Dentro de ocho días se reinstalaría la audiencia de apelación a la medida de prisión preventiva que solicitaron doce personas sospechosas de incurrir en el delito de terrorismo, por la quema del cuartel de la Policía Nacional en Otavalo (Imbabura), en medio del llamado a un paro nacional.
El Tribunal de la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió este 17 de octubre de 2025 suspender la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que solicitaron once otavaleños y un extranjero.
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El Tribunal de apelación, integrado por los jueces Esteban Coronel, Mabel Tapia y Fernando Sánchez (ponente), después de escuchar los alegatos de las partes procesales resolvió dar paso a un ‘diálogo intercultural’, considerando que once de los sospechosos son indígenas de Otavalo.
El abogado y docente universitario Aquiles Hervas fue designado para evaluar si este proceso contó con la pericia antropológica y, a su criterio, no se cumplía el requisito para efectuar un diálogo intercultural.
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Por ello, el Tribunal dispuso al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que traslade a los procesados a Quito para que participen de la audiencia.
Así también ordenó hacer una pericia cultural, para lo cual deben sortearse los peritos, quienes tendrán ocho días para elaborar su informe.
También, el Ministerio de Salud Pública tiene un plazo de ocho días para aplicar una pericia a Luis C. B., quien tendría autismo, y Berni A. A., otro detenido, quien reportaría 40 % de discapacidad mental.
En la diligencia que se extendió por casi siete horas en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Fiscalía General del Estado sostuvo su teoría de que estas doce personas detenidas en Otavalo habrían incurrido en el delito de terrorismo y deben cumplir prisión preventiva.
Los acusados participaron de forma virtual, desde los centros carcelarios a los que fueron trasladados, en esta causa que surgió por un enfrentamiento con la Policía Nacional que se produjo el 22 de septiembre, primer día del paro al que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
De los doce sospechosos, once son parte de comunidades indígenas quichua de Imbabura y uno es de nacionalidad venezolana.
Este último trabajaba como operador de juegos mecánicos, ubicado al frente del cuartel, y se lo había detenido en medio de las manifestaciones, contó al Tribunal su defensa técnica.
El fiscal Galiano Balcázar defendió la decisión de una jueza de primera instancia que dictó prisión preventiva para los sospechosos y pidió al Tribunal que deseche el recurso de apelación y ratifique la resolución de prisión preventiva.
“Existe una motivación amplia y suficiente, se respetó el debido proceso y la obligación de hacer un diálogo intercultural”, precisó Balcázar.
El agente detalló que la formulación de cargos por la presunción del delito de terrorismo se hizo con base en 25 pericias que se recabaron en el lugar donde ocurrió el hecho y los daños materiales ascienden a $ 125.000.
Añadió que los elementos recabados se basan, dijo, en los partes policiales y la versión libre y voluntaria de los policías que estuvieron en el lugar.
La defensa de la Policía Nacional, que actúa como acusador particular, también pidió que se mantenga la medida gravosa de prisión preventiva.
Los abogados defensores de los accionados argumentaron que sus clientes fueron detenidos sin que se hayan cumplido determinados elementos, como la individualización de la detención y ser informados del delito por el que estaban siendo aprehendidos.
No se les habría permitido acceder a un abogado de forma inmediata, y, entre otros aspectos, los trasladaron a centros de privación de libertad que no correspondían a su lugar de residencia.
Se refirió la situación de Berny A. A., que de acuerdo con información del Ministerio de Salud registra el 40 % de discapacidad mental y que aun así se le dictó prisión preventiva.
Al respecto, el fiscal Balcázar aseguró que al momento de la audiencia de formulación de cargos no se conocía de ese hecho.
Por ahora, los once otavaleños seguirán detenidos en la cárcel de Imbabura, a la que fueron trasladados este 16 de octubre. (I)