Concluido el plazo para presentar impugnaciones en contra de los quince candidatos propuestos por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública para integrar el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, actual titular de la Judicatura, y Fabián Fabara, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, aparecen como los postulantes con más impugnaciones.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), instancia encargada del proceso de selección de quienes integrarán el CJ que estará en funciones hasta el 2031, informó que procesados los datos de la planta central y de las delegaciones provinciales hasta las 17:00 del viernes, 15 de agosto, se recibieron diecisiete impugnaciones ciudadanas: catorce planteadas en la sede de Quito, en Pichincha; dos en la provincia del Guayas y una en la provincia de Santa Elena.

De la revisión de las catorce impugnaciones recibidas en la matriz del CPCCS, Mario Godoy, quien es el último de la terna de la Corte Nacional, y Fabián Fabara, juez en funciones que encabeza la lista enviada desde Legislativo, son los candidatos dentro de este proceso de selección público con mayor cantidad de impugnaciones, cuatro cada uno.

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Godoy recibió impugnaciones de parte de los abogados Washington Andrade, Mónica Jaramillo y Milton Castillo, y como ciudadano Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín). Las impugnaciones llegan ante la supuesta falta de probidad o idoneidad, el mantener una inhabilidad legal al desempeñar un cargo en el sector público.

Uno de los temas que salen a relucir en relación con Mario Godoy es la investigación penal abierta en su contra dentro del caso Pendrive. Esta indagación nació de la denuncia interpuesta en diciembre pasado por la jueza de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha Nubia Vera debido a una supuesta presión hacia ella desde autoridades del CJ, como el actual presidente de la institución, para que emitiera una sentencia en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

Respecto al juez Fabara, las impugnaciones llegan desde Washington Andrade, Nelson Cañola, Mónica Jaramillo y Alfonso López. Mayormente se lo impugna por una presunta falta de probidad o idoneidad para el cargo al mantener la prohibición expresa de la ley al desempeñar hasta la fecha un cargo público, por ocultamiento de información, por mantener antecedentes de error inexcusable y participar en una sentencia que vulneró derechos constitucionales.

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Quito. 01/12/2021. El juez Fabián Fabara (d) junto a su abogado Xavier Flores (i) son parte de la audiencia en la que se decidirá la demanda de recusación planteada por el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda. Carlos Granja/El Universo. Foto: El Universo

La actual ministra del Trabajo, quien encabeza la terna propuesta por la Presidencia de la República, Ivonne Núñez, ha recibido dos impugnaciones: una del abogado Andrade y otra de parte de Nelson Cañola. Se le endilga una supuesta falta de idoneidad o probidad y básicamente se impugna su candidatura porque mantendría una inhabilidad al estar ocupando un cargo público.

Respecto a este tema, el coordinador de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, Santiago Peñaherrera, asegura que no existe una inhabilidad para participar en un proceso por el hecho de ser servidor público.

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Otros postulantes, como Fausto Andrade Vera y Wendy Moncayo Salgado, primero y segunda, respectivamente, de la terna de la Defensoría Pública; Magally Ruiz Cajas, cabeza de la terna de la FGE; y Carlos Benálcazar Guerrón, quien es el primero de los tres nombres propuestos desde la CNJ, han recibido en la sede del CPCCS en Quito una sola impugnación cada uno. Falta de probidad o idoneidad y mantener una inhabilidad al estar ocupando un cargo público aparecen entre las impugnaciones.

Aún falta por conocer el contenido de las impugnaciones presentadas en las delegaciones del CPCCS en las provincias de Guayas y Santa Elena.

Desde el CJ se ha dicho que, de acuerdo con el reglamento del proceso, una vez ha concluido el plazo para la presentación de impugnaciones, la Comisión Técnica tiene tres días término para hacer un análisis de forma del cumplimiento de los requisitos y entregar al pleno del Consejo de Participación un informe con el detalle, motivación individual de cada impugnación y recomendaciones.

Con base en ese informe, el pleno del CPCCS, en el término de un día, deberá emitir la resolución respectiva. Luego, cada candidato que haya pasado este filtro deberá defenderse en una audiencia pública ante la o las impugnaciones. (I)

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