Los partidos y movimientos tienen unos seis meses para revertir una tendencia de años en la política ecuatoriana: la preferencia por encabezar las listas de candidatos con hombres, antes que con mujeres.

Algunas organizaciones ya analizan cómo cumplirán la nueva ‘cuota femenina’ establecida en una de la reformas al Código de la Democracia.

El cambio regirá desde las elecciones de febrero del 2021, cuyo periodo de inscripción de aspirantes se iniciaría en septiembre próximo.

La reforma obliga a las agrupaciones a reservar para las mujeres el primer puesto de una parte de sus nóminas, en atención al principio constitucional de paridad de género.

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Se dispone un porcentaje mínimo de listas encabezadas por candidatas, que deberá cumplirse de forma gradual: 15 % para los comicios del 2021,30 % para los del 2023, y 50 % desde el 2025 en adelante.

Algunos grupos políticos anticipan que cumplir la cuota será fácil, otros advierten dificultades y hasta admiten que tendrán que ‘rellenar’ con “cualquier persona”.

La Izquierda Democrática (ID) y Unidad Popular (UP) coinciden en que superarán el primer porcentaje, pues cuentan con suficientes mujeres militantes que son capaces y están interesadas en la política.

El titular de la ID en Pichincha, Alejandro Jaramillo, incluso resalta que parte de la dirigencia apoya la idea de postular a una mujer para la presidencia de la República.

El director nacional de UP, Geovanni Atarihuana, anuncia dos acciones: identificar a las compañeras con liderazgo y empezar a capacitar a las bases, de cara a futuras elecciones.

Un criterio similar expresa el presidente de CREO en Guayas, Guido Chiriboga, quien dice que el movimiento ‘mejorará’ los liderazgos y ampliará “la base de personas que participen en política”.

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En cambio, el fundador de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, advierte dificultades, pues la experiencia del partido es que las mujeres no quieren incursionar en política o, en su defecto, ser cabezas de lista.

“Habrá que motivarlas, pedirles que participen; unas querrán, otras no y nos tocará de alguna manera cumplir con la ley, no con las candidatas más idóneas, sino por cumplir la ley uno tiene que llenar”, dice él.

La presidenta nacional de Compromiso Social, Vanessa Freire, sostiene que la ‘resistencia’ descrita por Gutiérrez se debe a la violencia política que las mujeres han vivido históricamente. Anota que por eso algunas no se animan a terciar.

Un estudio del Consejo Nacional Electoral, con el aval de ONU Mujeres, señala que esta forma de violencia se ejerce dentro de los partidos y movimientos, entre otros espacios.

Según entrevistas y grupos focales realizados, los principales perpetradores (58 %) son los actores políticos: dirigentes, candidatos, militantes y otros.

Se afirma que hay “conductas patriarcales” porque las estructuras de las organizaciones responden a “los caciques del partido”. También que los grupos cumplen con la paridad para “no ser sancionados”, y que tienen por ‘estrategia’ ubicar a las mujeres como suplentes.

El estudio, presentado en octubre del 2019, anota que en las elecciones seccionales de ese año los hombres fueron cabeza de lista el 80,3 % en las vocalías de Juntas Parroquiales Rurales, 77,6 % en las concejalías rurales, 76,1 % en las concejalías urbanas y 74,9 % en las concejalías urbanas por circunscripción.

Aparte se refiere que solo el 14,3 % de aspirantes para las alcaldías fueron mujeres.

Datos históricos

Presidenciables mujeres

Solo seis mujeres han terciado por la presidencia en la historia democrática del país: Rosalía Arteaga (1998), María Eugenia Lima (1998), Ivonne Baki (2002), Cynthia Viteri (2006 y 2017), Martha Roldós Bucaram (2009) y Melba Jácome (2009).

Vicepresidenciables

Entre 1988 y 2017 un total de 20 mujeres han aspirado a la vicepresidencia del país. (I)