Si en audiencia se decide aceptar el procedimiento abreviado al que decidió acogerse Esteban Celi, hermano del excontralor subrogante Pablo Celi y uno de los quince procesados por el delito de delincuencia organizada, él podría tener acceso a una rebaja de pena de hasta un tercio de la sentencia mínima prevista para la figura penal que se investiga en el caso Las Torres.

Ya han pasado más de siete días desde que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, que defina una fecha para resolver en audiencia el procedimiento abreviado solicitado por la Fiscalía contra quien es acusado de ser el beneficiario final de transferencias de dinero entregado por la empresa Nolimit C. A., prestadora de servicios de Petroecuador, como parte de un sistema de sobornos para el desvanecimiento de glosas en la Contraloría General y la facilitación del pago de planillas en la estatal petrolera.

La pena mínima por delincuencia organizada que sería tomada en cuenta para la propuesta de rebaja deberá partir de la participación que la Fiscalía defina que tuvo Esteban Celi en la “estructura delictiva”. Si se le declara culpable como autor directo, las penas van desde siete a diez años, mientras que si se le clasifica como colaborador las penas van de cinco a siete años, según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Para que se haga efectivo este procedimiento especial, uno de los cinco existentes en el COIP, en su artículo 635, Esteban Celi deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. Es decir, debería aceptar la acusación fiscal de que gestionaba el desvanecimiento de glosas en la Contraloría aprovechándose de las influencias de su hermano Pablo Celi y a cambio solicitaba la entrega de dádivas.

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Si se acepta el procedimiento abreviado, el juez Córdova deberá escuchar a la fiscal Salazar y consultará de manera obligatoria a Esteban Celi sobre su conformidad con el procedimiento planteado en forma libre y voluntaria, explicando de forma clara los términos y consecuencias del acuerdo que este podría significarle.

Celi en un escrito enviado a la Fiscalía, el 13 de julio último, manifestó su intención libre y voluntariamente de acogerse al procedimiento abreviado propuesto por la fiscal general. “Debo indicar que entiendo en qué consiste el mismo y las consecuencias que conlleva, pues así me lo ha explicado suficientemente y en detalle mi abogado defensor”, apuntó.

Pero también existe la posibilidad de que si el juez Felipe Córdova considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en el COIP, que vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario, es decir, deberá ir a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, a audiencia de juzgamiento, (...).

En la segunda quincena de agosto se cerraría la etapa de instrucción fiscal, la cual se dispuso sea de 120 días, pese a que se dieron dos audiencias de vinculación. Esteban Celi al igual que su hermano Pablo permanecen ingresados en la Cárcel 4, en el norte de Quito, cumpliendo una orden de prisión preventiva.

En este caso también se procesa al exgerente de Petroecuador Pablo Flores, su padre y su madre: Marco Flores y Elsie Cueva; y Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, quien falleció en la cárcel estando procesado en esta causa. Martha Barrezueta, esposa de Roberto Barrera, empresario sentenciado en 2019 en Estados Unidos por ser parte de una red de corrupción en Petroecuador, y Mauricio Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador, fueron los últimos en ser vinculados al proceso penal.

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El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, reconoce que aunque el procedimiento abreviado es legal, el mismo está beneficiando más al procesado, pues lo está usando como mecanismo para pasar menos tiempo en la cárcel, pese a que cometió un delito, que a la justicia. Él cree que además de aceptar el cometimiento de los hechos, como requisito la justicia debería exigir, mucho más en temas relacionados con corrupción y afectación a los recursos públicos del Estado, que el involucrado devele los contextos, los entornos, los cómplices de cualquier caso.

“Así como está todo sería una formalidad, es decir, acepto los hechos, me dan menos tiempo de cárcel y quedo libre. Lo importante sería que se diga: acepto los hechos, lo cometí por pedido de tales personas, en complicidad con tales elementos. Se trata de tener una versión mucho más amplia, porque de lo contrario se trataría de una formalidad”, señaló Rodas, quien cree que se debería pensar en reformas a este tipo de procedimientos especiales. (I)