El 86 % de los casos abiertos por la Fiscalía durante el paro en Ecuador se encuentra en investigación previa

El paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en 31 días de protestas, en quince provincias del Ecuador, dejó un total de 140 causas abiertas por Fiscalía para finalizar hechos que configurarían un delito, de las cuales el 86,4 % (121) permanece en etapa reservada de investigación previa.

Noticias relacionadas

China dona $ 28 millones a Ecuador que se destinarán a zonas de Imbabura y Pichincha, afectadas por el paro

hace 2 días

Un asambleísta alterno de la RC, entre las cinco personas a quienes se pretende vincular en el caso de los detenidos en Otavalo durante el paro

Daniel Noboa sobre el paro: ‘Siempre hubo diálogo, pero no fue centralizado, los líderes se quedaron sin piso’

Fiscalía pide audiencia para reformular cargos y vincular a cinco personas a caso de detenidos en el paro en Otavalo

Pacha Terán sobre cese del paro: ‘Si tengo que hablar con Daniel Noboa, está en la obligación de escucharme, debe escuchar a sus mandantes’

Las jornadas de protesta en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, arrancaron la madrugada del 22 de septiembre pasado y concluyeron la mañana del 22 de octubre, una vez el titular de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el cese del paro y el repliegue de las comunidades indígenas a sus territorios.

Durante ese lapso, la Fiscalía, de oficio por denuncias, abrió 140 causas penales por hechos que podrían configurar delitos, como paralización de un servicio público (80), daño a bien ajeno (11), extralimitación en la ejecución de un acto de servicio (10), secuestro (8), terrorismo (7), robo (4), por incitación a discordia entre ciudadanos e instigación (3 cada uno); asociación ilícita, ataque o resistencia, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y paralización de un servicio de distribucipon de combustibles (2 casos cada delito).

Con una causa abierta constan las figuras penales de alteración de evidencias y elementos de prueba, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, hurto de bienes de uso policial o militar, lesiones, muerte culposa y receptación.

De estas 140 causas, cifras de la Fiscalía revelan que 121 casos se encuentran en etapa de investigación previa; solo en ocho se han formulado cargos y han pasado a instrucción fiscal; en seis casos se ha ratificado el estado de inocencia de las personas procesadas; en dos casos se han dado sobreseimientos; en otros dos, un dictamen abstentivo; y en uno solo se definió la extinción del ejercicio de la acción penal, una vez se cumplieron de manera íntegra los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal.

Uno de esos casos que se encuentran en la etapa de investigación previa es el relacionado con quienes fueron detenidos luego del ataque violento ocurrido en el cantón El Tambo, en la provincia de Cañar, el último 7 de octubre, contra la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa.

En esa causa, una jueza del cantón Azogues, Érika Álvarez, el 8 de octubre pasado, resolvió que fue ilegal la aprehensión de María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G., ordenando su inmediata libertad. La decisión de la jueza no analizó en ningún momento cuestiones de fondo respecto a las acciones violentas que sufrió la caravana presidencial.

Más allá de lo decidido por la jueza Álvarez, la fiscal que lleva el caso, Martha Villamarín Paredes, aseguró que la investigación previa abierta sobre los hechos continuará. La Fiscalía pretendía formular cargos contra los cinco sospechosos por delito de ataque o resistencia en concurso real de infracciones con el delito de daño a bien ajeno.

“La Fiscalía deja sentado en esta audiencia lo acontecido y la dirección hecha por usted. Dejo sentado que esta decisión suya ha impedido activar el órgano jurisdiccional; sin embargo, la Fiscalía continuará con una investigación previa para que este caso no quede en la impunidad”, indicó la fiscal Villamarín.

El ataque a la caravana ocurrió en la mañana del 7 de octubre último en el cantón El Tambo (Cañar), adonde estaba previsto que llegara Noboa para entregar obras de alcantarillado. La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, acudió la tarde de ese mismo martes a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para denunciar una “tentativa de asesinato” contra el presidente Daniel Noboa. Paralelamente, por los mismos hechos, también se habría colocado una denuncia por el delito de terrorismo.

Según el parte policial, al menos siete vehículos que integraban la caravana presidencial habrían resultado con daños que incluyeron parabrisas y ventanas rotas, hundimiento de parantes, guardafangos y puertas, parantes, guardafangos, puertas y capós.

En cambio, dentro de los casos en los que existe de por medio una instrucción fiscal está el relacionado con los trece detenidos por supuestamente haber sido parte del violento ataque a las instalaciones del Comando Policial de Otavalo (Imbabura), en lo que fue el primer día del paro convocado por la Conaie. Inicialmente fueron acusados por la Fiscalía de terrorismo, pero hace poco, al variar los elementos de convicción recabados, el fiscal de la causa ha solicitado una audiencia para reformular cargos y vincular a cinco personas más a la instrucción fiscal.

Datos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional señalan que, de un total de 142 personas aprehendidas en el mes que duró el paro, 78 de ellas quedaron con procesos penales en trámite, 62 fueron dejadas en libertad y 2 extranjeros fueron deportados. A la mayoría de los procesados se les aplicó medidas alternativas a la prisión preventiva.

Las acciones de protestas se centraron en cantones de las provincias de Imbabura y Pichincha, por lo que estas registraron en Fiscalía 57 y 32 causas abiertas respectivamente. Pese a que en esta jurisdicción se centró la mayor cantidad de hechos ilícitos, la Fiscalía señala que también se abrieron investigaciones en otras provincias, como Carchi (11), Loja (10), Azuay (7), Chimborazo (4), Sucumbíos (4), Cañar (4), Cotopaxi (3), Bolívar (2), Zamora Chinchipe (2), Tungurahua (1), Santo Domingo de los Tsáchilas (1), Los Ríos (1) y Orellana (1).

En la Fiscalía se han abierto investigaciones previas ante la muerte de José Guamán y Efraín Fuerez, en Imbabura, y Rosa Elena Paqui, en la provincia de Loja. Respecto a los dos primeros se analiza un fallecimiento por impacto de armas de fuego, mientras que sobre el fallecimiento de Paqui, mujer de 61 años de edad parte del Pueblo Kichwa de Saraguro, se investiga un paro cardiaco aparentemente provocado por la inhalación de gases lacrimógenos.

En estos tres hechos se estaría investigando de forma previa el delito de extralimitación de la ejecución de un acto de servicio y las indagaciones estarían en manos de la Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza. (I)