Al cierre de la etapa de instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso las Torres, la Procuraduría General del Estado (PGE) y la empresa pública Petroecuador fueron aceptadas por el juez nacional Felipe Córdova como acusadoras particulares. Con esto, ambas instancias públicas podrán reclamar indemnizaciones a los que se ubique como responsables o reparación integral por los daños causados con el acto de corrupción que se llegue a sentenciar.