‘El sistema y oscuros intereses quieren torcer las reglas’: Amanda Villavicencio señala que en el caso Magnicidio FV existen ‘irregularidades’

Que los integrantes del Tribunal de Apelación de la Corte de Pichincha, quienes iban a resolver la apelación de Fiscalía contra la presentación periódica definida para dos de los cuatro procesados en el caso Magnicidio FV: José Serrano y Xavier Jordán, se hayan inhibido de seguir en la causa, luego de definir una fecha para la audiencia, y pasen el conocimiento del recurso a un Tribunal de la Unidad Anticorrupción, genera preocupación en las hijas de Fernando Villavicencio, víctimas en la causa, y rechazo en la Fiscalía.

Un día después de que los jueces provinciales José Miguel Jiménez, reemplazante en la ponencia de Patricio Vaca, Patlova Guerra y Wilson Lema definieron que el próximo 21 de octubre conocerían en audiencia la apelación planteada por la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, contra las medidas de prestación periódica dispuestas para Serrano y Jordán, el Tribunal, el 17 de octubre pasado, decidió inhibirse de conocer la causa.

En el caso Magnicidio FV se abrió una instrucción fiscal, desde el 3 de septiembre pasado, para procesar en calidad de autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio al exministro de Rafael Correa, José Serrano; a los llamados a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga; y al condenado por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo.

“El conocimiento de la presente causa corresponde a un Tribunal Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, conforme el principio de especialidad y conexidad, que de acuerdo al artículo 406 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se refieren al cometimiento de infracciones conexas. En el presente caso, los delitos de asesinato y delincuencia organizada guardan estrecha conexidad, el primero constituye el resultado material de las actividades de la organización criminal; y, el segundo, el marco estructural que posibilitó su ejecución”, señala el Tribunal en su argumentación para inhibirse y que pase el caso a un nuevo sorteo.

De la inhibición se notificó en el expediente a las 13:11 del 17 de octubre pasado y para las 15:10 de ese mismo día se notificaba el resultado de un nuevo sorteo en la Unidad Anticorrupción, en el que quedaban a cargo del caso los jueces Wiler Fabricio Chóez (ponente), Silvana Velasco y Byron Uzcátegui.

Inmediatamente la defensa de Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado el 9 de agosto de 2023, solicitaron al Tribunal Anticorrupción presidido por Chóez que declare la falta de competencia material de esa Sala Especializada para conocer el presente proceso, al no encontrarse el delito de asesinato dentro del catálogo legal de infracciones atribuibles a las judicaturas de corrupción y crimen organizado; y se disponga la inmediata remisión del expediente a la Sala Penal ordinaria de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, “órgano natural y competente conforme a la ley”.

Al día siguiente, es decir, el 18 de octubre, la Fiscalía ingresó un escrito en la misma línea de las víctimas: rechazando la inhibición y, por no ser competentes para conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos, solicita se remita todo lo actuado en la presente causa a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la cual “avocó conocimiento de la presente causa conforme la respectiva acta de sorteo”.

Esos movimientos de última hora y sin fundamento causan preocupación a las víctimas en esta causa. “Dos años esperando verdad y responsabilidad. Dos años resistiendo entre atropellos, silencio e impunidad y hoy, cuando el país espera justicia, vemos cómo el sistema y oscuros intereses quieren torcer las reglas. Y es que en la investigación de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio ha habido una serie de irregularidades”, señaló Amanda Villavicencio.

A la hija mayor del periodista de 59 años asesinado afuera de un coliseo en el norte de Quito, luego de terminar una concentración de campaña, le llaman mucho la atención situaciones como la sucedida con Daniela Ayala, jueza que fue separada del caso Villavicencio por decisión del Consejo de la Judicatura (CJ), como el que un juez haya pedido permiso justo en el tiempo que iba a darse la audiencia de apelación y en otro momento que un juez asuma la causa, defina fecha para la audiencia y finalmente termine inhibiéndose y enviando el caso a jueces anticorrupción.

Amanda Villavicencio recuerda no solo que este no es un caso de corrupción, es un asesinato, un magnicidio que no está dentro del catálogo de delitos que conoce la justicia anticorrupción, sino que la Corte Constitucional (CC) ya se pronunció sobre esto en una sentencia y el pleno del CJ también emitió resolución.

“Ningún juez puede enviar un proceso penal común a unidades anticorrupción. Hacerlo es ilegal, estarían realizando a todas luces un error inexcusable y es causal de destitución. Pero ¿por qué hacerlo? La Judicatura puede actuar de oficio, ¿por qué no lo hace? ¿Qué buscan? Buscan la nulidad. Que un juez anticorrupción, de esos que todos sabemos cómo operan, tome el caso, lo contamine, lo alargue y todo vuelva a cero. O buscan tiempo, que el expediente suba a la Corte Nacional por un supuesto conflicto de competencias, aunque ya exista sentencia constitucional que resolvió ese dilema. Tiempo, eso es lo que buscan. Tiempo para borrar rastros, para desgastar la verdad, para cansar a un país que exige justicia”, anotó.

Este 20 de octubre, tanto la Fiscalía como la defensa de Tamia y Amanda Villavicencio han ingresado escritos insistiendo en que se revoque la inhibición, se declaren incompetentes los jueces anticorrupción y que al existir recursos pendientes por resolver se remita el expediente a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Hasta el cierre de esta publicación no se han emitido providencias dejando sin efecto la convocatoria a audiencia de apelación para este martes 21 de octubre, a las 10:00; tampoco el Tribunal Anticorrupción se ha pronunciado señalando un día para la diligencia de apelación o inhibiéndose de conocer el caso. Lo que sí se conoció es que la Fiscalía más allá de apelar las medidas que existen contra Serrano y Jordán, insiste en que se defina una fecha para una audiencia de revisión de medidas contra los mismos procesados. (I)