La pugna entre el Ejecutivo y Legislativo trascendió lo político y pasó a lo administrativo en la Asamblea Nacional, donde se registraron cambios en las cuotas que ocupaba la bancada del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN). También se movió al comandante de la escolta legislativa, lo cual causó que los poderes del Estado ahora litiguen ante la justicia.

En el movimiento oficialista ADN se señala que al menos 40 personas que eran cuota política del bloque fueron desvinculadas en la Asamblea Nacional. El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, dispuso la notificación de secretarios y prosecretarios en las cinco comisiones especializadas permanentes, que son presididas por asambleístas de la agrupación del presidente Daniel Noboa.

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La hostilidad de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo llevó a desvincular al secretario y prosecretario en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida por la legisladora Nathaly Farinango (ADN); en la comisión de Desarrollo Económico, que preside Valentina Centeno (ADN); en la mesa de Relaciones Internacionales, presidida por Jonathan Parra (ADN); en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, presidida por Jorge Guevara (ADN); y en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, cuya presidenta es Inés Alarcón (ADN).

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En respuesta, el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional, dispuso el traslado temporal por 120 días del comandante de la escolta legislativa, coronel Francisco Zumárraga Aguinaga, a la Comandancia Subzonal de Policía de Chimborazo. En su reemplazo se ubicó al coronel Hernán Patricio Uzcátegui Saltos.

Esa orden movió más el avispero, y hoy el Legislativo y el Ejecutivo se enfrentan en un litigio judicial, porque Henry Kronfle, a través de su procurador judicial, Christian Proaño, presentó una medida cautelar para bloquear la decisión del Gobierno de remover al coronel Zumárraga, que es muy cercano a él.

En el escrito judicial, Kronfle afirma que el traslado temporal de Zumárraga es arbitrario e inoportuno, y que “pone en riesgo la seguridad integral de las instalaciones de la Función Legislativa, de los asambleístas, del personal legislativo y de la ciudadanía en calidad de usuarios y visitantes a las dependencias de la Función Legislativa”.

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Al salir en defensa del coronel Zumárraga, Kronfle señala que el oficial logró aprobar una estructura posicional de la escolta legislativa que responde a un profundo análisis y estudio sobre las necesidades operativas que requiere la Asamblea; y, por ello, en mayo pasado aplicó el megasimulacro de 2024. Por lo tanto, él conoce de manera efectiva las instalaciones, los planes de seguridad y las políticas de ese poder del Estado.

Ante la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito, las dos instituciones litigan, y ahí la Asamblea sostiene que las motivaciones del traslado dispuesto desde la Comandancia de la Policía no son suficientes, porque Zumárraga sería reemplazado en su cargo como comandante de la escolta legislativa por otro oficial directivo con el mismo grado de coronel, pero “con la particularidad de que el coronel Francisco Zumárraga cuenta con la experiencia, especialización, competencias, habilidades y destrezas…”.

El escrito presentado por Kronfle contiene 20 fojas donde dice que el traslado dispuesto de Zumárraga no atiende a un análisis técnico ni de las necesidades institucionales de la Policía Nacional, y mucho menos de las necesidades institucionales de la Asamblea Nacional, sino que esta es una decisión arbitraria y, por lo tanto, inconstitucional.

Por ello, desde la Asamblea se pide a la Unidad Judicial que deje sin efecto el traslado y conceda la medida cautelar constitucional autónoma y de esa forma se evite la amenaza grave, inminente e irreversible de los derechos constitucionales. Hubo una audiencia y se espera el fallo de la jueza encargada, Martha Vimos Vimos.

Confrontaciones permanentes

Son algunos los hechos que llevaron a las confrontaciones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que sus relaciones son cada vez más distantes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, transmutó en poco tiempo.

Primero defendía al presidente Daniel Noboa. Un ejemplo claro es la forma en que, el pasado 8 de mayo del 2024, justificó las denuncias de la construcción de un proyecto habitacional en una zona protegida ambiental ubicada en Olón, en Santa Elena, por parte de una empresa de la familia de Noboa.

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A mí, en lo personal, no me preocupa en lo absoluto. Conozco al presidente de la República, conozco a su familia, y no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo al margen de la ley, por ningún motivo. Tranquilidad absoluta. Pero sí hay que cumplir con el procedimiento de fiscalización, si así lo pide la bancada, y hay que respetarlo”, dijo Kronfle ese 8 de mayo.

Y luego de varias semanas, se convirtió en uno de los más fuertes cuestionadores de su administración junto con el correísmo.

En los primeros meses de gobierno, Kronfle era el ejecutor de la estrategia de Noboa en el Parlamento y sin contratiempos empujó la aprobación de cinco leyes económicas urgentes del Ejecutivo que ayudarían a apuntalar económicamente el régimen de transición. Esas acciones llevaron a tildarlo de “gobiernista” y “mano derecha del presidente”.

Pero ciertos hechos, como la consulta popular, la aprobación de la enmienda al artículo 138 de la Constitución sobre la modificación en la forma de votación de los vetos parciales, la irrupción de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, vetos totales a proyectos de iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional y pronunciamientos políticos desde el Viceministerio de Gobierno, son algunos de los temas que alejan las posibilidades de una reconciliación política.

A esto se suman las advertencias del Gobierno de que se pretende legislar a favor de los delincuentes, en alusión a la forma en que se pretendía modificar el informe de segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y Extinción de Dominio, sobre endurecimiento de penas en al menos trece delitos graves, producto de las preguntas aprobadas en la consulta popular de abril de 2021. Este tema se definirá esta semana en el Parlamento.

Daniel Noboa sale a defender a su canciller ante inminente juicio político en la Asamblea Nacional

Uno de los últimos puntos de conflicto es el archivo de tres juicios políticos a exministros de Estado del gobierno de Guillermo Lasso, en que los correístas y socialcristianos de manera sincronizada retiraron las firmas, incluida la rúbrica de Henry Kronfle, para adelantar el juicio político presentado por el correísmo a la canciller Gabriela Sommerfeld por la irrupción de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito.

El presidente de la República, Daniel Noboa, salió en defensa de la ministra de Relaciones Exteriores, que será la primera de su Gobierno en ser interpelada. Dijo que el “viejo Ecuador” y sus personajes más nefastos se siguen protegiendo los unos a los otros; que ahora son capaces de salvar a exministros con procesos en Contraloría y en Fiscalía. “Los que nos llevaron directamente al desastre fiscal: ese es el viejo Ecuador, para quienes aún se lo preguntan”, sentenció.

En su publicación, Noboa afirmó que el correísmo, PSC y Construye acordaron mandarse abajo los juicios contra los alfiles de Lasso: Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo. Todo para apresurar un juicio contra la mujer que ha tenido que tomar decisiones diplomáticas que nadie más se habría atrevido: Gabriela Sommerfeld.

Este proceso político está en curso y falta ver su desenlace. (I)