Un menor de edad, una persona con discapacidad y tres mujeres constan entre los muertos registrados en el contexto de las protestas de octubre del 2019.

Las manifestaciones en el país, que originalmente rechazaban una medida económica, duraron entre el 3 de octubre y 13 de octubre, y dejaron varias víctimas mortales.

Cuatro meses después no está clara la cifra de fallecidos y el contexto en el que se produjeron los decesos. Tampoco hay sanciones por el presunto uso excesivo de la fuerza pública o la comisión de delitos.

Al momento, cuatro instituciones han emitido informes con datos sobre los muertos: el Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El reporte de la Comisión ocasional de la Asamblea cita los tres primeros.

La Conaie registró nueve casos, el Ministerio 10 y la Defensoría y CIDH, 11 cada uno. Las entidades coincidieron con ciertas víctimas, pero no necesariamente con los datos.

Por ejemplo, Gabriel Angulo es referido de forma escueta por todas, salvo la CIDH que, a base de testimonios, describió cómo habría muerto.

Y anotó su ‘consternación’ porque tenía 15 años y habría sido agredido por la policía.

Marco Otto también es citado en los cuatro informes, pero solo la CIDH apuntó que tenía una discapacidad del 46 % por atrofia muscular.

La Conaie y el Ministerio resumieron que el deceso fue por caída de un puente, y la Defensoría solo publicó el nombre.

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Entre los fallecidos hay tres mujeres: Silvia Mera, Mónica Castro y Kelly Flores. La primera, mencionada en todos los reportes, sería parte de las “muertes accidentales” que hubo, según el Ministerio.

Castro y Flores, madre e hija, murieron por un incendio en su casa, cuyo fuego se originó en una barrera bloqueando la vía. Estas dos víctimas solo están en el documento de la CIDH.

Además, el organismo advirtió de dos personas identificadas como muertas, pero que no están en las bases: José Rodrigo Chaluisa y Edwin Bolaños.

Frente a estos datos que “no coinciden entre las instituciones”, la comisión de la Asamblea pidió investigar. (I)