El miércoles 18 de octubre próximo, los jueces de la Corte Provincial del Guayas L. Z., Jessy Monroy y Roberto Angulo enfrentarán una audiencia de formulación de cargos por delito de prevaricato. La fiscal general, Diana Salazar, es quien ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una fecha para presentar los elementos de convicción con que cuenta para la acusación.

Por sorteo quedó a cargo de la causa el juez nacional Felipe Córdova. Él conocerá los argumentos que entregará Salazar contra los tres jueces de la Corte Provincial del Guayas en un caso de “abuso de garantías jurisdiccionales por haber reformado ilegalmente una sentencia”.

Mediante un video en la cuenta de la red X de la Fiscalía, la líder de esa institución sobre la causa indicaba que “durante los últimos años el país ha sido testigo de que jueces abusando de sus competencias aceptaban acciones de protección a delincuentes para dejarlos en libertad o reformar sentencias. Con fecha 7 de junio de 2023 la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia en la que dejaba claro que los jueces de garantías constitucionales podrían ser procesados por prevaricar”.

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Dentro de los delitos contra la tutela judicial efectiva se encuentra el prevaricato de los jueces o árbitros. El artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados, procuradores, serán sancionados con pena de cárcel de cinco a siete años y una multa de 20 a 30 salarios básicos unificados.

Además, define la norma, se impondrá la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por doce meses. Si se ha beneficiado a un grupo de delincuencia organizada o en delitos contra la administración pública, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

El procesamiento penal de Z., Monroy y Angulo se dio como parte de una sentencia emitida por la CC en junio pasado para evitar el abuso de acciones constitucionales. La CC emitió un fallo el 8 de junio luego de analizar una acción de protección concedida en ambas instancias en contra del Banco Central. En ella se determinó que los jueces que conozcan garantías jurisdiccionales como habeas corpus, habeas data o acciones de protección pueden ser sujetos de sanción penal por prevaricato, si proceden en contra de norma expresa.

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Jueces que otorgan medidas como acciones de protección sí son sujetos de prevaricato, aclaró la Corte Constitucional en sentencia

En el caso analizado, la CC revocó las decisiones revisadas después de concluir que hubo una desnaturalización de la acción de protección al habérsela concedido en contra de una decisión jurisdiccional adoptada en un proceso penal. Además, concluyó que los jueces ejecutores se extralimitaron en sus competencias al reformar ilegalmente la sentencia de segunda instancia para extender sus efectos a personas no contempladas en ella.

La CC escogió este caso en junio pasado para regular el abuso de las acciones de protección. En su sentencia no solo determinó que los jueces que incurran en esa práctica sí pueden ser procesados penalmente por prevaricato, sino también resolvió que los tres jueces cometieron un error inexcusable al mal usar esa garantía en un caso puntual en el que beneficiaron a empresas privadas y obligaron al Banco Central a devolver $ 12.5 millones retenidos en un juicio.

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Como parte de su fallo, la Corte Constitucional dispuso al Consejo de la Judicatura que inicie los procesos disciplinarios para las sanciones administrativas respectivas.

El juez Córdova decidió que la diligencia se haga vía telemática el miércoles próximo desde las 11:30. Aparte de la Fiscalía General del Estado fue convocada a la diligencia la Procuraduría General. (I)