Una de las restricciones de la política comercial en varios países en desarrollo ha sido su focalización al caso del intercambio de bienes: por lo general se evalúan los riesgos que correrían distintos sectores de la esfera real; sus posibilidades en determinadas coyunturas; cómo recurrir a disposiciones administrativas o arancelarias para la protección de ciertas producciones; la definición de subsidios y similares bajo la argumentación de que la competencia abierta podría generar desequilibrios en los mercados de trabajo, entre otros aspectos.

El Ecuador no ha sido la excepción. Hay una historia y una realidad que incidirá a futuro, precisamente cuando el mundo, a pesar de las ‘zonas grises’ que enfrenta el comercio actualmente, es más interdependiente y relacionado, en presencia de una revolución tecnológica que definirá un nuevo ordenamiento social –ya iniciado- en plazos más bien cortos.

El intercambio comercial privilegió, desde la Ronda Uruguay del antiguo GATT, las normas multilaterales, hoy puestas paradójicamente en duda por un país que objetivamente más se benefició del flujo de comercio libre, los EE.UU. En ese marco se definieron instrumentos y códigos que normarían el intercambio de servicios, la propiedad intelectual, las inversiones relacionadas con el comercio, el transporte y las compras públicas, entre los principales. El propio GATT de La Habana (1948) fue objeto de múltiples ‘entendimientos’, en un afán de clarificar sus normas. La creación de la OMC fue la concreción del esfuerzo desplegado entre 1986 y 1994, algo que Keynes planteó sin éxito en Bretton Woods, mucho antes.

El comercio moderno y los acuerdos comerciales negociados en estos años involucran todos esos ámbitos y, también, mayores precisiones y alcance (por ejemplo, inversiones). Los denominados acuerdos comerciales de “última generación” y su relativo auge obedecieron a la paralización de la Ronda de Doha de la OMC, quizá determinada por la reticencia de los países desarrollados a promover una mayor apertura en materia agrícola.

La contraparte de esa posición fue (simplificando) el estancamiento de las negociaciones en servicios, interés de esos países. De todos modos, un conjunto de miembros de la OMC decidió involucrarse en el denominado TISA (Trade in Services Agreement), que apunta a liberalizar totalmente el suministro de servicios y a precisar incluso normas y arbitrios regulatorios, sobre todo en telecomunicaciones, servicios de la información, financieros, pensiones, comercio electrónico, distribución, servicios prestados a las empresas, construcción e ingeniería, enseñanza, medio ambiente, salud, turismo, entre otros, en conversaciones que tienen el carácter de reservadas.

Un paquete, pues, muy importante de sus transacciones totales, siendo aquellos los servicios que ahora determinan el cambio de las estructuras económicas.

Ecuador no participa de este foro. Colombia, Perú, Chile y México son parte de tales negociaciones. Se los menciona, pues las autoridades nacionales de comercio han anunciado su interés de ser parte de la Alianza del Pacífico (ADP), que participa de ese esquema.

Las negociaciones del TISA se formalizaron en octubre de 2013, con el concurso de 23 países: EE.UU., la Unión Europea, Australia, Canadá, Hong Kong, Chile, Costa Rica y los ya citados, entre otros.

América Latina y el Caribe tienen, asimismo, una participación marginal en las exportaciones mundiales de servicios modernos (1,8% en 2016), comparado a la de bienes (casi 6%). Dentro de la región, los diez principales exportadores de servicios ‘modernos’ son (en orden decreciente): Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, México, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Guatemala.

Se focalizaron al inicio en la definición del alcance y reglas en las que se basaría la formulación de compromisos: el tipo de listas (negativas, positivas, híbridas); el trato nacional; las disciplinas vinculadas al tratamiento de las empresas públicas; los servicios gubernamentales; la localización; la solución de controversias, entre otros asuntos. Se busca acordar exclusivamente –lo que tiene varias y complejas implicaciones– la prestación transfronteriza de servicios, un asunto no fácil y sobre el que no se conoce ninguna posición oficial en Ecuador, en particular porque desde ya la ADP aplica similar procedimiento.

En estas negociaciones están involucrados los principales exportadores de servicios, a los que corresponde casi un 70% del monto global de suministros y países que participan en un 60% de las importaciones principales. Este es el nuevo mercado al que aspiran Colombia y Perú, mientras Bolivia y Ecuador aún marcan claras distancias, por lo señalado anteriormente y por complejas diferencias en sus matrices nacionales de intereses comerciales respecto a los ADP.

América Latina y el Caribe tienen, asimismo, una participación marginal en las exportaciones mundiales de servicios modernos (1,8% en 2016), comparado a la de bienes (casi 6%). Dentro de la región, los diez principales exportadores de servicios ‘modernos’ son (en orden decreciente): Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, México, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Guatemala.

Además de políticas e iniciativas particulares que promueven el desempeño nacional en cada ámbito, el éxito comercial y su aporte al crecimiento económico y social depende de manera crucial de su gobernanza. La gobernanza se refiere a los procesos formales e informales de interacción y trabajo colaborativo entre los actores públicos y privados para tomar decisiones, implementar políticas y evaluar sus resultados.

Este tema ha sido muy poco analizado en la región y en Ecuador, en el contexto de los servicios ‘modernos’. Por iniciativa de la Red Latinoamericana de Servicios, Redlas, del PNUD y coordinada eficientemente por la respectiva unidad especializada de la Cepal, en Buenos Aires, Argentina, se discutirán estos temas, cruciales, desde el día de mañana.

Un trabajo preparado especialmente para este evento discutirá la situación de la Comunidad Andina y específicamente del Ecuador en el proceso de gobernanza de los servicios ‘modernos’, los que tienen alta influencia sobre la productividad, competitividad y exportaciones de mercancías y el mercado nacional del trabajo. Hora de adoptar decisiones, para no abolir el futuro.

Sin un plan que defina objetivos, prioridades y opciones, difícilmente podrá concretarse cualquier acceso a la modernidad. Como decíamos en alguna ocasión, dejar la oscuridad exige conocimiento y proactividad. No solamente ‘buenas intenciones’, peor aún en la crítica coyuntura por la que atraviesa el país.(O)