Esta semana el presidente Moreno pidió de soslayo a José Serrano, presidente de la Asamblea, afrontar las consecuencias de sus errores –intuyo que se refería a los aflorados en su conversación con el excontralor Pólit– y que no arrastre a la institución con él. El primer mandatario dijo confiar en “que esa es la posición del compañero” y “espera (su) decisión patriótica”. Hubiera sido mejor que en el pedido incluyera a “otro compañero”: el fiscal Carlos Baca, así satisfaría parcialmente el clamor multitudinario contra el sistema de justicia, manifestado en distintas ciudades del país. Ese conglomerado perdió la confianza en dicho sistema y no cree más en la independencia de la investigación penal de la Fiscalía, especialmente en la que vincula o debería vincular a quienes fueron las máximas autoridades del Estado, hoy bajo sospecha de enriquecerse ilícitamente o de facilitárselo a otros.
Coincidimos con algunos pronunciamientos del presidente, en particular con su dicho de que para conducir el país se necesitan “personas que se comporten de acuerdo a los valores, de acuerdo a la ética y de acuerdo a la moral”. Por ello, es inaceptable que quienes no se han comportado así pretendan aferrarse a los máximos cargos de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado. Los aludidos no deberían tensar más el clima político, nada les asegura que exasperada la paciencia ciudadana, puedan librarse de consecuencias no pensadas ni deseadas.
La expresión de la inconformidad de los pueblos con los líderes envueltos en prácticas abusivas o de corrupción es impredecible. Recordemos lo acontecido al inicio de esta última década, en Túnez, Egipto, Yemen y Libia. Gadafi terminó sus días empalado. A esa rebelión se la conoció como la Primavera Árabe, en la que se derrocaron regímenes, dejando vacíos de poder, caos y terror.
No queremos una Primavera ecuatoriana, apelamos al resquicio de prudencia de los cuestionados para que renuncien; aunque asumimos que tendrán más de una recomendación como la del presidente. Es necesario, para alejarnos del desolador panorama venezolano. Pues la transición política del Ecuador ya está suficientemente amenazada por los problemas económicos; y con ellos, podría producirse otro éxodo de compatriotas (el intento de los adolescentes del austro, de abandonar el país en el tren de aterrizaje de un avión, sería un indicio).
Si Serrano y Baca carecen de sensibilidad para renunciar, entonces la Asamblea Nacional debe conducir con seriedad el procedimiento parlamentario al que hoy han sido llamados los susodichos. De lo contrario, se sumará más desgaste a la Función Legislativa, sobre la que ya pesan acusaciones de entorpecer intencionalmente la fiscalización y la reciente oposición a pedir la asistencia de una comisión internacional de las Naciones Unidas, para que investigue la corrupción en los últimos diez años del correato. Una valiente propuesta del asambleísta Héctor Yépez (antes SUMA), que es coherente con la promesa de campaña de los entonces candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso. La asambleísta Cristina Reyes también ofreció impulsar la venida de una Comisión Internacional Antiimpunidad como la de Guatemala, cuyos magníficos logros hemos comentado en esta columna. Y lo seguiremos haciendo. (O)
