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La emprendedora llevaba más de una década impulsando un modelo de trabajo que, con la pandemia, se implantó por todo el mundo.
1′705.074 personas son empleadas en promedio cada mes por las empresas de los dos conglomerados urbanos principales del Ecuador.
Esta es la reforma tributaria número 20 en 18 años.
La escalada se da luego que el presidente Daniel Noboa presentó en la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley urgente.
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), durante 2022 el flujo de remesas que ingresó al país fue de más de $ 4.700 millones.
La preferencia por productos ilegales estaría basada en la diferencia de precios debido al alto costo de impuestos de los productos legales.
El proyecto de ley de carácter económico urgente fue enviado al Legislativo este martes 28 de noviembre.
Si el trabajador no recibe su décimo tercero, el empleador puede ser sancionado por el Ministerio del Trabajo.
(...) a los agentes económicos les preocupa la incipiente caja fiscal que en noviembre no llegaba a $ 180 millones.
El 24 de diciembre de 2023 es el plazo máximo para cancelar el bono navideño.
El puntaje sirve como referencia en instituciones para otorgar créditos.
Los de Galápagos y Zamora Chinchipe ocupan los primeros lugares.
Este rubro corresponde a lo percibido entre el 1 de diciembre del año pasado al 30 de noviembre del 2023.
Al momento de hacer una compra o solicitar un servicio que genera el IVA, en ese momento lo cobran, por lo tanto nuestro dinero debe ser devuelto...
Ejecutivo y Legislativo tienen la primera oportunidad para darle esperanza al país cambiando estas cosas.
Como requisito principal para reactivar el turismo es la seguridad ciudadana...
Las instituciones sólidas permiten a sus autoridades tomar decisiones certeras, sin someterse al vaivén de los cambios políticos...
Hay tres de la región Costa que aparecen entre los quince primeros puestos.
Con un contrato especial se busca incentivar el empleo para mayores de 50 años, pero no recibiría indemnización por despido tras cumplir plazo acordado.
Un acuerdo ministerial, todavía no publicado en el Registro Oficial, cambiaría la duración máxima de dos a tres años.