La exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Yadira Saltos Rivas fue la última de otros tres exconsejeros que logró reducir una sanción por una infracción electoral y recuperará sus derechos políticos en febrero de 2026.
En una resolución emitida el 31 de octubre de 2025, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Juan Patricio Maldonado Benítez aceptó un pedido que hizo Yadira Saltos (el 29 de octubre) para modular una sanción que se le impuso en enero del año anterior por haber incumplido el artículo 279 del Código de la Democracia e incumplir una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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El pleno del TCE la sancionó con la destitución de su cargo de vocal del CPCCS, la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años y el pago de una multa por $ 31.500, con base en lo que estipulaba el Código.
Pero este viernes, Maldonado redujo la sanción que suspendió sus derechos políticos a un año, con lo que podrá acceder a cargos públicos y de elección popular.
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Esta modulación se hizo debido a las reformas al Código electoral vigente desde junio pasado, que se aprobaron con 125 votos de los asambleístas del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), del correísmo, Revolución Ciudadana (RC), y de algunos independientes.
Antes, quienes incumplían las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral podían ser sancionados con multas desde 21 hasta 70 salarios, la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Ahora, tras la modificación, esta infracción se sanciona con multas desde once salarios básicos hasta 50, la destitución y/o suspensión de derechos de participación hasta un año.
De esta acción legislativa se beneficiaron, además de Saltos, Vielka Párraga Macías, Augusto Verduga Sánchez y Eduardo Franco Loor, exconsejeros de Participación Ciudadana conocidos como la ‘liga azul’, que perdieron sus funciones porque hicieron campaña electoral junto con el movimiento correísta de la RC, lo que es prohibido por la Constitución, la ley y una resolución que emitió el CNE.
La sentencia que los sancionó está ejecutoriada desde el 7 de febrero de 2025, por lo que en la misma fecha del 2026 se cumpliría un año de suspensión de los derechos políticos.
El primero en recurrir a esta acción fue Verduga, quien pidió que se “establezca la imposibilidad de ejecutar las sanciones constantes en la sentencia emitida del 31 de enero, debido a la inexistencia sobrevenida de la norma que sirvió de fundamento jurídico para dicha decisión y se aplique el principio de favorabilidad”.
En el plano penal, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco enfrentan un proceso en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por presunta asociación ilícita en el denominado caso Liga2.
Así lo identificó la Fiscalía General del Estado, que los investiga porque “habrían utilizado su cargo para cometer delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas”.
Entre estos actos está la designación de un titular de la Superintendente de Bancos “afín a un partido político”.
Se los acusa de ser sospechosos de articular “una estrategia para dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias”, de acuerdo con los elementos recabados por la Fiscalía.
A los tres exconsejeros se suman otros sospechosos, como Andrés Arauz, dirigente político de la RC; la exlegisladora Esther Cuesta, la actual vocal del CPCCS Nicole Bonifaz, y otros más.
En contra de Cuesta, en la Corte Nacional está en trámite un pedido de revisión de la medida de prisión preventiva que se dictó en su contra, por haber incumplido una primera orden de presentación periódica. (I)