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Jorge Glas enfrentará desde la Embajada de México, en Quito, la audiencia de apelación a la prisión preventiva ordenada en caso Reconstrucción de Manabí

Para la Fiscalía, los hechos imputados a Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz radican en el abuso de recursos entregados para enfrentar el terremoto de 2016.

Quito 6 de septiembre 2023. La fiscal general, Diana Salazar, es quien mantiene la acusación por el delito de peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros, en el caso Reconstrucción de Manabí. API / DANIEL MOLINEROS Foto: API

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A casi un mes y medio de que el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, recibieron orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga el delito de peculado, ambos apelan la medida cautelar y tendrán una audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el próximo 21 de febrero a las 11:30.

Glas manejará el recurso de apelación estando en la Embajada de México, en Quito, como huésped de un país al que le ha solicitado asilo político. Bernal, en cambio, enfrentará la diligencia desde Miami, Estados Unidos, lugar en el que vive junto con su familia. Justamente esas situaciones impidieron, dijo el juzgador, que se les pueda definir medidas cautelares, como la presentación periódica, el uso de grillete electrónico, arresto domiciliario o la presentación periódica en la audiencia de formulación de cargos dada el 5 de enero pasado.

En este caso Glas es investigado por sus intervenciones como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Bernal, al haber sido secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, quien cumplió funciones de gerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. A este último se le impusieron las medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica una vez por semana.

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El exvicepresidente Jorge Glas vuelve a recibir una orden de prisión preventiva por supuesto acto de corrupción cometido en la reconstrucción de Manabí

Según la fiscal general, Diana Salazar, los hechos imputados a los tres exfuncionarios públicos del gobierno de Rafael Correa radican en el abuso del dinero que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

En este caso se analizan supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos, entre ellos, el vial Manta-Colisa o la construcción del parque Las Vegas. La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.

Salazar expuso 85 elementos de convicción para sustentar la teoría del caso. Dijo que la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos, existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a empresas relacionadas con familiares de, por ejemplo, dijo Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal.

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Presentó versiones e informes en los que se refería que se definió la reconstrucción de obras que tenían incluso reportes que señalaban que no sufrieron daños durante el evento natural.

Gobierno de México aún no decide si otorgará asilo al exvicepresidente Jorge Glas

Contra Glas y Bernal se dispuso que además de la prisión preventiva se activen todos los protocolos de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para ubicarlos y detenerlos.

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Hasta el 2 de febrero pasado el caso Reconstrucción de Manabí estuvo en manos del juez nacional Luis Rivera. Desde esa fecha y luego que se le notificara con la cesación de funciones por el cumplimiento del periodo de tres años para el que fue designado, el despacho de Rivera lo ocupó la conjueza encargada Rita Bravo, quien integró la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil y ahora también será parte de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional.

A más de la orden de prisión preventiva del caso Reconstrucción de Manabí, Jorge Glas mantiene una orden de detención por incumplir la presentación periódica que se le dispuso al otorgarle las medidas cautelares autónomas que le permitieron, desde noviembre de 2022 hasta el 17 de diciembre de 2023 que ingresó a la Embajada de México, en Quito, mantenerse fuera de la cárcel bajo una “libertad provisional”. (I)

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