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El Consejo Nacional Electoral es el organismo encargado de llevar a cabo los procesos de elección popular, vigilar y fiscalizar el uso de los recursos para las campañas electorales. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

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El «pasivo» control al origen de los dineros que ingresan a las campañas electorales de los candidatos y organizaciones políticas preocupó a la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio del ambiente violento por la inseguridad en que se desarrollaron los comicios nacionales anticipados de este 2023.

La Misión de Observación Electoral de la OEA, que la presidió la diplomática panameña Isabel Saint Malo felicitó la organización de los comicios de segunda vuelta del 15 de octubre y la publicación de los resultados preliminares, pero llamó la atención al Consejo Nacional Electoral (CNE) por su «pasiva participación» en controlar los recursos que ingresan a las campañas políticas-electorales.

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La Misión estuvo integrada por 83 expertos que se desplegaron en 1.676 juntas receptoras del voto en 20 provincias y en dos ciudades del exterior para observar la jornada electoral, que fue producto de la disolución de la Asamblea Nacional resuelta por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 17 de mayo.

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Su informe preliminar -que se divulgó días atrás- contiene 39 páginas con unas 58 recomendaciones para el Consejo, enmarcadas en cada una de las fases del proceso electoral. Entre ellas, actuar para evitar el ingreso de dineros ilícitos a las campañas.

El documento resalta el Código de la Democracia como un instrumento «vigoroso y robusto» en cuanto al financiamiento político, pero criticó al CNE por ser «sumamente pasivo y con escasa iniciativa de investigación».

En palabras del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, en el Ecuador «no hacen falta disposiciones legales, porque las hay, lo que falta es ejecución y en eso hay que tomar medidas fuertes porque si el CNE no controla el origen de los recursos está permitiendo que la corrupción y el narcotráfico se tome la política».

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Alude a que en este año hubo continuos procesos electorales como las seccionales del 5 de febrero, para el referéndum, consultas populares y las recientes presidenciales anticipadas, que dejaron ver millones de dólares de inversión que cuando se pida cuentas «no van a poder justificarlos».

La opción es que haya cruces de información para que, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) pueda determinar a través de la verificación de las facturas, quiénes ponen las tarimas, los espectáculos artísticos, propaganda en redes sociales. «Aquí no hay vigilancia alguna de los montos e ingresos y de lo que se gasta, porque no todo lo que se gasta en las campañas está reportado al CNE», indicó.

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El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, apunta también que la norma electoral es clara en cuanto a las obligaciones de los sujetos políticos sobre la rendición de cuentas del financiamiento.

«No obstante, los débiles controles hacen que la norma sea letra muerta. Hay que comprender que el CNE tiene serias limitantes en cuanto a recursos económicos, materiales, humanos, pero esto no puede ni debe ser un pretexto para incumplir con una obligación legal de control del origen de los recursos, porque en el financiamiento de la política está la raíz de todos los males, la raíz de la vinculación de la política con el crimen organizado y muchos otros elementos que afectan el funcionamiento de la democracia en Ecuador», opinó.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por Isabel Saint Malo, siguió la organización de los comicios presidenciales anticipados de este 2023. Foto: Cortesía/Tomada de la OEA Foto: Cortesia

Los observadores internacionales señalaron que pese a las fortalezas de la ley para enfrentar este fenómeno, «no resultan consistentes con los endebles resultados que arrojan los ejercicios de control y fiscalización», que se dan en medio de un «creciente clima de violencia e inseguridad y deja entrever la posibilidad de la existencia de dinero ilícito, sin que el CNE produzca al menos, en el marco de sus competencias, indicios o alertas».

«Preocupa a la Misión que la posible presencia de flujos de dinero en efectivo de origen desconocido y no reportado en esta campaña continúe erosionando la fiabilidad de los mecanismos formales de control», se observó.

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La recomendación es poner en práctica procedimientos y mecanismos de fiscalización profundos y oportunos dirigidos a detectar subregistros de ingresos y egresos en los reportes periódicos de las agrupaciones políticas.

Estas observaciones se basan en que el Consejo cuenta con el Sistema Contable del Financiamiento a la Política y trabaja en la implementación del Sistema de Interconexión de Datos que se creó en las últimas reformas al Código, vigentes desde febrero del 2020. Aunque no serían suficientes.

El Sistema Contable del Financiamiento a la Política funciona desde los comicios generales del 2021 y sirve para que los movimientos, partidos y candidatos registren obligatoriamente su Plan de Cuentas.

Esto implica hacer pública la información sobre el gasto electoral (dineros privados) que hacen personas naturales o jurídicas para las campañas y que deben reportarse cada quince días.

En tanto, el Sistema de Interconexión de Datos debe estar listo para las elecciones nacionales del 2025 y tiene un avance del 89,5 % según información del CNE. Para desarrollar ambas aplicaciones se contempló una inversión de $ 757.000.

El sistema de interconexión es una plataforma tecnológica de ‘control cruzado’ para recabar la información de cualquier organismo público o privado sin que pueda negarse argumentando sigilo o reserva bancaria o cualquier otra restricción.

Esta tarea compromete al Servicio de Rentas Internas, a las superintendencias de Bancos y Compañías, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Para Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana (PC) es urgente que estas herramientas entren en funcionamiento, porque permitirá profundizar en cuál es realmente la información que están presentando los grupos políticos.

Su reflexión se sostiene en que en las cuentas que se presentan «todo cuadra, porque si hay un recurso ilícito, obviamente no se lo reporta» y no necesariamente se trata de ingresos del narcotráfico o crimen organizado, sino de un detalle que no se transparenta.

Jaramillo subraya en la necesidad de incorporar el control a la pauta en redes sociales, en donde hay una fuerte inversión. «El primer paso es fortalecer el sistema y que se pueda ir más allá de lo que los candidatos presentan. Ese puede ser el camino, porque mientras sigamos anclados a los reportes de campaña, ahí todo va a cuadrar y nunca se va a detectar nada irregular».

Un ejemplo es que el Sistema Contable está operando desde el 2021, pero la Misión constató que los reportes de financiamiento, ingresos y gastos contienen «información parcial» y «evidencia cuantiosos subregistros» que se revelan en la propaganda que se difunde en las redes sociales, sobre las que no hay control del CNE.

«En general, el sistema de control ecuatoriano evidencia una pasiva participación del CNE. Esto, a pesar de que dispone de facultades como el desarrollo de auditorías especiales», recoge el informe preliminar.

Los observadores resaltaron mecanismos como el sistema de monitoreo de vías públicas y el monitoreo de medios de comunicación tradicionales y digitales para controlar la propaganda y artículos promocionales.

Pero se sugiere tipificar los hechos, porque no existen sanciones administrativas o judiciales para los sujetos políticos que no reportan los ingresos y gastos o lo hacen incompleto o fuera de las fechas establecidas.

Ejemplo de ello, sobre las cuentas de la campaña electoral de los comicios generales del 2021, la Dirección de Fiscalización del Consejo había receptado 84 expedientes, de los que 79 estaban listos para emitir resoluciones y otras cinco organizaciones políticas que auspiciaron candidatos no presentaron sus informes y habían sido denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral, aunque no se menciona quiénes son.

Un grupo de personas acudió este 6 de septiembre a protestar frente al Consejo Nacional Electoral y reclaman la renuncia de los consejeros. Foto: Vicente Ordóñez

Los denominados ‘colectivos’ ciudadanos, otra preocupación sobre quién los financia

La Misión Electoral de la OEA observó la existencia de grupos de personas que conforman los denominados «colectivos» sobre los que también debería discutirse quién las financia.

Los colectivos «emitieron pronunciamientos políticos, incluyendo alegatos de fraude e hicieron llamados públicos a participar en manifestaciones con el objetivo de expresar descontento o reclamos electorales que frecuentemente estaban directamente alineados a algunas agrupaciones políticas», observó la Misión.

Sorprendió que sus manifestaciones fueron, en ocasiones, violentas y promovieron la desinformación, además que tuvieron una importante cobertura mediática, posicionándose como grupos activos de incidencia político-electoral.

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Esto llamó la atención de la delegación internacional porque su actividad prolongada haría suponer que cuentan con financiamiento sostenido y sobre ellas no hay ningún control sobre su constitución o financiamiento, a pesar de que tienen como objetivo incidir en los procesos electorales.

«La Misión respeta y está comprometida con la defensa del derecho a la asociación y libertad de expresión de la ciudadanía, principios protegidos por el sistema interamericano. Sin embargo, preocupa que estos grupos escapan del andamiaje regulatorio del financiamiento político-electoral y constituyen un atractivo para que grupos de crimen organizado puedan inyectar fondos y ejercer influencia política». (I)

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