La Fiscalía General del Estado investiga una denuncia por el delito de presunto peculado planteada en contra del perito argentino Roberto Meza Niella y los miembros de la Comisión de Coordinación para la reconstrucción de un informe relacionado con el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno.

A mediados de junio de 2023, un ciudadano que se identificó como Jhonny Barrezueta Macías presentó una denuncia por presunto delito de peculado en contra de Roberto Meza y «sin descartar una presunta participación» y por ser las personas que «deben proporcionar información» mencionó a los tres miembros de la Comisión de Coordinación: Arturo Moscoso, Jeannine Cruz y Sebastián Palacios.

El denunciante acusa al perito de que sería el posible «beneficiario de la infracción» al señalar el peculado, que de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es considerado un delito contra la Administración pública que se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Publicidad

La norma tipifica el peculado sobre aquellos «servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo».

La Fiscalía inició las acciones investigativas y ordenó las primeras diligencias, entre ellas, solicitó información a la Comisión de Coordinación sobre la documentación precontractual y contractual para la contratación de Meza, también actas de las sesiones en las que este cuerpo colegiado habría pedido dicha adjudicación y la institución que la llevó a cabo.

La Comisión de Coordinación está integrada por el académico Arturo Moscoso, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, y el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, y fue creada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 17 de marzo pasado, mediante decreto ejecutivo, con el objeto de cumplir un fallo de la Corte Constitucional (CC).

Publicidad

Este equipo tiene la tarea de coordinar acciones con el forense argentino Roberto Meza Niella para la reconstrucción de un tercer informe que se ha disipado de los archivos públicos y en el que se habría desestimado la teoría de que el asesinato, ocurrido en diciembre del 2010, del general y excomandante de la FAE Jorge Gabela se debió a un delito común, como concluyó un Comité Interinstitucional que se creó en el régimen de Rafael Correa.

Este último Comité, que lo presidía el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contrató a Meza en el 2012, mediante un proceso de consultoría para «identificar e investigar el deceso de Jorge Gabela» por $ 78.000.

Publicidad

Los resultados de su investigación se distribuyeron en tres «productos», y el tercero se haría únicamente si en el segundo se concluía que la muerte no correspondía a un delito común.

Pero, en el 2015, la exministra de Justicia Ledy Zúñiga divulgó los resultados de la pericia y expresó que el hecho se vinculaba con un delito común, descartando la presunción de un delito articulado a la delincuencia organizada. Esto, en el marco de las actividades laborales de Gabela, quien denunció irregularidades en la adquisición de siete helicópteros Dhruv para la FAE, que se adquirieron en el 2008 y de los que cuatro se accidentaron y tres no están operativos.

Meza volvió a Ecuador en mayo de 2023 para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que, en el trámite de una acción extraordinaria de protección, dispuso que se reconstruya ese documento y que se cree esta Comisión.

Su decisión deviene luego que en el 2018, la Defensoría del Pueblo y Patricia Ochoa, viuda de Gabela, impulsaron un recurso de acción de acceso a la información pública para conocer la investigación forense, sin éxito. Incluso, los mismos jueces de la Corte Constitucional, mientras sustanciaban la acción, solicitaron información sobre ese expediente y constataron «inconsistencias» en el tercer producto que supuestamente había elaborado Meza.

Publicidad

El 17 de febrero de 2023, se conoció su fallo en el que los magistrados concluyeron que hubo una transgresión del derecho de acceso a la información pública y el derecho a la verdad y como medida de reparación por la vulneración de los referidos derechos, se desprendió la obligación del Estado de reconstruir ese tercer producto.

Para coordinar su retorno al Ecuador, se conoció que desde la Presidencia de la República se habría coordinado la contratación de Meza, aunque el monto y los términos contractuales se han mantenido en reserva, así como la institución que se encargó del procedimiento.

En paralelo a la reciente denuncia de Barrezueta, el expresidente Rafael Correa, crítico de la reconstrucción de este tercer producto, en su cuenta de Twitter dejó entrever que se estaría incurriendo en presunto peculado.

«Creer lo imposible: que en el siglo XXI se puede ‘perder’ un informe y el ‘perito’… ¡ni siquiera tiene copia! La verdad: Desesperados, quieren manipular caso Gabela para influir en las elecciones. Para ello quieren hacer un nuevo ‘informe’ con el mismo perito, pero pagándole 380.000 dólares. PECULADO» (sic), escribió en un tuit el 17 de junio de 2023.

De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Corte Constitucional, en agosto próximo culminaría la ampliación del plazo de 90 días que otorgó a la Comisión de Coordinación y al Gobierno nacional para entregar este denominado tercer producto. (I)