La llegada del gobierno entrante es recibida por los mercados internacionales con bombos y platillos, reduciendo 345 astronómicos puntos de riesgo país, más una disminución que lleva a 760 puntos por la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización que independiza el manejo financiero de la política y fortalece el dólar, la mejora en nuestra calificación de bonos de deuda de riesgo alto a riesgo moderado, más el apoyo total de los organismos multilaterales, lo que confirma la oportunidad histórica del Ecuador de atraer inversión privada en gran escala.

En los recientes tiempos de crisis económica, los países están enfocándose en las asociaciones público-privadas (APP). Los organismos multilaterales y los institutos de investigación y gobierno están centrando su atención en generar las mejores prácticas para las app.

Los gobiernos han entendido que el Estado por sí solo no puede atender las necesidades de sus ciudadanos al tiempo que obra como empresario, inversor, operador, etc. Y que por ende una gran parte de esas funciones debe realizarlas con la empresa privada.

Resulta muy complejo desarrollar inversiones en Ecuador por la altísima dificultad en la coordinación pública. Está instaurado un sistema de aprobaciones, licencias y permisos de distintos entes de gobierno, que obran dispersamente, debiendo el inversor gestionarlos independientemente con cada autoridad, separada de la otra, esto es, desde cero cada vez. Este peregrinar por las diversas instituciones del Estado es un laberinto de dificultades sin parangón. Así, por ejemplo, una inversión en un aeropuerto requiere aparte de su natural autoridad, permisos y controles ambientales, de hidrocarburos, migración, narcóticos, aduanas, etcétera.

A diferencia de la autorregulación natural en el sector privado, la ‘mano invisible’ de Adam Smith, cuando se trata de actividades y servicios públicos, el mercado no es perfecto (debido a monopolios, subsidios cruzados, precios congelados, distorsiones regulatorias) y por ende la intervención del Gobierno es necesaria para equilibrarlo. Un arranque con cancha nivelada requiere un altísimo nivel de coordinación público-privada.

Con el próximo gobierno está la oportunidad para que esta coordinación se vuelva más ágil, por qué no con una ventanilla única de inversión privada, que sirva de guía y rectora lineal organizando todos los procesos con entidades de gobierno. Como ventaja colateral se lograría la depuración de procesos y trámites innecesarios o duplicados.

El inversor pone su parte asumiendo el reto del riesgo, mientras del lado del Gobierno un ente articulador con presupuesto y rectoría propia vertical sería necesario. Es ahora que tenemos una oportunidad para atraer inversión, especialmente la extranjera que potenciaría la economía con su influjo de divisas frescas. La visión de eficiencia que el gobierno entrante traerá a la administración pública necesariamente pasará por alivianar los nudos críticos a los inversores, lo cual sumado a que el país avance con las políticas de reformas fiscales y estructurales, mayor seguridad jurídica y más cambios fiscales nos asegura tiempos de vientos a favor y buena mar. El compromiso de la ciudadanía y del sector empresarial en esta cruzada extenderán el certificado final del triunfo. (O)