En medio de audiencias de revisión de medidas cautelares, el ingreso de información tributaria y notarial, el pedido a entidades bancarias de certificación sobre el movimiento de cuentas, cheques..., solicitudes de asistencia penal a Panamá, la definición de algunas versiones, la realización de pericias y audiencias privadas de extracción de información, entre otras diligencias, han transcurrido los primeros 30 días de los 90 definidos para la instrucción fiscal por el delito de cohecho.
Desde el 5 de marzo pasado son procesadas dentro del caso denominado por Fiscalía como Sinohydro, inicialmente ubicado como INA Papers, 37 personas, entre ellas, el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, la hija de ambos Irina Moreno, dos hermanos y dos cuñadas del exmandatario ecuatoriano, quien desde enero de 2022 se encuentra en Asunción del Paraguay ocupando un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA).
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La fiscal general, Diana Salazar, sostiene que en el caso Sinohydro la magnitud económica y técnica del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair fue el escenario idóneo para que ciertos funcionarios públicos, entre 2009 y 2018, reciban “cuantiosas dádivas” a cambio de un sinnúmero de contraprestaciones que no debían ser sujetas a otras retribuciones que no sean sus sueldos en el sector público.
Es ‘secreto de Estado’. Así se rehusó Sinohydro a entregar información a la Fiscalía ecuatoriana
Además de exfuncionarios públicos como Henry Galarza y Francisco Castelló, Salazar presentó elementos para formular cargos contra Conto Patiño, amigo del expresidente, cuatro hijos de este empresario, así como otros familiares directos e indirectos, abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex. Justamente una cuenta creada en Panamá a nombre de Recorsa es calificada como la “cuenta madre” a la que habrían llegado los dineros de la supuesta coima.
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A las 37 personas se las acusa de ser parte de una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. A modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones que, según la teoría de Fiscalía, fue repartida entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques.
Las actuaciones de Lenín Moreno, según Salazar, habrían sido decisivas y permitieron solucionar los problemas que existían para suscribir el contrato de préstamo entre la República del Ecuador y el Eximbank de China por el valor de $ 1.682.745, recursos destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En cambio, sostiene la Fiscalía, Conto Patiño y su empresa Recorsa habrían sido la conexión para generar la fachada de un trabajo hecho para Sinohydro y a partir de ello que se depositen dineros que no eran pago de un servicio sino “dádivas”.
Contra la fiscal general se han planteado críticas por supuestamente haber tenido guardada en un cajón esta investigación y demorarse casi cuatro años para formular cargos cuando, señalan, había pruebas suficientes. En respuesta, Diana Salazar ha dicho que la Fiscalía que dirige no actúa a pedido, sino en el momento en el que obtiene pruebas directas que le permitan sostener los casos.
Al menos diez asistencias penales internacionales ha solicitado la Fiscalía a países como Panamá, Estados Unidos, Suiza, España, Paraguay, Belice y China. Todos, a excepción de China, habrían respondido demorándose en promedio catorce meses. China no habría hasta el momento entregado información solicitada, pero aún así Salazar ha expresado que, pese a ello, existe suficiente información para sustentar la teoría de procesamiento.
“La fiscal general es la que tiene que sustentar los cargos ante la Corte, no políticamente, no ante los medios. Yo tengo que probar con pruebas directas y solo en el momento de que tengo la capacidad de hacerlo paso a una instrucción fiscal”, señaló hace pocos días en la Asamblea la fiscal general.
Por su parte, el expresidente Moreno ha dicho que no tiene nada que ver con la compra de un departamento en Alicante, España, ni con unos muebles finos que le fueron encargados por dos de los hoy procesados en su departamento en Ginebra, Suiza. Se ha declarado un perseguido político y critica el que no se esté investigando a los responsables políticos que manejaron el proyecto Coca Codo Sinclair, entre ellos, con quienes formó binomios presidenciales, Rafael Correa y Jorge Glas.
En el arranque de esta instrucción fiscal, Correa, líder de la Revolución Ciudadana sobre quien pesa una sentencia en firme por el delito de cohecho, parte del caso Sobornos 2012-2016, fue convocado a rendir una versión libre y sin juramento. Al supuestamente no haber sido notificados como corresponde, pues su lugar de residencia es en Bélgica desde mediados de 2017, ni Correa ni su abogado asistieron al llamado.
En una entrevista con Diario EL UNIVERSO hace pocas semanas, Salazar anotó que en el caso Sinohydro están siendo procesadas las 37 personas identificadas como beneficiarias directas o a través de compañías de transferencias con dineros parte de los $ 76 millones entregados a modo de sobornos. Resaltó que no está persiguiendo ni a una profesión ni a exfuncionarios públicos, y no descarta que puedan darse vinculaciones, pues aún no se cierran los 90 días de instrucción fiscal.
De los 34 procesados que deben cumplir una medida cautelar de presentación periódica, sea cada ocho o quince días ante la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional, solo 24 han cumplido con la disposición. Lenín Moreno, su esposa, su hija, los amigos del exmandatario Xavier Macías Carmigniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño, además del exembajador chino Cai Runguo serían parte de la lista de quienes no se han presentado como inicialmente el conjuez Luis Adrián Rojas lo dispuso.
Ante ello se estaría esperando conocer un pedido desde la Fiscalía para que se defina una fecha y hora en la que se realice una audiencia en la que se trate la revisión de las medidas que han incumplido varios de los procesados en este caso.
Hace pocas semanas a Moreno, su esposa, su hija, a su hermano Guillermo Moreno y otros cuatro procesados se les negó la revisión de medidas cautelares. El expresidente y su pareja buscan que la presentación cada quince días se realice en la delegación consular de Ecuador en Paraguay; Irina Moreno quería presentarse en Miami, Estados Unidos; Macías Carmigniani y su esposa querían cumplir su medidas de presentación en Panamá. Ninguno de estos pedidos fueron aceptados por el conjuez a cargo del procesamiento penal, Bayardo Espinosa. (I)