Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del candidato presidencial asesinado en 2023, Fernando Villavicencio, piden a la jueza de Pichincha Luz María Ortiz que defina fecha para que reconozcan su firma y rúbrica como acusación particular en el caso Magnicidio FV, y adelantan que renuncian de forma expresa a cualquier reparación económica que se desprenda de una sentencia de culpabilidad.
Los pedidos y anuncios que hacen las hijas del periodista de 59 años que fue asesinado al estilo sicariato llegan dentro de los 30 días finales que le quedan a la instrucción fiscal de un proceso penal en el que se investiga como posibles autores intelectuales del crimen a José Serrano, exministro de Rafael Correa; a los llamados a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán y Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC); y al condenado por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo.
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En el escrito presentado en la causa, Tamia y Amanda Villavicencio señalan que, en atención al desarrollo de la investigación penal y a los elementos de convicción incorporados legalmente al expediente, la participación de José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán en el asesinato de Fernando Villavicencio se configura en los términos de la coautoría funcional con dominio del hecho, conforme lo prevén los artículos 42, 43 y 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en relación directa con el tipo penal de asesinato previsto en el artículo 140 del mismo cuerpo normativo.
“Existe una organización criminal con estructura jerárquica, reparto funcional de tareas y convergencia de voluntades, donde ninguno de los procesados actuó de manera aislada, sino que sus conductas se articularon en un mismo plan, conforme a la teoría del dominio funcional del hecho. De las versiones, testimonios anticipados, pericias de análisis forense de dispositivos electrónicos, informes de tráfico y metadatos de comunicaciones, extracción legal de chats, se verifica que los procesados mantuvieron comunicaciones constantes, dirigidas, orientadas y funcionales entre sí y con terceros operadores, comunicaciones que permitieron la planificación, preparación, coordinación, ejecución y posterior aseguramiento del crimen”, explican.
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Las hijas del presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye asesinado el 9 de agosto de 2023 no descartan la ampliación de la presente acusación particular, debido a que en la información recabada en la investigación penal y por el análisis de nuevos elementos de convicción se evidencia la posible participación de otros actores aún no procesados, cuya intervención habría contribuido a la planificación, financiamiento, encubrimiento o ejecución del magnicidio de Fernando Villavicencio.
Dentro del escrito, Tamia y Amanda Villavicencio, quienes comparecen en el proceso deduciendo acusación particular como víctimas indirectas, de forma expresa renunciaron a cualquier indemnización de tipo económico o compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente, como lo define el artículo 78 del COIP en su numeral 3.
La renuncia llega porque estas “víctimas indirectas” están convencidas de que cualquier reparación económica no es bien traída dada la naturaleza del delito que se está juzgando: el magnicidio de su padre en manos de sicarios que habrían respondido a una paga por parte de los hoy procesados como autores intelectuales. Por ello, sin lugar a dudas, Tamia y Amanda Villavicencio creen que la reparación económica (monetaria) provendría del mismo origen del dinero con el que se compró a los sicarios; por lo tanto, no es ético recibir un centavo de dólar por parte de los procesados.
“Al deducir esta acusación particular pretendemos que los procesados, una vez declarada su culpabilidad en una fecha que el juez o jueza de la causa señale, en audiencia pública y transmitida por el medio que se considere pertinente, frente a nosotros escuchemos de parte de ellos el reconocimiento de su culpabilidad sobre la base de la sentencia dictada. Es decir, que ante nuestros ojos y los ojos de millones de ecuatorianos digan: ‘Somos culpables del magnicidio de Fernando Villavicencio’”, señalan como pretensión en este ámbito quienes piden a la jueza Ortiz que se las reconozca jurídicamente como acusadoras particulares. (I)