La Unión Nacional de Educadores (UNE) se suma a la inconformidad de la designación hecha por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) de Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general del Estado subrogante, ante la ausencia temporal de Wilson Toainga, actual fiscal general encargado, y presentó en la Corte Constitucional (CC), la mañana de este jueves, 16 de octubre, una demanda de inconstitucionalidad.
Según Andrés Quispe, presidente nacional de la UNE, la demanda presenta porque el pleno del CJ al designar a Alarcón para el cargo de fiscal general subrogante violó lo que dice la propia Constitución, respecto a que la institución que debe designar a un fiscal general del estado ecuatoriano es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y no ningún otro organismo.
“Se está violentando la Constitución, la división y la función de poderes, y también la seguridad jurídica como tal”, explicó Quishpe, quien asistió a la sede principal de la CC, al norte de Quito, acompañado del abogado Andrés Urresta.
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El pleno del CJ, el 3 de octubre pasado, leyó el oficio suscrito por el fiscal Wilson Toainga, el cual estaba dirigido al presidente de la Judicatura, Mario Godoy. En el escrito informaba Toainga que desde el 5 al 10 de octubre viajaría a Río de Janeiro, Brasil, para participar en la Conferencia Birregional y se solicitaba que se convoque al pleno del organismo para que se designe a un fiscal que asuma sus funciones, mientras dure su ausencia temporal.
Luego del análisis correspondiente, por unanimidad, es decir, con cinco votos a favor de quienes integran el pleno del CJ, se designó al fiscal Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general del Estado subrogante ante la ausencia temporal por el viaje a Brasil del fiscal general encargado.
La designación de Alarcón Argudo se dio con el voto de los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara y el presidente Mario Godoy. En el proceso se analizó el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y las direcciones de Talento Humano, Asesoría Jurídica y General del CJ emitieron informes en los que se concluye que es facultad del organismo de administración de justicia designar a un fiscal que reemplace, temporalmente, al actual fiscal general encargado.
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Una vez se cumplió el permiso concedido al fiscal general encargado Wison Toainga para que asista a Brasil, desde el 10 de octubre pasado, él nuevamente asumió sus responsabilidades, quedando concluido el encargo hecho al fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Carlos Alarcón. Desde mayo pasado, tras la renuncia de Diana Salazar al cargo de fiscal general titular, Wilson Toainga quedó como líder de la Fiscalía General del Estado, aunque ese cargo lo venía desempeñando desde hace un tiempo atrás en 2024, desde que Salazar solicitó permiso por su embarazo y período de maternidad.
A decir de Andrés Quishpe, un aspecto también preocupante, sumado a la violacion de la normativa para designar a Carlos Alarcón como fiscal general subrogante, sería que en el corto tiempo que estuvo en el cargo, el fiscal Alarcón no solo que habría ejecutado una política de persecución y de criminalización a las organizaciones sociales y populares, sino que también habría ‘cuidado las espaldas’ al presidente Daniel Noboa y a su familia frente a denuncias que les han hecho.
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A lo que se refiere Quishpe es que en losdíasque se mantuvo como fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, a quien el dirigente lo califica como el fiscal de Carondelet", se han abierto varios procesos a dirigentes y organizaciones sociales del movimiento indígena, del Frente Unitario de Trabajadores, de la UNE, se han congelado cuentas, entre otras.
También denunció que a todos a quienes se les ha abierto investigaciones por terrorismo, por supuesta paralización de servicios públicos, delincuencia organizada, entre otros, no se les habría permitido revisar el expediente, bajo la razón de seguridad interna. “El señor Alarcón actuó como fiscal general subrogante y en los pocos días actuó como un fiscal de bolsillo de poder del turno. Es decir, el gobierno de Daniel Noboa quiere tomarse la Fiscalía para avanzar en los procesos de criminalización de la lucha social”, dijo.
Por otra parte, según Quishpe, Carlos Alarcón habría solicitado el archivo de la denuncia colocada por Yaku Pérez, excandidato a la presidencia de la República, contra el presidente Daniel Noboa y su Levina Valbonesi, ante supuestos conflictos de interés respecto a temas de turismo y minería.
La demanda de inconstitucionalidad presentada por el titular de la UNE se suma a la planteada en la CC por 22 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Cinco días después de que designó a Carlos Alarcón como fiscal general del Estado subrogante, los asambleístas del correísmo presentaron una acción de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales.
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El recurso ingresó el 8 de octubre pasado y, luego del sorteo de ley, el conocimiento de la causa recayó en el despacho del juez constitucional José Luis Terán. En lo medular, en el documento de 20 páginas, se reclama que lo decidido por el pleno del CJ se transforma en una “violación grave al principio de legalidad, la autonomía institucional de la Fiscalía y la seguridad jurídica”, debido a que la Judidatura es una instancia sin la competencia para realizar la designación. (I)
