Nuestra invitada

En estado crítico se encuentra América Latina en cuanto a niveles de percepción de corrupción, alertó con su último informe de 2017 la ONG Transparencia Internacional, cuyo índice de 180 países clasificados por los niveles percibidos de corrupción en el sector público refleja que solo 14 de los 32 países latinoamericanos tienen puntajes superiores al promedio mundial de 43, estando el Ecuador ubicado en la posición N.° 117.

La encuesta Latinobarómetro 2017 indicó que la corrupción figuraba en el cuarto lugar de los problemas más importantes mencionados por la gente en 18 países de la región. Igualmente, la satisfacción con la democracia cayó a 30% entre los latinoamericanos y la idea de que se gobierna para “unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” llegó a 75% de apoyo, el mayor registro desde 2004.

Evidentemente la corrupción genera daño económico por los recursos perdidos, además afecta la calificación de riesgo del país y la deuda emitida por privados, pagando la cuenta ciudadanos y empresarios. Nos sale muy cara.

Pero, más grave aún, pone en riesgo al mismo sistema democrático y la gobernabilidad. Concluimos que la corrupción es una verdadera amenaza para las democracias de América Latina. Erosiona la confianza en el sistema de gobierno.

Siendo la corruptela un patrón en América Latina y no solo episodios aislados, es un problema sistémico, que requiere una cura también estructural: reformas profundas en lo político y lo judicial, para darle institucionalidad nueva a la democracia.

Hoy el Ecuador se debate en visiones distintas sobre la nueva Ley Anticorrupción: si endurecer las penas a los corruptos o si incentivar las denuncias de malos manejos. Entre tanto, es unánimemente clamada por todos la imperiosa necesidad de controlar y sancionar la corrupción, de públicos y de privados, incluso recuperar los malversados recursos, que tanto oxígeno darían a la actual economía.

Abordemos el tema de la corrupción como una crisis que nos da una gran oportunidad. Sí, nos da la oportunidad de trabajar sobre los marcos normativos vigentes (reformas necesarias) y los nuevos que requerimos para contrarrestarla. De otra parte, con la ayuda de los avances tecnológicos, tenemos la oportunidad de acceder a la información sobre cómo operan los procesos ilícitos y el lavado de dinero, siendo estas las pautas para implementar controles a los recursos financieros.

Serían grandes hitos para salvar la gobernabilidad democrática: -Generar institucionalidad pública sólida, de lo contrario solo habría alternancia de actores políticos y, en el fondo, todo seguirá igual. -Sistemas de información transparentes, que limiten la discreción e impunidad en las compras y los contratos. -Libertad de investigación y de prensa. -Una justicia imparcial y autónoma, sin subordinaciones a intereses particulares, al gobierno de turno, ni a merced de revanchismos políticos. -Implementar medidas que promuevan la articulación público-privada.

Necesitamos salir de la zaga oscurantista de la corrupción y replantearnos un nuevo contrato social con el poder. Con funcionarios de estatura moral. En el que el delito no sea aceptable para la ciudadanía, una sociedad en la que las referencias morales y cívicas tengan valor preeminente. Un cambio profundo de mentalidad, de cultura. Pasa por nuevas regulaciones y controles, pero comienza por casa. Abracemos la oportunidad.

* Jurista. (O)