Este 22 de diciembre se cumplen dos meses desde que se levantó el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las movilizaciones más prolongadas y conflictivas que ha vivido el país en los últimos años.
El paro se desarrolló entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, tuvo como epicentro la provincia de Imbabura, provocó cierres de vías a gran escala y dejó un saldo de tres personas fallecidas. Sin embargo, la fiscalización emprendida por la Asamblea Nacional aún no termina y el informe se conocería en el primer trimestre de 2026.
La movilización se originó por la aplicación del Decreto Ejecutivo n.º 126, mediante el cual el Gobierno eliminó el subsidio al diésel. En ese contexto, el precio del combustible pasó de $ 1,80 a $ 2,80 por galón, lo que detonó el rechazo de organizaciones indígenas y sociales. Durante el mes de protestas se registraron enfrentamientos, desmanes, cierre de vías, quema de vehículos, ataques a retenes policiales, heridos entre civiles, militares y policiales, y decenas de detenidos.
Ante el escenario de conflictividad, el Ejecutivo decretó el estado de excepción y dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas como apoyo complementario a la Policía Nacional para contener la violencia.
La investigación de lo que sucedió en los 30 días de movilización, incluyendo la muerte de tres personas, no fue parte de las urgencias de la legislatura, y el proceso de fiscalización tendrá que esperar el retorno de los asambleístas, quienes se acogieron a un periodo de receso por quince días.
Disputa por la fiscalización
En la Asamblea Nacional, la investigación del paro derivó en una disputa entre comisiones especializadas permanentes. Inicialmente, la Comisión de Garantías Constitucionales empezó el proceso de fiscalización con la comparecencia de familiares de Efraín Fuerez, comunero, agricultor y artesano indígena, la primera víctima mortal registrada durante las protestas en Imbabura.
No obstante, el oficialismo, a través del Consejo de Administración Legislativa (CAL), retiró el caso de esa mesa y lo trasladó a la Comisión de Seguridad Integral, controlada por el oficialismo y presidida por la asambleísta Inés Alarcón.
Desde entonces, el proceso se ha estancado. La Comisión de Seguridad Integral hasta el momento tuvo dos sesiones en un solo día y, según legisladores de oposición, no ha logrado avances sustanciales.
Lo único que existe hasta el momento es un informe parcial elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), en el que se concluye que la muerte de Efraín Fuerez y las demás víctimas registradas es consecuencia directa del uso ilegítimo de la fuerza ordenado políticamente por el Ejecutivo. La cadena de mando mantiene la responsabilidad en el nivel presidencial.
Que la respuesta estatal no se enmarcó en criterios de contención proporcional ni en medidas legítimas, sino en un esquema represivo orientado a neutralizar la protesta social. Que el conflicto fue tratado como problema “de seguridad” y no como una protesta constitucional, y que no se agotaron las vías políticas.
En el documento se señala que el uso de la fuerza pública contra la población civil desarmada en ausencia del estado de excepción configura una violación grave y sistemática a los derechos humanos, atribuible institucionalmente al Ejecutivo, conforme al bloque de constitucionalidad y a los estándares interamericanos.
También señala que la mayoría legislativa del bloque oficialista impidió la fiscalización inicial, y que la Asamblea Nacional no actuó como freno al poder, sino como escudo institucional del Ejecutivo durante el paro.
Como recomendaciones, este informe parcial elaborado en octubre de 2025 plantea que el Ejecutivo disponga el cese inmediato de la intervención militar en tareas de control de la protesta, desmilitarización de los territorios indígenas, garantizando el restablecimiento de la protección de derechos como primera función estatal.
Que se entregue información oficial sobre protocolos de actuación por parte del Ejecutivo, sobre la cadena de mando y órdenes impartidas durante la represión. Además, se instruya el cese de criminalización y persecución contra líderes y comunidades organizadas.
Denuncias de dilación y falta de voluntad política
La asambleísta Jahiren Noriega (RC), integrante de la Comisión de Seguridad Integral, sostiene que la fiscalización impulsada inicialmente por garantías constitucionales puso énfasis en las víctimas mortales, las personas que quedaron con discapacidades permanentes, los casos de mutilaciones, así como en las denuncias de ataques a la libertad de expresión contra periodistas y medios comunitarios cerrados durante el paro.
Asegura que el traslado del proceso a la Comisión de Seguridad fue arbitrario y respondió al argumento de que se trataba de un tema de seguridad nacional, cuando el enfoque central debía ser la investigación de violaciones a derechos humanos. “El caso pasó a Seguridad y hubo varias semanas sin sesiones pese a la urgencia del tema y a que el país exige verdad, justicia y reparación”, resalta.
Tras la conclusión del paro, la Comisión de Seguridad sesionó dos veces el 22 de octubre, para recibir a autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en ambas ocasiones los ministros no acudieron y enviaron delegados de menor rango, que no son sujetos de control político. Según Noriega, en esas sesiones no se proporcionó información relevante sobre los hechos en los que policías y militares habrían estado involucrados, incluidos posibles casos de ejecución extrajudicial y violaciones a la libertad de expresión.
La legisladora recordó que presentó cinco videos que, a su criterio, evidencian el uso excesivo de la fuerza en la muerte de Efraín Fuerez, un comunero que huía de la represión policial. “Desde esa comparecencia no ha pasado nada. Llegamos a los dos meses y no hay resultados. Nos iremos al receso y la comisión no ha vuelto a sesionar sobre este tema”, lamentó.
Desde el movimiento Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay coincidió en que la fiscalización se ha diluido en el caso del paro en Imbabura. Que la Comisión de Seguridad Integral a la que pertenece solo se reunió un día y no volvió a convocarse pese a que en esa sesión tampoco acudió el ministro de Defensa, Jean Carlo Loffredo.
Yumbay sostiene que el traslado del caso a la Comisión de Seguridad respondió a una estrategia para evitar que se determinen responsabilidades políticas, ya que en esa mesa el Gobierno tiene mayoría.
Por su parte, Héctor Rodríguez, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales por la RC, calificó al CAL como “una comisaría antifiscalización de Carondelet”. Asegura que existe una lógica de ataque preventivo para frenar investigaciones que puedan afectar al Ejecutivo, retirando los casos de las comisiones que ya avocaron conocimiento y enviándolos a otras mesas donde “los temas mueren”.
Rodríguez explica que el informe parcial elaborado por Garantías Constitucionales recogió testimonios de expertos jurídicos, familiares de las víctimas y organizaciones sociales, e incluso estableció la presunción de posibles delitos de lesa humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma. Estos hallazgos, dijo, deberán ser procesados en instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales, pues se trata de delitos que no prescriben.
El informe, para fines de enero
Desde la presidencia de la Comisión de Seguridad Integral, la asambleísta Inés Alarcón (ADN) defendió el proceso seguido hasta ahora. Señala que existen comparecencias realizadas y una hoja de ruta abierta, aunque reconoció que aún faltan actores por escuchar. Según Alarcón, el informe final estaría listo a finales de enero del próximo año y será remitido al pleno de la Asamblea Nacional.
“La fiscalización debe hacerse con premura, pero también con responsabilidad”, afirma la representante de ADN en Pichincha, quien dice que su comisión busca evitar la revictimización y el “show político”, y que priorizará un informe viable, con recomendaciones que puedan aplicarse y que ayuden a evitar que hechos similares se repitan en el país. “Aquí no importa la bandera política, importa que un ecuatoriano murió en la calle”, enfatiza.
Al cumplirse dos meses del fin del paro, las familias de las víctimas y diversos sectores sociales siguen a la espera de un informe en el que incluya verdad, reparación y se determinen responsabilidades políticas en un proceso de fiscalización que, por ahora, reposa en la Comisión de Seguridad Integral. (I)