Mientras el oficialismo espera que esta vez la Corte Constitucional tenga “sensatez” cuando revise las siete preguntas de la segunda propuesta de consulta popular del Gobierno, el sector de oposición afirma que es una confrontación y una afrenta a los jueces guardianes de la Constitución.
Tanto el sector oficialista como la oposición consideran que hay preguntas, en este segundo pedido de consulta, que pueden ser tramitadas vía Asamblea Nacional reformando a la ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales, e inclusive existe un proyecto de ley que está suspendida la votación del informe para segundo debate, y puede ser la vía más expedita.
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Viviana Veloz, coordinadora de la bancada Revolución Ciudadana, considera que el presidente Noboa recibe un mal asesoramiento desde la secretaría jurídica de la Presidencia, porque las preguntas que envía a la Corte Constitucional están mal formuladas, pero también presentan un grave riesgo al sistema democrático.
Para este sector político, con las preguntas se pretende concentrar el poder sobre la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, de la misma forma hay un grave riesgo a los derechos fundamentales y sobre todo, a la independencia judicial en materia constitucional.
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Dijo que existen preguntas que se pueden tranquilamente tramitar en la Asamblea Nacional como la nueva ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que no requiere de consulta al pueblo porque incluso la misma Corte ya se ha pronunciado anteriormente sobre esta naturaleza.
El presidente Noboa, añadió Veloz, tiene mayoría legislativa y puede enviar un proyecto de ley y aprobarlo, pero aquí quizá “lo que se esconde en esta nueva ley de Garantías Jurisdiccionales es imponer esta pretensión de juicio político a la Corte Constitucional que no se dio paso en las preguntas que se enviaron anteriormente”.
Sobre la pregunta para que exista el registro de los agresores sexuales o de violadores, dijo que de manera personal está de acuerdo, aunque también indicó que desde hace un año está en trámite un proyecto de ley de esa naturaleza en la Comisión de Justicia y no se da trámite.
Veloz aseguró que con esta nueva propuesta de consulta se puede observar que hay una obsesión por parte del presidente de la República, está creando un escenario de confrontación; “quieren implosionar las relaciones con la Corte Constitucional olvidando que la Corte cumple un deber y ese deber es ser guardián de la Constitución de la República”.
Dijo también que la pretensión del Gobierno es llamar a una constituyente porque al presentar preguntas mal formuladas y que quizá la Corte no le dé paso, después con esto argumentar que se debe dar lugar a una asamblea constituyente.
Respecto a la pregunta que prohíbe el uso de imagen de personas sentenciadas por delitos contra la administración pública, Veloz señaló que ahí se refleja el temor a un expresidente de la República porque es una pregunta con dedicatoria a Rafael Correa, y que con esa pregunta se pretende bloquear su voz, su imagen, algo que es totalmente sacado fuera de sí.
Esteban Torres, asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), dijo que el Gobierno no se rinde y por eso envió un nuevo petitorio de preguntas, que esperan que la Corte, con estas modificaciones, no vuelva a darles la espalda a los ecuatorianos, pues es insólito que en el tema del registro de violadores que existe en muchos países, aquí la Corte dice “que hay que proteger a los violadores, no a las víctimas”.
Torres espera que haya sensatez y un sentido de país en la Corte, pues a su criterio las preguntas no deberían tener ningún tipo de oposición y hay que entender el procedimiento planteado.
El representante de ADN comentó que plantear reformas a la ley de Garantías Jurisdiccionales Constitucionales vía referéndum es un mensaje a la Corte, porque la Corte se pronuncia en el primer petitorio en contra de una reforma para que sean susceptibles ellos de control político.
En esta nueva pregunta, explicó Torres, se plantea una reforma por medio de la cual para declarar, por ejemplo, la constitucionalidad de una ley del presidente se requieren al menos seis votos de nueve, no los cinco que se acostumbra ahora. Pero vamos a ver cómo se pronuncia la Corte.
“Aquí de lo que se trata es de marcar la cancha”, afirmó Torres, porque el grueso de la población está cansado de que por decisiones de jueces en general se vayan deteniendo acciones contundentes.
Alfredo Serrano, del PSC, considera que existe un choque de trenes y que ventajosamente la Corte Constitucional no está cayendo en la provocación y eso es positivo para el país y para la democracia. El presidente quiere confrontar con preguntas que, obviamente, no resuelven los problemas del país.
Dijo que en el paquete de preguntas hay temas que no merecen ser consultados, porque bien puede el presidente de la República enviar un proyecto de ley de la nueva ley de Garantías Jurisdiccionales, o tramitar la ley que está en la Asamblea Nacional más de dos años en trámite.
Indicó que al plantearle a la Corte temas que por obvio sentido y lógica van a ser negados, el Gobierno terminará en el discurso de que la Corte ha negado, está en contra, favorece la delincuencia, y por lo tanto, esa carga que tiene el Gobierno de luchar contra la delincuencia se la quiere trasladar a la CC.
Insistió en que el presidente puede tramitar vía ordinaria la nueva ley de Garantías Jurisdiccionales o enancarse en el proyecto que ya está en trámite. Pero explicó que se quiere cambiar la ley de Garantías, porque en este choque y confrontación con la Corte pretenden bajar atribuciones de la Corte.
En definitiva, anotó que no se puede preguntar al país sobre reformas legales que competen a la Función Legislativa. (I)