Miguel Rivadeneira Vallejo

El Estado, las instituciones y la gente buena y honesta tienen que cerrar filas frente a la arremetida de la delincuencia organizada, en convivencia con actores políticos. Demostrar que están en desacuerdo y defender el orden constituido. Están identificados los sectores que asedian a las instituciones y actúan contra las tareas que cumple con valentía y decisión la fiscal general y pretenden seguir con su desaforada carrera a favor de la impunidad.

Son tres sectores identificados que actúan: los delincuentes y abusadores sexuales, que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas con la actuación de más de una docena de jueces al más alto nivel, que son los responsables de los fallos; los abogados y otros defensores de los delincuentes que actúan en este sentido; y los ciegos que reenvían mentiras y basura y repiten obnubilados lo que políticos populistas y demagogos les engañan, sin entrar en razón, sin reflexionar, ni siquiera ilustrarse e informarse bien.

Con el aporte de ciertos comunicadores y medios que denigran a la ética, que han servido abiertamente al poder y a diversos gobiernos de turno, sin calidad moral, con el auspicio de universidades ya desprestigiadas. El contraste, la gloriosa Universidad Central, cuyo Consejo Universitario por unanimidad (39 de sus 39 miembros) rechazó la pretensión de un grupo de abogados interesados en la causa de la impunidad y con ello tratar de debilitar el trabajo profesional y la persecución a los corruptos, sin presentar pruebas ni sustentos y con el objetivo de engañar al país.

El principal objetivo es hacerle el juego a la impunidad, impedir que se sigan investigando graves hechos de corrupción en el ejercicio del poder, apuntar a la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas luego de no haber podido demostrar con pruebas de descargo en el debido proceso y por ello trabajan en la desestabilización institucional con argucias y falacias.

El principal objetivo es hacerle el juego a la impunidad, impedir que se sigan investigando graves hechos de corrupción.

Esta acción concertada se articula con organismos cuestionados y tomados por los defensores de los sentenciados. Ese es el caso del CPCCS, que solo ha servido para tomarse los organismos de control con nombramientos vergonzosos como el contralor 100 sobre 100 que mereciera aquí una sentencia condenatoria por concusión, se fugó y hoy es procesado por lavado de activos en EE. UU. Se arroga funciones que no le compete, en contraste con el incumplimiento de sus tareas constitucionales (artículo 208) como la lucha contra la corrupción y la demora por largo tiempo de los nombramientos de autoridades de control.

Igualmente, el Consejo de la Judicatura, organismo administrativo y disciplinario que está desprestigiado por la acción de la mayoría de sus miembros, que hoy no cumple con sus tareas y se ha vuelto permisivo con jueces venales que actúan contra ley expresa y han favorecido con medidas constitucionales a condenados por corrupción y a jefes de bandas delincuenciales. Otros que han dispuesto el retorno a la Policía de centenares de uniformados que fueran descalificados y señalados por corrupción e incluso unos que admitieron sus fechorías y fueron condenados, pero luego reclaman y son atendidos por los jueces. (O)