Posibles irregularidades en el concurso público para designar a siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la extensión de los periodos de seis jueces de la CNJ y la destitución con solo dos votos del juez penal nacional Walter Macías aparecen tentativamente como las causales que llevarían a un juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, al actual vocal Xavier Muñoz y a la exvocal de la Judicatura Maribel Barreno.

Si bien la idea de colocar en el banquillo de los acusados políticos a Terán, Muñoz y Barreno, por un aparente incumplimiento de funciones, viene desde el bloque de asambleístas de Construye y su coordinador, Jorge Peñafiel, a la moción han anunciado que se unirán los integrantes del Partido Social Cristiano (PSC) y los asambleístas de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), a la que representa el presidente de la República, Daniel Noboa.

Construye, PSC y ADN coinciden en solicitar juicio político contra Wilman Terán

Peñafiel podría ser el legislador interpelante una vez que se recojan las firmas respectivas y se presente la solicitud formal de juicio político contra los dos actuales integrantes del CJ y Barreno, vocal que fue separada de su cargo luego que recibiera un llamado a juicio por el delito de tráfico de influencias, junto con su también excompañero del pleno en la Judicatura Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya.

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Según él, una parte del pleno del CJ ha incumplido sus funciones y, por ejemplo, estaría interviniendo para imponer su visión en el proceso de renovación de magistrados para la Corte Nacional. Entre quienes hablan de posibles irregularidades y falta de transparencia en el proceso de selección que se abrió a finales de julio pasado están la Misión de Observadores Internacionales para el proceso de selección de jueces de la CNJ; Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación de Abogados del Ecuador; e incluso el propio presidente de la CNJ, Iván Saquicela, quien cree que debe nulitarse todo lo actuado y volver el concurso a foja cero.

Iván Saquicela cree que debe ‘anularse’ concurso para jueces de Corte Nacional y pide a Wilman Terán reflexione sobre el ‘daño’ que puede causar a la Función Judicial

Dos de las tres acusaciones que aparecen como causales para llevar a juicio político a Terán, Muñoz y Barreno se tomaron durante este 2023 con los votos de los dos primeros y en unas ocasiones con el voto en contra del vocal Fausto Murillo y la abstención de los restantes integrantes del pleno de la Judicatura.

Estas resoluciones tuvieron que ver con la destitución del magistrado Macías, ocurrida el 19 de agosto pasado, y la extensión de los periodos de seis jueces de la CNJ, entre ellos, los jueces penales Luis Rivera, Byron Guillén, Felipe Córdova y el mismo Macías, resuelta en sesión extraordinaria el 5 de septiembre último. Una acción de protección hizo que Walter Macías vuelva a su cargo de juez nacional, mientras sigue en firme la decisión que extendió los periodos de magistrados escogidos para tres y seis años inicialmente.

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Para Vicente Taiano, coordinador de la bancada del PSC, es importante que el país tenga claridad y resultados ante las graves acusaciones que han sido expuestas contra integrantes del Consejo de la Judicatura. Independientemente del juicio político, a criterio del legislador, el Ecuador necesita una CNJ del más alto nivel y ante ello este concurso público para seleccionar y designar jueces del más alto órgano de justicia ordinaria del país no debe continuar y tiene que reiniciarse con principios “claros, con apertura, publicidad, pero fundamentalmente con transparencia”.

Wilman Terán cree que las críticas al proceso de renovación parcial de la CNJ responden más a un andamiaje de desinformación, pues el concurso “goza de transparencia”. En su cuenta personal de la red X, él informó en un mensaje que, aunque no existe un pedido formal de juicio político y menos aún una calificación, ha dispuesto a su equipo que prepare toda la información requerida para el control por parte de la Asamblea Nacional, ante un eventual juicio político al CJ.

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“Seguimos trabajando con normalidad, continuando con el reto de entregar al país una justicia célere”, señalaba Terán en su mensaje publicado dos días después de que con la misma fórmula, es decir, con su voto y el del vocal Muñoz, se aprobó la integración de los tres tribunales de recalificación de la prueba teórica del concurso de méritos y oposición para ocupar siete cargos en la Corte Nacional que inició la Judicatura el 28 de julio pasado y pretende concluir el 1 de febrero de 2024. Al momento en carrera siguen 136 postulantes.

Lo que se tiene claro es que pese a que se coloque en estos días el pedido de juicio político en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y se lo pueda calificar, el procesamiento deberá esperar a que se evacúen otros seis juicios políticos heredados de la cesada Asamblea y tres pedidos hechos a esta actual administración legislativa: contra el exministro de Energía Fernando Santos Alvite, el exministro del Interior Juan Zapata y la fiscal general, Diana Salazar.

Por ejemplo, respecto del juicio político contra Diana Salazar, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, ha dicho que podría llegar al pleno de la Asamblea en unos catorce meses. En 2025 se cumple el periodo para el que fue designado el actual pleno del Consejo de la Judicatura. (I)