La cultura de inmediatez y el debilitamiento moral llevaron a nuestras sociedades a la corrupción.
Resulta muy complejo desarrollar inversiones en Ecuador por la altísima dificultad en la coordinación pública.
Es la modernidad, desde los territorios seccionales hacia lo nacional; una oportunidad para los gobernantes locales.
El nuevo orden global
América Latina debe repensarse en su propio contexto social y económico dejando de “importar modelos” que no le calzan.
En estado crítico se encuentra América Latina en cuanto a niveles de percepción de corrupción, alertó con su último informe de 2017 la ONG Transparencia Internacional, cuyo índice de 180 países clasificados por los niveles percibidos de corrupción en el sector público refleja que solo 14 de los 32 países latinoamericanos tienen puntajes superiores al promedio mundial de 43, estando el Ecuador ubicado en la posición N.° 117.
Somos espectadores de jugadas que harán historia, jugadas como las del Mundial de Fútbol.
Las crisis económicas no son una novedad. Luego de la crisis global de 2008 se han desarrollado programas de recuperación a economías fracturadas, con éxito.
No creo que el solo hecho de ser mujer merezca acceso a posiciones. Sí creo que quienes tengan competencias suficientes, las mujeres y cualquier grupo minoritario, merecen la oportunidad de esos accesos.
“La Cuarta Revolución Industrial está cambiando todo, desde la forma en que nos relacionamos entre nosotros, la forma en que funcionan nuestras economías, hasta lo que significa ser humano.
La porción menor de la población que difiere de la mayoría de la misma población por raza, lengua, religión o creencias es una minoría por definición.
Pedro huía de la persecución de Nerón a los cristianos cuando humillado ante el ¿quo vadis? de Jesús al encontrarlo, vuelve a Roma a cumplir con su suerte. Es este el dilema de hoy, ¿Dónde vamos que no llegamos?
Se imponen tiempos de nuevas soluciones que deben emerger desde la sociedad civil misma como protagonista.
¿Es la política corrupta? O más bien será que en la política se vuelve más evidente la corrupción, por los montos de recursos manejados y por las influencias y poder que se ostentan.
Lo cierto es que no estamos en el mismo planeta de hace poco, debemos adaptarnos. Las placas tectónicas se han movido. También el statu quo en los grandes países jugadores.
El planeta se envuelve en un colosal estado de estupor con la elección de Donald Trump como presidente del país más poderoso.
A pocas semanas de haberse inaugurado la ampliación del canal de Panamá, a un costo por sobre los US $ 5.000 millones, cabe plantearnos cuáles son los desafíos que esta impactante obra de ingeniería que integra al mundo representa para Latinoamérica.
El brexit refleja no otra cosa que el descontento ciudadano por modelos de gestión política alejados de la ciudadanía.
Ecuador debe emprender el camino de la restauración. Llega el momento de reconstruir las zonas devastadas sin perjuicio de dotar de infraestructura al resto del país.
El Ecuador acaba de sufrir la devastación de un fenómeno natural. Todos unidos en la solidaridad para rescatar a los sobrevivientes y al menos identificar a quienes no tuvieron esa suerte.
Las flamantes y tan en boga alianzas público-privadas, APP, existen en nuestro país desde mucho tiempo atrás bajo la Ley de Modernización (años noventa) y se encuentran previstas también en la Constitución de la República vigente desde 2008.
La Constitución Política de 1998 establecía la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y similares, los cuales podía prestar directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión o similar figura.
Resulta una constante que el guayaquileño vota distinto que el resto del país. Más curioso es aún cuando el voto guayaquileño no solamente lo es del que nació aquí, sino de una gran mayoría que viene de las distintas regiones del Ecuador.
El espíritu de Ley Orgánica de Extinción de Dominio (cuya discusión fue suspendida en el Legislativo) consiste en que el Estado cuente con una herramienta legal para ejercer acciones que permitan la extinción o pérdida del dominio de bienes cuyo origen es ilícito, conforme los argumentos de los asambleístas proponentes.