Casi dos horas le tomó al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, decidir que es necesario remitir un oficio a la Asamblea Nacional para que se pronuncie respecto a si autoriza o no el enjuiciamiento penal del exvicepresidente Jorge Glas, quien junto a dos exfuncionarios públicos más es acusado del delito de peculado dentro del denominado caso Reconstrucción de Manabí.

El pronunciamiento oral de Rivera se dio al mediodía de este miércoles 29 de noviembre, luego de casi una hora de intervenciones de las partes procesales que inicialmente fueron convocadas para la formulación de cargos solicitada el 1 de junio pasado por la fiscal general, Diana Salazar, contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

La formulación de cargos no pudo concretarse porque la defensa de Carlos Bernal no fue notificada en legal y debida forma. Ante esa situación, Rivera decidió no instalar la diligencia y solicitar a los órganos administrativos de la Corte Nacional para que en 24 horas den un informe del porqué no se dio la notificación. Esta información serviría para iniciar los procesos administrativos o de otra índole que se definan.

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Andrés Villegas, abogado de Glas, señaló que era imperante que antes de que se formulen cargos por el delito de peculado se solicite a la Asamblea Nacional emita un criterio sobre si debe o no darse el procesamiento penal contra Jorge Glas. El requerimiento era viable, pues en otras ocasiones se hicieron desde la Corte Nacional, y además porque al tiempo que ocurrieron los hechos que se investigan, Glas ocupaba el cargo de vicepresidente.

De su parte, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, al igual que los representantes de la Procuraduría y la Contraloría recordaron que la norma solo habla de una solicitud para personas que están en el ejercicio de sus funciones públicas, mas, no para expresidentes o exvicepresidentes. Toainga incluso trajo a colación la respuesta de improcedencia que la Asamblea dio en su momento a pedidos similares hechos contra los expresidentes Jamil Mahuad, Rafael Correa y el mismo exvicepresidente Glas.

Mediante un comunicado público, la Fiscalía consideró que lo resuelto por el juez Luis Rivera es innecesario y dilatorio, especialmente por existir precedentes de pedidos que han sido rechazados por la Asamblea por improcedentes y además porque Jorge Glas no es más un funcionario público, por lo tanto no se encuentra cumpliendo funciones, como lo expresa la Constitución en su artículo 120, numeral diez.

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“Causa preocupación que el mismo juez Luis Rivera aún no haya señalado fecha y hora para la formulación de cargos en el caso denominado Independencia Judicial, en el que son investigados Wilman T. (Terán) y Xavier M. (Muñoz), presidente y vocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente”, anotó la Fiscalía, al tiempo de considerar que este tipo de actuaciones allanan el camino hacia la impunidad y envían el mensaje incorrecto a quienes son investigados por delitos de todo tipo, incluidos los relacionados con corrupción o en contra de la eficiencia contra el Estado.

El 11 de septiembre pasado, Glas solicitó al juez Rivera que antes de convocar a audiencia de formulación de cargos se requiera a la nueva Asamblea Nacional, una vez posesionada, su pronunciamiento respecto a si autoriza o no el procesamiento penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120, numeral diez, de la Constitución de la República vigente.

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Rivera resaltó que en al menos cuatro casos penales relacionados con los expresidentes Mahuad, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas los jueces penales de la Corte Nacional solicitaron al Legislativo la correspondiente autorización. Incluso, recordó el magistrado nacional, que fue el entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno quien solicitó que se cumpla con ese “requisito de procedibilidad”.

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“Retomando el rol primigenio que asiste a este juzgador como juez de garantías penales, por tanto el llamado a precautelar los derechos y garantías de los involucrados en la sustanciación de un proceso penal, (...) Tomando en consideración los antecedentes expuestos y casos anteriores en los que ya este máximo órgano jurisdiccional ha optado por solicitar a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal al presidente o vicepresidente de la República, (...) Este juzgador dispone que, por medio de secretaría de esta Sala Penal, se remita atento oficio a la Asamberla Nacional para que, dentro de un plazo razonable, se actúe acorde a una de sus atribuciones (...) indicando respecto al enjuiciamiento penal del ciudadano Jorge David Glas Espinel”, anotó en su resolución rivera.

En el caso por peculado la Fiscalía ha explicado que el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

Quito 29 de noviembre 2023. Andrés Villegas fue el abogado de Jorge Glas que paerticipó en la diligencia dentro del caso reconstrucción de Manabí. API / DANIEL MOLINEROS Foto: API

Según Diana Salazar, en 2019 la Contraloría General del Estado determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, obra a la que se destinaron fondos provenientes de la Ley de Solidaridad.

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La fiscal Salazar luego de conocida la decisión de Luis Rivera expresó en su cuenta personal de la red X: “Cada día es más evidente que buscan el juicio político porque a mí no me pueden controlar para tener impunidad, como sí lo hacen con ciertos jueces que dilatan los procesos, sin que les importe el daño que causan a las arcas del Estado, es decir, al pueblo”.

Jorge Glas es investigado por el delito de peculado ocurrido durante sus funciones entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2018. La figura de peculado está establecida en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El juez Rivera, al final de una lectura de resolución de 20 minutos, dispuso que de forma inmediata se haga la solicitud formal a la Asamblea Nacional para que esta tramite lo solicitado y responda lo que en derecho corresponda. (I)