Apenas cuatro días les queda a las organizaciones sociales y políticas para solicitar la inscripción y participar de la campaña electoral por el sí o el no de las dos preguntas de referéndum para la reforma parcial de la Constitución, que se someterá a la voluntad popular el 16 de noviembre de 2025.
Una vez que la noche del 22 de septiembre en cadena nacional el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó oficialmente a 13′938.724 ecuatorianos a votar, se abrió la fase de inscripciones para los actores políticos y de la sociedad civil que deseen hacer propaganda por el sí o el no a las dos preguntas de reforma constitucional propuestas por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Las dos preguntas señalan:
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- ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? El objetivo es cambiar el artículo 5 de la Constitución para que en adelante diga: “El Ecuador es un territorio de paz“.
- ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Se propone cambiar el artículo 110 de la norma.
El calendario fijó un plazo de cuatro días para hacer este trámite: desde el 23 de septiembre hasta el 27 de septiembre.
Por ahora, hasta el Consejo ha llegado la solicitud de inscripción de tres agrupaciones, los afiliados del Partido Unidad Popular (PUP), lista 2; el Nuevo Ecuador Profesional y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).
“Hemos resuelto convocar al pueblo a decirle no a un gobierno incapaz, mentiroso y que quiere someternos a tropas extranjeras y que quiere que la política sea de las grandes chequeras y de quienes están vinculados al narcotráfico. Esta es una oportunidad de ejercer el derecho para expresarnos, de entender que no solo que estas dos preguntas no resuelven los problemas del país, sino de que es la verdadera oportunidad de convertirla en un plebiscito si queremos sancionar la incapacidad en la atención en salud, educación del Gobierno”, recriminó Geovanni Atarihuana, director nacional del PUP, que acudió este martes al Consejo para ingresar su documentación.
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Después del sábado y con el número total de solicitudes de inscripción, el CNE resolverá si los grupos sociales y políticos cumplen requisitos de ley y podrán difundir sus posiciones durante el periodo de proselitismo que va del 1 de noviembre al 13 de noviembre.
Para estas actividades el pleno del CNE proyectó los valores que comprenden el límite del gasto electoral, que se refiere a los recursos (dinero) privados que pueden recibir de aportes los sujetos políticos para hacer propaganda; y, el Fondo de Promoción Electoral, que son recursos del Estado que se distribuyen entre los participantes para la campaña en radio, televisión, prensa escrita y digital.
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En este caso, el límite del gasto electoral es de $ 5′575.489, de los que podrán gastar hasta $ 2′787.744 para el sí y el mismo valor para el no.
Mientras, la proyección del Fondo de Promoción es de $ 418.161 de los que $ 209.080 se distribuirán para los inscritos por el sí y los otros $ 209.080 para el no.
Si bien el proceso electoral está en desarrollo, aún hay expectativa por definir si se sumará una tercera pregunta a este referéndum, pero de consulta popular.
El presidente del Gobierno, Daniel Noboa, quiere consultar a la población si está de acuerdo en que se instale una asamblea constituyente que elabore una “nueva Constitución”, cuyo estatuto —que definirá el funcionamiento de este órgano legislativo— está en análisis de la Corte Constitucional (CC) para determinar la constitucionalidad de los considerandos, la pregunta y el mismo estatuto.
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De haber un dictamen favorable, el CNE podrá organizar este plebiscito, aunque tendrá que consultar a los altos magistrados sobre la viabilidad de incluir esta papeleta en los comicios del 16 de noviembre.
De concretarse estos procedimientos, las organizaciones políticas y colectivos sociales —incluso las que resulten inscritas para hacer campaña por el referéndum— tendrán que volver a registrarse para promocionar el sí y el no para la instalación de una asamblea constituyente.
Según se explicó en el CNE, ello implicará que se contemplen nuevos plazos que permitan a los actores de la sociedad civil hacer el trámite de inscripción.
En el caso de Unidad Popular, por ejemplo, Geovanni Atarihuana anticipó que se volverán a registrar para expresar su posición. “No a la constituyente, porque busca eliminar derechos, libertades y privatizar los servicios públicos y concentrar el poder en las manos de Daniel Noboa”, dijo. (I)
