El proceso para conformar la comisión ciudadana que elegirá al titular de la Fiscalía General del Estado marcha con tropiezos y con postulantes que —preliminarmente— no cumplen los requisitos para participar, complicando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
De los 69 inscritos, interesados en ser comisionados, apenas once cumplirían con la documentación que exige el reglamento de selección, frente a 58 candidatos restantes que no cumplieron con la entrega de certificados.
Desde hace 22 días, un equipo técnico —conformado por siete asesores y funcionarios de confianza de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana— verifica que 69 personas que se postularon cumplan los requisitos legales para integrar la comisión ciudadana de selección.
Publicidad
Esta comisión se integra con diez personas: cinco que se elegirán en representación de la ciudadanía y cinco delegados de las funciones del Estado, que asumirán la organización del concurso de méritos, oposición e impugnación para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General, en reemplazo de Wilson Toainga (e).
El reglamento que guía este procedimiento da un término de diez días (al concluir la etapa de postulación, que fue el 31 de julio) para analizar las carpetas de los inscritos.
Sin embargo, 17 días más tarde, no está listo el informe.
Publicidad
Este martes, 26 de agosto del 2025, el equipo técnico resolvió pedir a los consejeros que extiendan el plazo para la entrega de su informe de actividades, ya que no lograron subsanar la falta de documentos que no entregaron decenas de concursantes.
La decisión se tomó con cinco votos a favor y dos en contra de los delegados de los consejeros Nicole Bonifaz y Gonzalo Albán.
Publicidad
Se justificó que la medida cumple el requisito de eficiencia para no descalificar concursantes por cuestiones de forma y para evitar que los posibles candidatos a ser comisionados sean inadmitidos y vuelva la selección a cero.
De manera preliminar se conoce que, de los 69 inscritos, apenas once cumplirían con la documentación que exige el reglamento de selección.
Ese número contrarresta con los 58 candidatos restantes que no cumplieron con la entrega de certificados que emiten el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio del Trabajo, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
También, certificados de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el Servicio Nacional de Contratación Pública y del Consejo de la Judicatura, como no adeudar pensiones alimenticias.
Publicidad
El 20 de agosto anterior, el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, dirigió oficios a las instituciones mencionadas, a las que otorgó el término de tres días para que remitan los certificados de los concursantes, sin éxito.
Antes de integrar la comisión ciudadana, el CPCCS requiere contar con un banco de elegibles de 30 personas: quince mujeres y quince hombres, que hayan obtenido las más altas calificaciones en sus méritos, sobre 50 puntos.
De esos 30 se determinará por sorteo público a los cinco principales y sus suplentes y el orden de paridad.
Preocupación de la veeduría ciudadana
Esta posible ampliación del plazo para ‘subsanar’ los documentos faltantes indignó a representantes de la veeduría ciudadana que observan el desarrollo del concurso.
Las sesiones del equipo técnico se hacen a puerta cerrada y se transmiten en una plataforma digital sin audio.
A los veedores se les permite ingresar a las reuniones, pero tienen prohibido llevar sus dispositivos digitales, lo que incluye teléfonos celulares, para que no hagan fotografías o grabaciones de los expedientes.
El coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, lamentó las restricciones que se les impone para ejercer su actividad e incluso la pretensión inicial de no permitirles vigilar la transparencia en esta fase de admisibilidad.
“Cuando hagamos nuestro informe final expondremos lo que hemos visto en este proceso, porque todo es por ahora información restringida”, contó Arteaga.
En una ocasión se habilitó a una persona cuyo título universitario es de ingeniero comercial, pese a que el reglamento establece que tengan conocimientos sobre la autoridad que se va a designar. Es decir, en derecho penal, procesal, constitucional y demás. (I)
