El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tomó ninguna resolución sobre el procedimiento que efectuará para renovar la vocalía del Consejo de la Judicatura (CJ) que quedó vacante, luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado a su cargo.

El pleno, reunido este martes, 8 de febrero, aceptó con cinco votos a favor y dos abstenciones la renuncia presentada por Maldonado, el 2 de febrero pasado. Sin embargo, no tomó ninguna resolución respecto del procedimiento a seguir para elegir a una nueva autoridad.

En el pleno, los consejeros Ibeth Estupiñán y Hernán Ulloa advirtieron que el orden del día solo planteó el conocimiento de la renuncia de la exautoridad, pero no disponía tomar una resolución, lo que se consideró como una “suspicacia”.

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Estupiñán dijo que solicitó que se entregue un informe jurídico de qué sucede tras la renuncia de Maldonado, tomando en cuenta la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, que prohíbe al CPCCS revisar las decisiones sobre la elección de autoridades que realizó el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, en el que se eligió a los actuales vocales de la Judicatura.

Xavier Muñoz y Solanda Goyes, son designados como vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura

De acuerdo con la Constitución en su artículo 179, el CJ se integrará por cinco delegados y sus suplentes, quienes serán elegidos por ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por la fiscal general del Estado, por el titular de la Defensoría Pública, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.

Los delegados son elegidos por el CPCCS en un proceso público que contará con veeduría e impugnación ciudadana.

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En la actualidad, hay un reglamento para designar a las autoridades del Consejo de la Judicatura, que se aprobó a inicios del 2021, para designar al remplazo de Aurelio Moreno, quien renunció a su cargo en el 2020.

En ese entonces, el presidente de la República, Lenín Moreno, reclamó su derecho de que se elija a un representante de su terna, por lo que hasta demandó al CPCCS ante la justicia ordinaria.

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Así, en abril del 2021, se escogió a Xavier Muñoz como vocal principal y a Solanda Goyes como suplente.

El reglamento vigente establece en su artículo 3 que, ante la ausencia definitiva de un vocal titular o suplente de la Judicatura, este organismo notificará al CPCCS en el término de tres días de producirse este hecho para que “resuelva el inicio del proceso de selección del miembro que remplazará a dicho integrante, así como a su suplente”.

Para ello, el Consejo requerirá, en este caso, a la Corte Nacional de Justicia, que remita en el término de cuatro días, de notificado con dicho requerimiento, la terna correspondiente para proceder con el proceso público de selección con veeduría e impugnación ciudadana.

Sin embargo, los consejeros no tomaron ninguna decisión al respecto.

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Por otra parte, en esta sesión del Consejo, se registró un nuevo enfrentamiento entre los consejeros de mayoría y la presidenta Sofía Almeida, quien “le dedicó el pleno” a Francisco Bravo.

Esto porque dentro del orden del día incluyó tratar una denuncia en contra de Bravo, impulsada por el dueño de una empresa de sal en San Clemente (Manabí), Julio Acosta, quien lo acusa de haber proferido expresiones de odio y provocar la reacción violenta de los pobladores de ese sector.

“Mande a alguien, presidenta Sofía Almeida, a que reivindiquen mi buen nombre”, exclamó Acosta, quien aseguró que Bravo lo llama “monstruo”.

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Estupiñán pidió a Almeida que “no avergüence” más al Consejo ventilando conflictos entre particulares en un pleno y que, de ser el caso, deben tratarse mediante una denuncia al mismo organismo y darle trámite en la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción.

Le pidió además -aclarando que no es defensora de Bravo- que si “quiere bajarse a Francisco Bravo” de la consejería que se inicien los trámites legales correspondientes.

María Fernanda Rivadeneira, por su parte, advirtió que al estar este caso tramitado en la Secretaría del Consejo, se estaría infringiendo la ley porque las investigaciones son reservadas.

Almeida les increpó que ahora se “desnuda” quiénes son los consejeros y aspira a tomar una resolución en contra de Bravo, a quien le pidió que se abstenga de participar sobre este punto.

La sesión se suspendió y se convocará en las próximas horas, pues los consejeros debían acudir a una audiencia judicial en Ibarra (Imbabura), en el marco de las disputas internas por el planteamiento de una moción para remover de la presidencia a Sofía Almeida. (I)