del calendario predefinido. El directorio se reúne esta semana y la expectativa es tener el desembolso.

¿Tienen una fecha tentativa?

La sesión del directorio estaba predefinida para el 24 de junio, pero puede tener un retraso logístico y administrativo.

¿Adónde van los recursos?

Esos recursos van a darle soporte al presupuesto de tal forma que se pueda cubrir todos los programas y proyectos que mantenemos tanto en el sector social como que se pueda continuar respondiendo a los procesos de reconocimiento de deudas, GAD, seguridad social… (I)