Para las elecciones presidenciales del 2025 o si hay una muerte cruzada que provoque un proceso electoral anticipado en los próximos meses, el activista político y expresidente Rafael Correa presagia la instalación de una asamblea constituyente que evitaría superar los controles de los jueces de la Corte Constitucional (CC), en el caso de que los candidatos de su movimiento Revolución Ciudadana (RC) lleguen a ocupar la Presidencia de la República.

Después de diez años de mandato, Rafael Correa, se trasladó a vivir en Bélgica, mientras en Ecuador enfrenta un llamado a juicio por secuestro y una pena de cárcel de ocho años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, lo que le impide regresar el país y ser candidato a una dignidad de elección popular.

Sin embargo, desde el extranjero coordina las acciones políticas a través de los dirigentes y militantes del movimiento de la Revolución Ciudadana.

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Es así que en una entrevista para el portal digital El Tablero de España adelantó, en una breve reseña, cuáles serían los primeros movimientos de una estrategia que aplicaría su agrupación política si llegan a ganar las elecciones generales del 2025; o, de ser el caso, si el presidente de la República, Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea Nacional en medio del juicio político que se sustancia en su contra.

“Si ganamos las elecciones en el 2025, o antes, vamos a estar totalmente cercados. Esa Corte Constitucional deroga decretos presidenciales, deroga leyes, interpreta la Constitución y con eso legisla… Entonces gobernarían ellos. Tendríamos que ir a una constituyente, además de ganar las elecciones, para poder recuperar el país. De lo contrario, se va a poder hacer muy poco, dado que se han apoderado de todo el Estado”, reflexionó en ese espacio, transmitido el 5 de abril.

Cree que, aunque ganen los próximos procesos electorales, quienes se oponen a su proyecto político “se han tomado todo”.

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El político criticó a los nueve jueces que componen la Corte Constitucional, porque son una ”herencia del trujillato”. Esto en referencia a que en el 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, se convocó a una consulta popular que instaló un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición que evaluó a las autoridades de todas las instituciones del Estado y destituyó a aquellos sobre los que se concluyó que incumplieron sus funciones.

El jurista Julio César Trujillo, quien falleció en el 2019, presidió ese organismo y, según Correa, era un “chiflado” que cuando evaluó y destituyó a los jueces de la Corte Constitucional que operaron en su gobierno declaró una ‘vacancia’ que fue un “golpe de Estado”.

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Los jueces del anterior pleno de la Corte Constitucional eran criticados por su afinidad a Rafael Correa. Una de ellas, la exjueza Pamela Martínez, fue procesada en el caso Sobornos 2012-2016.

De acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional es el “máximo organismo de control constitucional” y sus sentencias y autos son de carácter definitivo e inapelable.

En la actualidad la componen los jueces Alí Lozada (presidente), Carmen Corral (vicepresidenta), Daniela Salazar, Enrique Herrería, Teresa Nuques, Jhoel Escudero, Richard Ortiz, Karla Andrade y Alejandra Cárdenas.

Uno de sus últimos fallos fue el dictamen de admisibilidad con el que se admitió a trámite el juicio político por presunto peculado en contra de Guillermo Lasso que impulsa la bancada militante de Rafael Correa, Unión por la Esperanza (UNES), en conjunto con el Partido Social Cristiano (PSC) y otros asambleístas separados de sus bloques legislativos de origen.

Seis de los nueve jueces aceptaron aprobar esta interpelación: Alí Lozada, Daniela Salazar, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Richard Ortiz y Jhoel Escudero; los tres jueces restantes, Enrique Herrería, Teresa Nuques y Carmen Corral, emitieron un voto salvado (en contra).

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Su decisión se tomó bajo las advertencias de agrupaciones de la sociedad civil, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cuyo presidente Leonidas Iza amenazó con convocar a movilizaciones para que den paso al juicio político.

Rafael Correa dice que no conoce a Leonidas Iza ni comparte su visión, pero le parece “un tipo auténtico y honesto”, frente a otros líderes sociales a los que considera corruptos.

“Es un engaño que se vive: que como son indígenas son buenos. Los indígenas han sido víctimas y hay que repararlas, pero eso no los hace superiores a los no victimizados. Eso no los hace referencia del bien y el mal. Eso no les da todas las respuestas y no son ejemplo del buen vivir. Es un grupo humano en donde hay buenos y malos. Honestos y corruptos, como en todo grupo humano”, dijo.

Añadió que la dirigencia indígena está “totalmente corrompida, totalmente infiltrada y hay dirigentes que tienen sus fundaciones (financiadas por instituciones extranjeras). Cambiemos ese chip de que como son indígenas son buenos; había mucha corrupción, incoherencia, oportunismo... Leonidas Iza es un tipo honesto y coherente y eso es un avance”, manifestó. (I)