No le quedó más al presidente que clausurar la Asamblea y provocar elecciones anticipadas, luego de dos años de lidiar con una mayoría legislativa sediciosa, cuyo único objetivo era hacerlo fracasar. Un gobierno que no puede trabajar con normalidad es un peso muerto para el movimiento económico y, por lo tanto, para la prosperidad de los ciudadanos: el sector público es las dos quintas partes de la economía nacional. A la otra tres quintas partes, la economía privada, el Gobierno la tiene sometida a tantos trámites que si las autoridades no son ágiles, la frenan.

Mandar a esta malhadada Asamblea a la casa es bueno para la marcha del país, pero, por otra parte, el período electoral que pensamos se acabó con la posesión de los alcaldes ahora se mantiene abierto, duraría hasta noviembre, cuando se posesione el presidente que complete el mandato presidencial, así como la nueva Asamblea; pero casi enseguida comenzará la campaña para el nuevo período. Esta falta de estabilidad política genera incertidumbre, y en la incertidumbre los ciudadanos, las empresas y los inversionistas extranjeros lentifican sus decisiones de inversión hasta poder ver el futuro con más claridad.

El presidente informa que en estos cuatro meses acelerará su accionar para hacer lo que pensaba realizar en los próximos dos años. Y para que haga lo pendiente de los dos años anteriores, estimamos. Ojalá lo pueda hacer, ya que gobierna con una burocracia correísta, que frustra sus iniciativas.

El paso más importante por dar es una gran ofensiva contra la delincuencia organizada. La inteligencia policial y militar ya deberían saber quiénes son los autores del atentado contra el alcalde Chonillo y llevarlos a la justicia. Los grandes capos deben empezar a caer.

Lo segundo, destrabar la prestación de servicios públicos. Resolver ya la falta de medicinas en hospitales públicos y poner fin a las largas filas para lograr cédula o pasaporte.

Finanzas va a tener que desviar fondos hacia la reconstrucción de la infraestructura destruida por las lluvias y el terremoto. Lo podría hacer junto a las prefecturas, que tienen fondos.

Estas acciones revertirían la mala imagen del Gobierno, y Guillermo Lasso, el único candidato que ya está en campaña para las elecciones de agosto 20, llevaría la delantera para ganarlas.

Por cuerda separada, Lasso podrá dictar decretos leyes de naturaleza económica. Es la oportunidad de adoptar reformas estructurales que no requieran concertación social. Sería imprudente enviar la ley laboral. La reforma tributaria fue el primer decreto ley y próximamente el de zonas francas. Posteriormente podrán ir los de inversiones y mercado de valores. No deberían ser controvertidos. Ojalá la Corte Constitucional no frene el proceso.

A sus ministros, Lasso debe exigir que destraben los programas sociales prometidos en campaña, como el crédito subsidiado a pequeños agricultores, así como las grandes inversiones privadas que se mantienen en espera: la construcción de la nueva unidad de alta tecnología de la refinería; la búsqueda de hidrocarburos en el golfo.

Con todo lo anterior, si gana Lasso podría completar su período, contando con las reformas estructurales y con una economía más dinámica gracias a la mayor inversión privada en infraestructura. (O)