Las bancadas del correísmo de Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y varios legisladores de Pachakutik (PK) se agruparon para iniciar un proceso de juicio político a cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el marco de la designación de la autoridad de la Contraloría General del Estado.
Legisladores de las tres bancadas aparecieron este martes, 8 de febrero, en rueda de prensa para anunciar que cuentan con unas 72 firmas para iniciar un juicio político a los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, por sus actuaciones respecto del concurso de designación del titular de la Contraloría General del Estado.
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El proceso no se presentó en contra de Sofía Almeida, presidenta del CPCCS, sobrina del legislador del PSC Luis Almeida; del consejero Javier Dávalos, afín al expresidente Rafael Correa, y de su aliado el vicepresidente del Consejo, David Rosero, quienes ahora integran la minoría en el organismo.
Los solicitantes de la interpelación son los legisladores de PK Mireya Pazmiño y Ángel Maita, quienes alegan la existencia de audios de la consejera Estupiñán en los que se habla de la designación del titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que está en investigación en la Fiscalía General.
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Además, que los cuatro consejeros pretenden vulnerar la seguridad jurídica al plantear modificaciones al reglamento para la designación de un nuevo contralor.
“Hemos visto cómo han estado eligiendo de manera ilegal, quieren hacer faltando el debido proceso. Se están yendo por encima del país. Tenemos cerca de 80 firmas, de todas las bancadas, excepto de la bancada del Gobierno (CREO). Con este respaldo estaremos llevando la fiscalización”, señaló Pazmiño, quien formalizó su solicitud de juicio político en Gestión Documental, dirigida a la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, para que sea analizado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El concurso público para la designación de esta autoridad está estancado, pues se realizó la convocatoria para la integración de la comisión ciudadana de selección, y no ha pasado de la fase de revisión del cumplimiento de requisitos y no estar incursos en inhabilidades por parte de los candidatos.
En esa línea, los cuatro consejeros observados alegan que, al no convocarse aún a la inscripción de aspirantes a ser contralor, se pueden realizar modificaciones al reglamento, amparados en lo que estipula el artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo.
En la sesión extraordinaria del Consejo de Participación Ciudadana, instalada este 8 de febrero, Estupiñán reclamó que desde la Asamblea Nacional se pretende iniciar este juicio para “amedrentarlos”.
“Hablan de no meterle la mano (al Consejo), y son los partidos políticos los que no respetan la autonomía del Consejo. Pido a la ciudadanía que estén alertas de las acciones que se están haciendo”, subrayó la vocal.
Recordó que fue convocada días atrás a la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia de la Asamblea –de mayoría correísta y del PSC– para que explique su posición de “mantenerse independiente o ser parte de la mayoría” que lidera Sofía Almeida.
Ello, porque desde finales del 2021 Estupiñán se separó de Almeida, Dávalos y Rosero en la toma de decisiones.
Rivadeneira aseguró que no va a permitir que se designen autoridades “a dedo” y que el objetivo es elegirlas con transparencia.
Mientras, Ulloa relató que desde la presidencia del CPCCS han tenido un bloqueo de información, por lo que hasta desconocen las hojas de vida de quienes están postulando a las comisiones ciudadanas.
“Lo que se trata es de meter la mano en los concursos”, expresó, y ejemplificó que en el reglamento para elegir a las autoridades existe un artículo que permite que los secretarios de las comisiones ciudadanas provengan de una terna remitida por la presidenta Sofía Almeida, lo que le permitirá tener un “ojo seco”; ese secretario será una persona que haga “lobby político” en instancias que deberían gozar de independencia, añadió.
“Si cuestionar eso me acarrea responsabilidades políticas, estoy dispuesto a aceptarlas, pero jamás agacharé la cabeza”, advirtió Ulloa.
Mientras, Sofía Almeida les dijo que mediante esta interpelación política, “el país se va a dar cuenta de quiénes son estos cuatro consejeros, que han faltado al compromiso, que han sobrepuesto sus intereses personales”.
El asambleísta de CREO Juan Fernando Flores cree que deberá evaluarse si la responsabilidad es de los consejeros o de quien preside el CPCCS, en referencia a Almeida.
Recordó que Almeida denunciaba que tenía presiones de varios sectores políticos sobre la elección de autoridades y que hasta el momento no ha revelado quién la está presionando.
“Hasta ahora estamos esperando que nos diga quién la está presionando, esos serán puntos que Sofía Almeida deberá clarificar y esperaremos que venga al pleno de la Asamblea a clarificarlo”, indicó Flores. (I)